Edición N° 9171
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El IPAC advierte por las restricciones a las cooperativas bonaerenses y reclama asistencia para sostenerlas

El IPAC advierte por las restricciones a las cooperativas.
El IPAC advierte por las restricciones a las cooperativas.

Facundo Villalba, director de Registro y Fiscalización del organismo provincial, cuestionó las medidas del Gobierno nacional que afectan al sector y señaló que las dificultades para presentar balances y documentación también responden a la crisis económica. Además, destacó los programas de asistencia técnica y financiera impulsados por la Provincia.

El director de Registro y Fiscalización del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC), Facundo Villalba, advirtió sobre las dificultades que atraviesan las cooperativas de la provincia de Buenos Aires frente a las medidas implementadas por el Gobierno nacional. En una entrevista con No Te Duermas, por Pulenta Stream, cuestionó las restricciones para funcionar y sostuvo que los controles administrativos deben contemplar la situación económica de las entidades.

Villalba señaló que alrededor de 1.900 cooperativas bonaerenses fueron intimadas recientemente por incumplimientos vinculados con la presentación de balances y otra documentación. Según explicó, algunas de estas entidades recibieron notificaciones pese a haberse conformado durante el mismo año, por lo que consideró necesario revisar los procedimientos aplicados.

El funcionario también sostuvo que las medidas nacionales afectan a un sector que, además de generar empleo, prestar servicios y desarrollar actividades productivas, cumple un papel importante en la organización de las comunidades. En ese sentido, cuestionó la política del gobierno de Javier Milei hacia el cooperativismo y alertó sobre sus consecuencias para las organizaciones territoriales.

Los costos administrativos, otra dificultad para las cooperativas

Durante la entrevista, Villalba explicó que las cooperativas deben presentar balances, memorias y documentación contable y social, además de cumplir con sus obligaciones tributarias. Sin embargo, remarcó que los costos asociados a estos trámites pueden convertirse en un obstáculo para las entidades que atraviesan dificultades económicas.

“Reunir el millón o el millón y medio de pesos que cuesta realizar un balance resulta muy difícil”, señaló al referirse a los gastos que deben afrontar algunas organizaciones.

El director del IPAC consideró que la fiscalización es necesaria para garantizar el cumplimiento de las obligaciones, pero cuestionó los mecanismos que aplican sanciones sin contemplar las condiciones particulares de cada cooperativa. Desde su perspectiva, el trabajo estatal no debería limitarse a comprobar si la documentación fue presentada, sino también identificar las dificultades que impiden cumplir con esos requisitos.

En esa línea, comparó la situación con la de los clubes de barrio, que también enfrentan costos administrativos que pueden dificultar su funcionamiento y el acceso a determinados beneficios.

Frente a este escenario, Villalba destacó las herramientas que impulsa el Gobierno bonaerense para acompañar al sector. Entre ellas, mencionó un programa específico destinado a financiar la elaboración de balances y cubrir los honorarios de los profesionales contables que realizan ese trabajo.

Además, indicó que el IPAC cuenta con un equipo técnico que acompaña a las cooperativas en la revisión de sus libros, la regularización de la documentación y la resolución de errores administrativos.

El funcionario señaló que, en algunos casos, los incumplimientos no responden a una decisión de las entidades de desatender sus obligaciones, sino a la falta de recursos económicos o de formación técnica para llevar adelante los procedimientos requeridos.

Por eso, defendió una política de fiscalización que combine los controles con el asesoramiento y la asistencia. El objetivo, sostuvo, es que las cooperativas puedan regularizar su situación y continuar desarrollando sus actividades productivas y comunitarias.

La discusión pone en el centro el papel del Estado frente a las dificultades del sector: mientras Villalba cuestionó las medidas nacionales por su impacto sobre las entidades, reivindicó la intervención provincial para acompañarlas y evitar que los obstáculos económicos y administrativos comprometan su continuidad.

 

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