La secretaria general de la Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior, Soledad Mosquera, cuestionó la denuncia impulsada por el Gobierno porteño contra integrantes del gremio luego de que acompañaran las protestas estudiantiles contra BA Aprende. También criticó el enfoque punitivo frente a la violencia en las escuelas y el ajuste educativo.
Durante las vacaciones de invierno, estudiantes de distintas escuelas secundarias de la Ciudad de Buenos Aires realizaron tomas en rechazo a la reforma BA Aprende. En ese contexto, integrantes de la Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior (ADEMYS) se acercaron a las instituciones para expresar su solidaridad con los reclamos.
Según explicó la secretaria general del gremio, Soledad Mosquera, esa participación derivó en una denuncia penal contra integrantes de la organización. La causa alcanza a Mosquera, Vanesa Gagliardi y Eugenio Ariza, a quienes el Gobierno porteño acusa de haber instigado las tomas.
“Nosotros fuimos a solidarizarnos”, sostuvo Mosquera, quien rechazó la acusación y afirmó que las pruebas presentadas por el Gobierno corresponden a una radio abierta realizada fuera de una de las escuelas. Para la dirigente, la denuncia busca generar un efecto disciplinador sobre docentes y estudiantes.
Uno de los establecimientos involucrados fue la Escuela Niní Marshall, una institución artística donde los estudiantes cuestionaron los efectos que, según plantearon, la reforma BA Aprende tendría sobre la formación artística.
Mosquera sostuvo que las protestas estudiantiles contaban con fundamentos vinculados a la defensa de la educación pública y consideró que la respuesta del Gobierno porteño terminó generando mayor solidaridad hacia el reclamo.
La dirigente también vinculó el conflicto con otras medidas impulsadas por el Gobierno de la Ciudad, entre ellas la aplicación en las escuelas de un protocolo relacionado con la denominada ley de baja de punibilidad.
En ese sentido, cuestionó que la respuesta estatal frente a los conflictos que atraviesan los jóvenes esté centrada en el punitivismo. “¿Qué les ofrece a los pibes y las pibas frente a situaciones difíciles? Punitivismo, cárcel”, planteó.
Mosquera sostuvo que las problemáticas de violencia que atraviesan las escuelas no pueden analizarse de manera aislada de la situación social. “La escuela es como la caja de resonancia de la sociedad”, explicó, y señaló que las dificultades económicas, la pérdida de empleo y los problemas habitacionales también repercuten en las comunidades educativas.
Desde su perspectiva, el incremento de las situaciones de violencia se produce en un contexto de crisis social, mientras que el Gobierno porteño responde con una reducción de recursos destinados a la educación.
Finalmente, la secretaria general de ADEMYS remarcó la posición del gremio frente a las protestas estudiantiles: “No vamos a perseguir ni a criminalizar a los estudiantes”, aseguró.
