Clara Chevalier, secretaria general de CONADU cuestionó las políticas del Gobierno de Javier Milei hacia las universidades públicas y advirtió sobre el impacto de los recortes en salarios, becas, infraestructura y funcionamiento del sistema universitario. “Estamos todos muy estirados, sosteniendo un montón de cuestiones pese al gobierno de Milei”, afirmó.
La secretaria general de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), Clara Chevalier, sostuvo que la comunidad universitaria atraviesa un nuevo ciclo de lucha frente a las políticas del gobierno de Javier Milei y consideró que el conflicto excede la discusión salarial para involucrar el modelo de universidad y de país que se pretende construir.
“Hay algo que se parece un poco al Día de la Marmota: estamos iniciando todo el tiempo un nuevo ciclo de lucha y resistencia”, señaló Chevalier. Para la dirigente, esa situación demuestra tanto “la decisión de este gobierno de atacar a la universidad pública, de destruirla y desmantelarla” como “la insistencia y la testarudez de la comunidad universitaria, que se mantiene de pie, mantiene a las universidades funcionando y sigue en lucha”.
En ese marco, destacó que las organizaciones universitarias lograron algunos resultados a partir de la movilización. “Le hemos arrancado algunas cosas al gobierno de Milei. Le hemos asestado algunos triunfos”, afirmó.
Chevalier planteó que el conflicto universitario no puede analizarse de manera aislada de las transformaciones económicas impulsadas por el Gobierno. “A esta altura tengo una claridad enorme: cuando estamos discutiendo la universidad, estamos discutiendo también qué proyecto de país queremos”, sostuvo.
En ese sentido, cuestionó el desmantelamiento de la industria y de distintas capacidades estatales y planteó qué lugar ocuparían los profesionales y graduados universitarios en un modelo económico centrado principalmente en la explotación de recursos naturales.
“Tenemos casi dos millones de estudiantes en el sistema universitario, en más de 65 universidades de todo el país. ¿Cuál es el sentido de esas universidades en un proyecto de país que se piensa como productor de petróleo y minerales?”, preguntó.
La dirigente también cuestionó lo que definió como una creciente desvalorización de la formación y del conocimiento. Según Chevalier, se instaló la idea de que el único horizonte posible es el económico y que cada persona debe buscar una salida individual.
“La plata, por supuesto, es necesaria. Nosotros necesitamos vivir de nuestros salarios, somos trabajadores y trabajadoras. Pero que el único horizonte existencial pase por ganar dinero y que la única idea de futuro sea salvarse individualmente es algo que necesariamente tenemos que discutir”, afirmó.
Críticas al DNU 70/2023
Chevalier vinculó la situación de las universidades con el impacto más amplio de las políticas económicas del Gobierno y cuestionó particularmente el DNU 70/2023. “Nos encaminamos a una marcha que esperamos que sea contundente porque sobran los motivos para marchar contra ese decreto”, sostuvo.
Entre otros aspectos, mencionó el impacto de las políticas de regulación económica sobre los precios de los medicamentos y los alquileres. “Estamos con salarios que no cubren el alimento y el alquiler, ni hablemos de otras cosas”, afirmó.
Para la secretaria general de CONADU, el conflicto tampoco puede limitarse al sector estatal. “Esto trasciende a los trabajadores estatales. Es una cuestión que afecta al salario de todos los trabajadores, también a quienes trabajan para Rappi y tienen problemas para pagar el alquiler”, señaló.
Uno de los principales cuestionamientos de Chevalier estuvo dirigido al argumento oficial de que el Gobierno no cerró ninguna universidad. “Como si cerrar una universidad significara ponerle un candado al portón y que no entre ningún estudiante”, planteó.
Según explicó, el deterioro también se expresa en la falta de recursos para garantizar el funcionamiento cotidiano. Mencionó materias que no logran cubrir sus cargos docentes, estudiantes que no pueden avanzar en sus carreras, universidades con dificultades para afrontar servicios básicos y problemas para cubrir alquileres. “Cerrar o desmantelar una universidad también tiene que ver con sacarle fondos”, afirmó.
La dirigente también señaló dificultades en los hospitales universitarios y cuestionó la situación de las becas estudiantiles. “Tenemos hospitales universitarios que no cuentan con insumos básicos. Y ni hablemos de la inexistencia de la Beca Progresar”, sostuvo, y cuestionó los requisitos y montos establecidos para acceder al beneficio.
Por ese motivo, Chevalier consideró que el análisis del deterioro universitario requiere observar sus efectos concretos y no solamente si una institución mantiene abiertas sus puertas. “Una política de cuatro años se observa en sus efectos y para eso hay que poner la lupa sobre el sistema universitario”, afirmó.
La situación salarial ocupa un lugar central dentro del reclamo universitario. Chevalier sostuvo que los bajos ingresos obligan a muchos docentes a sumar trabajos y recurrir al endeudamiento para llegar a fin de mes. “Todos los compañeros estamos superponiendo trabajos y recurriendo al endeudamiento para tratar de llegar a fin de mes”, explicó.
En particular, afirmó que los salarios docentes se encuentran en niveles muy bajos. “El salario de quienes trabajamos en las universidades ejerciendo la docencia empieza en alrededor de 7.000 pesos la hora. Es un salario verdaderamente bajísimo”, sostuvo.
Para Chevalier, el reclamo salarial forma parte de una discusión más amplia sobre el rol de la universidad pública y el modelo productivo del país. “Si peleamos por los salarios y por el presupuesto es porque también consideramos que es una manera de discutir el proyecto de país que queremos”, afirmó.
Y concluyó: “Queremos un país con industria, con empleo y que produzca conocimiento. En las universidades ocurre eso: se produce conocimiento. Por supuesto que esos son también los motivos por los que Milei nos ataca”.
