Un nuevo informe regional advirtió que millones de niñas, niños y adolescentes continuaron expuestos a múltiples formas de violencia desde edades tempranas, y alertó sobre la necesidad de políticas públicas integrales y sostenidas.
Por Florencia Belén Mogno
La violencia contra niñas, niños y adolescentes se mantuvo como una de las problemáticas más graves y persistentes en América Latina y el Caribe. Lejos de tratarse de hechos aislados, las distintas expresiones de violencia formaron parte de un entramado estructural vinculado a desigualdades sociales, contextos de exclusión y fallas históricas en los sistemas de protección.
Las consecuencias de estas violencias se manifestaron de manera temprana y progresiva, afectando vidas desde la infancia. La exposición continua a entornos inseguros impactó en la integridad física, como así también en la salud mental, el rendimiento escolar y las posibilidades de desarrollo pleno de millones de niñas, niños y adolescentes en la región.
En ese escenario, los organismos internacionales señalaron que la persistencia de la violencia constituyó un obstáculo central para garantizar derechos básicos. La falta de entornos protectores en el hogar, la escuela y la comunidad reforzó ciclos de vulnerabilidad que tendieron a reproducirse a lo largo del tiempo.
En ese contexto y según el material al que accedió Diario NCO, un informe conjunto de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y UNICEF advirtió sobre la magnitud del problema en América Latina y el Caribe.
Datos alarmantes y patrones de desigualdad
En el documento Violencia contra niños, niñas y adolescentes en Latinoamérica y el Caribe: Nuevos datos y soluciones, las organizaciones alertaron que la violencia aun en la actualidad constituye una amenaza grave para la vida, la salud y el bienestar de millones de personas jóvenes.
De acuerdo con los datos presentados, entre 2015 y 2022 un total de 53.318 niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de homicidio en la región. El informe advirtió que esta fue la consecuencia más extrema de un fenómeno mucho más amplio, atravesado por múltiples formas de violencia cotidiana.
A su vez, el análisis mostró diferencias significativas por sexo en el grupo de adolescentes de 15 a 17 años. Entre 2021 y 2022, la tasa de homicidios entre varones descendió de 17,63 a 10,68 muertes cada 100 mil habitantes, aunque se mantuvo en niveles elevados. En el mismo período, la tasa entre adolescentes mujeres se duplicó, al pasar de 2,13 a 5,1 muertes por cada 100 mil.
Violencias múltiples desde edades tempranas
Por otra parte, el informe contextualizó estos homicidios en un escenario de aumento de la violencia armada en determinadas zonas de la región, asociada al crimen organizado, el acceso a armas de fuego, las desigualdades sociales y la persistencia de normas de género nocivas. Estos factores expusieron de manera creciente a niñas, niños y adolescentes a situaciones de violencia letal.
Más allá de los casos extremos, el documento subrayó que las distintas formas de violencia se encontraron profundamente interconectadas y tendieron a intensificarse con el tiempo. En América Latina y el Caribe, seis de cada diez niños y niñas de hasta 14 años fueron objeto de algún tipo de disciplina violenta en el hogar.
Asimismo, una de cada cuatro adolescentes de entre 13 y 17 años experimentó acoso escolar, mientras que casi una de cada cinco mujeres reportó haber sufrido violencia sexual antes de los 18 años.
En este punto, el estudio también advirtió sobre la expansión de la violencia en entornos digitales, aunque señaló que los datos disponibles aún resultaron limitados para dimensionar plenamente el fenómeno.
Prevención, políticas públicas y consensos regionales
En contraposición, además de describir la magnitud del problema, el informe señaló y destacó soluciones basadas en evidencia que permitan prevenir la violencia y reducir sus costos sociales.
Entre ellas, el relevamiento subrayó la necesidad de fortalecer los sistemas de protección integral, mejorar la articulación intersectorial y garantizar respuestas oportunas para las víctimas.
Finalmente, la OPS y UNICEF instaron a los gobiernos de la región a fortalecer y hacer cumplir las leyes de protección de la infancia, garantizar el control efectivo de las armas de fuego, capacitar a personal de salud, educación y fuerzas de seguridad, y apoyar a madres, padres y cuidadores en prácticas de crianza basadas en el respeto.
Fuente fotografías: UNICEF.
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