Para Pulenta Stream, en el programa No te Duermas, la concejal de La Matanza habló sobre su llegada a la política, su vínculo con el distrito y su mirada sobre la inseguridad.
Por Giuliana Salmonte Siciliano
Gmail: giulianasalmontesiciliano@gmail.com
Cuestionó la falta de políticas municipales de prevención y reclamó una comisión de seguridad ciudadana en el Concejo Deliberante. Además, contó los hechos de violencia de género que sufrió con su primera pareja.
Leila Gianni decidió volver a La Matanza con un objetivo político concreto: dar una discusión sobre la situación que atraviesa el distrito y, particularmente, sobre uno de los problemas que aparece con mayor frecuencia entre los vecinos: la inseguridad. La concejal, que nació y pasó parte de su infancia y adolescencia en San Justo, sostiene que el distrito atraviesa una situación crítica y cuestiona la falta de respuestas para prevenir el delito.
Su llegada a la política estuvo vinculada a una etapa previa de trabajo técnico en organismos nacionales. Según explicó, comenzó a involucrarse políticamente cuando ingresó a Capital Humano y tuvo la posibilidad de investigar situaciones relacionadas con el manejo de programas sociales. Allí, según relató, comenzó a denunciar a “los militantes del hambre”, que eran funcionarios nacionales o dirigentes de organizaciones sociales que acusaba de utilizar los planes sociales para ejercer poder sobre sectores vulnerables.
La concejal también señaló que tiene un origen peronista que nunca negó, aunque ubicó su incorporación a la gestión de Javier Milei como el momento en el que encontró libertad para avanzar con determinadas investigaciones.
Según contó, la ministra Sandra Pettovello le permitió avanzar sobre esas denuncias y, posteriormente, en octubre de 2024, planteó al Presidente la posibilidad de comenzar a recorrer La Matanza.
“Soy de San Justo, después de unos años viví en Capital, pero pasé muchos años de mi infancia y los primeros inicios de mi adolescencia acá”, explicó. Para Gianni, ese vínculo personal con el distrito fue uno de los motivos centrales para elegir La Matanza como escenario de su actividad política.
En su análisis, Leila entiende que la inseguridad aparece como una preocupación transversal entre los vecinos, independientemente de sus posiciones políticas. Entre los principales reclamos que recibe en sus recorridas están los relacionados con el miedo y la inseguridad. En particular, mencionó un crecimiento de los homicidios en ocasión de robo y cuestionó la presencia de organizaciones vinculadas al narcotráfico en diferentes sectores del distrito.
Como ejemplo, apuntó a los complejos 19 y 17 de Ciudad Evita, donde aseguró que existen dos bandas que disputan el territorio y que protagonizan enfrentamientos armados durante la noche. Frente a esa situación, contó que decidió trabajar junto a su equipo para contener a los vecinos y facilitar canales de contacto con organismos de seguridad y judiciales.
Además, destacó que el Ministerio de Seguridad de la Nación viene desarrollando acciones en el territorio y mencionó un allanamiento coordinado con la Fiscalía de La Matanza. Sin embargo, consideró que la responsabilidad sobre la seguridad no puede quedar concentrada únicamente en los organismos nacionales o provinciales y apuntó directamente al gobierno municipal.
“El intendente también tiene responsabilidad, porque el intendente es quien gestiona este territorio”, afirmó. En ese sentido, cuestionó la ausencia de políticas municipales destinadas, según su mirada, tanto a prevenir el delito como a evitar la instalación de organizaciones vinculadas al narcotráfico.
“Nosotros propusimos la semana pasada, lo propuse yo como concejal en el Concejo Deliberante que se cree una comisión de seguridad ciudadana y prevención del delito”, señaló. Para la entrevistada, la creación de ese espacio permitiría abordar la problemática de manera conjunta y generar una discusión específica dentro del ámbito legislativo local.
Otro de los puntos que cuestionó fue la planificación de seguridad del municipio ya que el gobierno local contempla la instalación de 6500 cámaras nuevas y la colocación de casillas vinculadas al sistema de monitoreo, aunque consideró insuficientes las medidas frente a la dimensión del problema que atraviesa La Matanza.
En paralelo, recordó que durante la gestión de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad de la Nación se había realizado una propuesta al gobierno bonaerense para trabajar de manera coordinada en materia de seguridad, pero sostuvo que Axel Kicillof no aceptó esa iniciativa.
La historia detrás de la política
Antes de convertirse en concejal y de asumir un rol político en La Matanza, Leila Gianni atravesó durante aproximadamente nueve años una situación sostenida de violencia de género. Según relató, durante ese período sufrió distintas formas de violencia dentro de una relación en la que tuvo tres de sus cinco hijos.
La concejal contó que padeció violencia psicológica, verbal, sexual y económica y describió ese período como “un infierno”. También explicó que su expareja fue generando un aislamiento progresivo respecto de sus vínculos y que ella llegó a ocultar los episodios de violencia incluso frente a sus propios padres. El quiebre se produjo en 2012, cuando una agresión ocurrida en la casa de sus padres fue presenciada por su papá.
Además, remarcó que pudo sostener sus estudios universitarios y sus trabajos como una forma de escape. Estudiaba Derecho en la UBA y señaló que esa actividad funcionó como uno de sus principales sostenes durante aquellos años.
La denuncia formal llegó en 2021, luego de que su hijo mayor relatara una situación que había vivido. El proceso judicial derivó en dos causas y llegó a juicio oral en 2023.
Según relató, el acusado se presentó a la primera audiencia, pero se fugó antes de la segunda, cuando debía declarar su hijo como testigo. Desde entonces, permanece prófugo con pedido de captura.
“Las plazas de noche son zonas liberadas”
Dentro de su diagnóstico sobre la inseguridad en La Matanza, Leila Gianni también hizo referencia a determinados espacios públicos que, según afirmó, presentan situaciones de conflictividad durante la noche. Entre ellos mencionó la plaza de Oro Verde, en Virrey del Pino, y la plaza de La F, en González Catán.
Según su relato, durante los viernes, sábados y domingos estos lugares se llenan de motos y adolescentes que circulan dentro de las plazas. Allí se producen daños y posteriormente enfrentamientos armados entre quienes permanecen en esos espacios.
La concejal diferenció esta problemática de las situaciones vinculadas directamente con organizaciones narco y apuntó a la responsabilidad municipal. “Ahí tiene que haber una presencia municipal”, afirmó, al considerar que el gobierno local debe intervenir en espacios públicos donde los vecinos denuncian situaciones de inseguridad y violencia.
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