La diputada nacional de Fuerza Patria, Marina Salzmann, presentó un proyecto para regular el trabajo en aplicaciones de reparto y transporte de pasajeros. Advirtió sobre la falta de transparencia de los algoritmos, el endeudamiento de los trabajadores y la ausencia de garantías laborales.
La diputada nacional de Fuerza Patria por la provincia de Buenos Aires, Marina Salzmann, cuestionó las condiciones laborales de quienes trabajan para aplicaciones de reparto y transporte de pasajeros y planteó la necesidad de avanzar en una regulación que garantice mayor transparencia y protección para los trabajadores.
En una entrevista con No Te Duermas, por Pulenta Stream, la legisladora, integrante del Frente Renovador y oriunda de Marcos Paz, explicó que su primer proyecto presentado en la Cámara de Diputados está orientado a regular la actividad de quienes trabajan para plataformas como Uber, DiDi y Rappi.
Uno de los principales ejes de la iniciativa es el funcionamiento de los algoritmos, que determinan la asignación de pedidos y viajes, los ingresos y las posibles penalizaciones. “Es una caja negra que nadie conoce; ni siquiera los propios trabajadores saben cuáles son los criterios por los que reciben o dejan de recibir pedidos”, señaló.
En ese sentido, Salzmann sostuvo que es necesario establecer mecanismos de transparencia y generar espacios de diálogo entre las empresas y los trabajadores para evitar criterios discriminatorios y sesgos de género.
Durante la entrevista, la diputada también se refirió a la responsabilidad de las empresas frente a los accidentes de trabajo y a la discusión sobre el reconocimiento de una relación de dependencia.
Según relató, durante una reunión en la Cámara de Diputados le consultó al secretario de Trabajo de la Nación, Julio Cordero, sobre la posibilidad de exigir seguros por accidentes laborales sin que eso implique reconocer una relación laboral dependiente.
Salzmann remarcó que la forma en que las plataformas organizan el trabajo constituye un elemento central para discutir el vínculo entre las empresas y quienes prestan servicios. Además, cuestionó que las compañías eviten asumir responsabilidades vinculadas con los seguros y los aportes a la seguridad social. “Si dos trabajadores hacen el mismo viaje, tienen que poder cobrar lo mismo”, afirmó, al defender el principio de igual remuneración por igual trabajo.
La legisladora también advirtió sobre las dificultades que enfrentan los trabajadores cuando deben afrontar los gastos de sus herramientas laborales. Según explicó, algunos recurren a préstamos para comprar o reparar sus bicicletas, motos o automóviles, lo que puede generar situaciones de endeudamiento cuando no consiguen trabajar.
“Si se enferma, deja de generar ingresos y sigue endeudado. En algún punto, se convierte en un deudor cautivo”, sostuvo.
Flexibilidad horaria y precarización laboral
Otro de los puntos abordados fue la flexibilidad horaria, uno de los principales argumentos de las empresas para sostener que los trabajadores de plataformas son independientes.
Salzmann cuestionó esa caracterización y señaló que, en la práctica, las compañías también pueden organizar las jornadas y establecer franjas horarias de disponibilidad. A su entender, estas condiciones deben analizarse junto con el control que ejercen los algoritmos sobre la actividad.
La diputada vinculó esta situación con el deterioro del empleo formal y el crecimiento del trabajo informal. Consideró que las aplicaciones representan una alternativa de ingresos para quienes pierden sus empleos, aunque advirtió que esa salida tiene límites cuando aumenta la cantidad de trabajadores y no crece en la misma proporción la demanda de servicios.
Como parte de su planteo, mencionó la necesidad de avanzar en regulaciones que contemplen estándares de trabajo decente y transparencia algorítmica. También propuso discutir la posibilidad de establecer tarifas base para los viajes y servicios realizados mediante aplicaciones.
Para Salzmann, el desafío es evitar que la flexibilidad de estas modalidades se traduzca en una transferencia de los costos y los riesgos hacia los trabajadores, mientras las empresas mantienen el control sobre aspectos centrales de la actividad.
