Crece el conflicto en el INCAA por los despidos y el ajuste en el cine nacional

Ingrid Urrutia, secretaria general de ATE en el organismo, cuestionó la reducción de personal, los recortes presupuestarios y los cambios en el financiamiento cinematográfico. Además, advirtió sobre las dificultades para sostener el funcionamiento del Instituto y la organización del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

Ingrid Urrutia, secretaria general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), cuestionó las políticas del Gobierno nacional para el sector audiovisual y advirtió sobre las consecuencias de los recortes, los despidos y la reducción de personal en el organismo.

En declaraciones al programa No Te Duermas, de Pulenta Stream, la dirigente sindical sostuvo que el ajuste en el INCAA forma parte de una política más amplia contra el Estado y la cultura. En ese sentido, planteó que las medidas oficiales afectan no solamente a la producción cinematográfica, sino también a las políticas públicas destinadas a preservar el patrimonio audiovisual y promover las expresiones artísticas.

Urrutia señaló que, desde el cambio de gobierno, el organismo atravesó modificaciones normativas, restricciones de financiamiento y una importante reducción de su plantel. Según las cifras que mencionó durante la entrevista, los despidos habrían afectado a más de 600 trabajadores bajo distintas modalidades. También cuestionó la implementación de programas de retiro voluntario, que, según su análisis, profundizaron la pérdida de personal especializado.

La representante de ATE cuestionó especialmente las condiciones en las que se ofrecieron esos retiros. Según explicó, algunos trabajadores se habrían encontrado ante situaciones de presión e incertidumbre laboral que condicionaron sus decisiones de aceptar una compensación económica para dejar sus puestos.

También advirtió sobre la pérdida de conocimientos y experiencia acumulados en el organismo, y cuestionó la respuesta de las conducciones sindicales frente a los despidos y al deterioro de las condiciones laborales.

En relación con la dotación actual, Urrutia estimó que quedarían alrededor de 140 trabajadores en el INCAA. La cifra fue presentada como una aproximación durante la entrevista. Para la dirigente, la reducción de personal compromete la capacidad del Instituto para sostener sus tareas habituales y cumplir con las responsabilidades establecidas por la Ley de Cine.

La preocupación por el Festival de Cine de Mar del Plata

Entre las consecuencias de la reducción de personal, la dirigente destacó las dificultades para organizar el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, uno de los principales acontecimientos cinematográficos del país.

Según relató, la falta de trabajadores en las áreas técnicas limitaría el despliegue operativo que históricamente acompañó al encuentro, incluidos los espacios móviles y las actividades paralelas. También señaló que, de acuerdo con la información que manejaba, estaba previsto que solamente dos trabajadores viajaran para participar de las tareas vinculadas con el festival.
La situación, planteó, refleja las dificultades que enfrenta el organismo para sostener políticas y eventos culturales en un escenario de ajuste.

Otro de los puntos abordados durante la entrevista fue el futuro del Fondo de Fomento Cinematográfico, cuyos recursos permiten financiar las políticas previstas en la Ley de Cine.

Urrutia expresó su preocupación por los cambios normativos que, según su interpretación, afectarían la autonomía del INCAA para administrar esos fondos a partir de enero de 2028.
La dirigente también cuestionó el argumento oficial que presenta el financiamiento estatal del cine nacional como un gasto injustificado. En contraposición, defendió la importancia de sostener las políticas públicas para el sector audiovisual y advirtió que los recortes no necesariamente se traducen en mayores recursos para otras áreas sociales.

Las declaraciones de Urrutia vuelven a poner en discusión el impacto del ajuste estatal sobre la cultura, el empleo público y la producción cinematográfica nacional, así como sus posibles consecuencias para la continuidad de las políticas de fomento y la preservación del patrimonio audiovisual argentino.