
El Fuero Penal Juvenil advirtió sobre la gravedad penal de las amenazas de tiroteos en escuelas del distrito y confirmó que ya fueron identificados varios responsables. En este contexto, dos episodios en una escuela técnica de Villa Luzuriaga encendieron la preocupación en la comunidad educativa.
El Fuero Penal Juvenil de La Matanza expresó su fuerte preocupación ante el aumento de amenazas de tiroteos en escuelas del distrito, muchas de ellas difundidas por estudiantes a través de redes sociales. El fiscal Pablo Insúa fue categórico al respecto: “se trata de un delito grave tipificado en el Código Penal, con penas que van de dos a seis años de prisión”.
“Esto puede derivar en el encierro de quienes profieren este tipo de amenazas”, sostuvo el funcionario, quien además confirmó que la mayoría de las personas involucradas ya fueron individualizadas. Desde el organismo remarcaron que proferir este tipo de amenazas no es un juego: “no es una broma, es un delito”, insistieron en el comunicado.
Las autoridades judiciales advirtieron que, más allá de la edad de los involucrados, incluso menores de 16 años, pueden disponerse medidas de seguridad que impliquen la privación de la libertad en institutos especializados. También subrayaron que estas conductas generan consecuencias no solo para los jóvenes, sino también para sus familias.
En ese marco, pidieron no difundir este tipo de mensajes ni replicarlos en redes sociales, y recomendaron que, ante su aparición, se dé aviso inmediato a las autoridades escolares y a las familias. Además, Insúa alertó sobre el impacto que estas falsas amenazas tienen en el sistema de seguridad: obligan a desviar recursos policiales hacia situaciones que luego resultan no ser reales, descuidando otros aspectos de la seguridad pública.
“Que no se dejen convencer por terceros que los alientan a generar disturbios. Hay que alentar a ir a la escuela, no negarles a otros el derecho a estudiar”, agregó.
Dos amenazas encendieron las alarmas
La advertencia judicial se da en un contexto de creciente preocupación tras dos episodios ocurridos en menos de 24 horas en la Escuela Técnica N°8 Jorge Newbery, en Villa Luzuriaga.
Según trascendió, el primer caso involucró a un alumno de primer año que difundió una lista con amenazas contra sus compañeros, señalando quiénes “se salvarían” en caso de conseguir un arma. El contenido circuló rápidamente por redes sociales y motivó la intervención de autoridades escolares y policiales.
El segundo episodio ocurrió al día siguiente, cuando otro estudiante ingresó al aula con una réplica de arma y amenazó a sus compañeros, lo que generó escenas de pánico: varios alumnos se tiraron al piso. De acuerdo con el testimonio de una madre, en ese momento no había adultos dentro del aula, y la situación fue contenida recién cuando intervino un docente.
Ambos hechos activaron los protocolos de seguridad. Desde la institución informaron que se realizaron las denuncias correspondientes y que, hasta el momento, no se detectó un riesgo concreto para la comunidad educativa. Sin embargo, se reforzaron las tareas de supervisión y se anunció la incorporación de equipos de acompañamiento escolar.
Pese a ello, entre las familias persiste la inquietud. “Estamos preocupados porque la situación va de menos a más”, señalaron. La reiteración de estos episodios y su rápida difusión evidencian un fenómeno que, lejos de ser aislado, empieza a instalarse como una problemática urgente en el ámbito escolar.
Desde la Justicia y las autoridades educativas coinciden en un punto central: banalizar estas amenazas no solo es irresponsable, sino también peligroso. Y, como remarcan, tiene consecuencias penales concretas.
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