Un informe federal identificó las principales demandas de este grupo etario y propuso mecanismos de participación, políticas públicas intersectoriales y mayor reconocimiento a quienes cuidan.
Por Florencia Belén Mogno
En un país que atraviesa por una situación de crisis generalizada, la vejez todavía constituye una de las etapas más invisibilizadas en la agenda pública. A menudo, las personas mayores son reducidas a estadísticas o a un sector pasivo, sin que se reconozcan plenamente sus saberes, aportes y demandas específicas.
Sin embargo, las transformaciones demográficas que atraviesa la Argentina hacen que resulte imprescindible discutir sobre la manera como garantizar los derechos de los y las adultos mayores.
En este escenario, la salud, la vivienda y los cuidados emergen como dimensiones críticas que impactan directamente en la calidad de vida de este grupo poblacional. La falta de acceso equitativo a servicios de salud, los problemas habitacionales y la sobrecarga de quienes cuidan son algunos de los desafíos que hoy concentran las mayores preocupaciones.
A esto también se suma la necesidad de generar y propiciar espacios de participación reales, en los que las voces de las personas mayores sean escuchadas y consideradas en la toma de decisiones.
En ese sentido y de acuerdo con la información a la que tuvo la oportunidad de acceder Diario NCO, la Asociación Civil Surcos elaboró y presentó un informe en el marco del ciclo “Prioridades Compartidas”, respecto de la importancia de un abordaje integral de la garantía de los derechos de los adultos mayores.
Precisiones de la investigación
Según el material facilitado a este medio, el estudio, que contó con el apoyo de HelpAge, reunió a más de 260 personas mayores, cuidadores, representantes de 30 organizaciones sociales y funcionarios públicos de distintas provincias para delinear propuestas que sirvan como insumo para el diseño de políticas de envejecimiento.
El proceso incluyó cuatro encuentros federales, entrevistas en profundidad y una encuesta nacional que permitió sistematizar demandas y consensuar prioridades. Los resultados mostraron que el acceso a la salud, la vivienda digna y las redes de cuidado son las tres áreas más urgentes para garantizar derechos.
Asimismo, el informe recomendó institucionalizar mecanismos permanentes de participación ciudadana, visibilizar el rol social de quienes cuidan y diseñar políticas intersectoriales con enfoque de derechos.
Especificaciones de los resultados
En sintonía con lo planteado anteriormente, el documento destacó que las personas mayores no son solo destinatarias de asistencia, sino actores sociales con compromiso y saberes acumulados. Su escasa participación en las decisiones que las afectan fue señalada como una deuda pendiente que limita la construcción de soluciones sostenibles.
Asimismo, el informe también resumió que los problemas vinculados a salud, vivienda y cuidados no pueden pensarse de manera aislada, sino en relación con la vida social, la participación comunitaria y la posibilidad de un acompañamiento integral durante la vejez.
En este sentido, la iniciativa planteó que la construcción colectiva y el trabajo en red resultan factores fundamentales para lograr transformaciones reales en los distintos aspectos vinculados a la vida de la población mayor.
Abordaje integral
Entre las recomendaciones, el reporte instó al Estado a diseñar políticas públicas participativas y con enfoque de derechos, a la sociedad civil a fortalecer estrategias de articulación con inclusión de voces diversas, y a la comunidad a reconocer y valorar el rol de las personas mayores y de quienes cumplen tareas de cuidado.
“Este tipo de espacios son imprescindibles para fortalecer redes, reconocer saberes y cocrear soluciones sostenibles y con perspectiva de ciclo de vida, poniendo en común voces tradicionalmente invisibilizadas”, destacó en el informe Alejandra Sánchez Cabezas, directora estratégica de SURCOS.
En este punto y ya a modo de conclusión, la publicación documentó los principales hallazgos de esta experiencia colectiva y fue presentada como una herramienta para orientar la acción pública, promover el debate social y repensar la vejez como una etapa activa, con derechos plenos y visibilizada en la agenda del país.
Fuente fotografías: SURCOS.
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