En la previa de la décima Marcha del Orgullo, que se realizará el 31 de octubre, Florencia Guimaraes cuestionó el retroceso de las políticas públicas y advirtió sobre las dificultades que atraviesan las personas travestis y trans para acceder a derechos básicos. La presidenta de la Casa de Lohana y Diana reclamó el cumplimiento del cupo laboral y la reparación histórica.
Florencia Guimaraes, presidenta de la Casa de Lohana y Diana, advirtió sobre las dificultades que atraviesa la comunidad travesti-trans para acceder al trabajo, la salud y la vivienda, y cuestionó el impacto de los recortes de políticas públicas. En una entrevista en No Te Duermas, por Pulenta Stream, la referente planteó la necesidad de sostener las demandas territoriales en la décima Marcha del Orgullo de La Matanza, prevista para el próximo 31 de octubre.
“Hace dos o tres años que venimos marchando contra el fascismo, el odio y la persecución del gobierno de Javier Milei y sus cómplices políticos”, sostuvo Guimaraes, quien señaló que las medidas nacionales afectan especialmente a una población históricamente excluida.
La referente explicó que la Marcha del Orgullo local surgió para visibilizar las problemáticas específicas que atraviesan las personas LGBTIQ+ en el territorio. Entre ellas, mencionó las dificultades de movilidad, la precarización y las condiciones de vida en los barrios del conurbano.
Uno de los principales reclamos es la implementación efectiva de la Ley de Cupo Laboral Travesti-Trans, impulsada por la militante matancera Diana Sacayán. “Llevamos diez años exigiendo lo mismo: que se aplique la ley Diana Sacayán”, afirmó.
Guimaraes también destacó la necesidad de avanzar en una reparación histórica para las personas travestis y trans, en reconocimiento de la persecución y la criminalización que sufrieron durante décadas. Además, señaló que en la marcha exigirán justicia por Valeria Benítez, una compañera travesti asesinada en González Catán. “Queremos levantar las banderas de nuestras compañeras y de las luchas que sostenemos todos los días en el territorio”, expresó.
El acceso al trabajo y el impacto de los recortes
Durante la entrevista, Guimaraes advirtió que la pérdida de empleos y el retroceso de las políticas públicas pueden empujar nuevamente a muchas personas travestis y trans a situaciones de prostitución. Según explicó, algunas medidas de inclusión habían permitido que compañeras accedieran a empleos y mejores condiciones de vida, pero los despidos en el Estado revirtieron parte de esos avances.
La dirigente remarcó que el trabajo no representa solamente una fuente de ingresos, sino también la posibilidad de acceder a una vivienda, construir autonomía y desarrollar vínculos sociales por fuera de los ámbitos de exclusión. “Por eso luchamos tanto por el acceso al trabajo, el derecho a una vivienda digna, el acceso a la justicia y la participación política”, señaló.
También hizo hincapié en las consecuencias que la exclusión y la violencia tienen sobre la salud mental. En ese sentido, explicó que perder un empleo puede significar para muchas compañeras volver a situaciones de vulnerabilidad de las que habían logrado salir después de años de lucha. A esto sumó las dificultades para acceder a la atención sanitaria y la falta de redes de contención.
Guimaraes reivindicó la Ley de Identidad de Género por los cambios que produjo en la vida cotidiana de las personas travestis y trans, especialmente en el acceso a derechos en ámbitos como la educación y la salud.
Recordó las situaciones de violencia institucional que implicaba no tener reconocida la propia identidad, desde las burlas en escuelas y hospitales hasta las dificultades que suponía un sistema electoral organizado bajo criterios binarios.
Asimismo, cuestionó que los derechos de la comunidad sean puestos permanentemente en discusión y reclamó que sus necesidades formen parte de la agenda política y social.
“Nosotras también queremos llegar a viejas”, afirmó al referirse a la baja expectativa de vida de las personas travestis y trans. Para Guimaraes, esta realidad está vinculada con múltiples formas de exclusión, entre ellas la expulsión temprana de los hogares, las dificultades para acceder a la educación y el ingreso a situaciones de prostitución durante la adolescencia.
La referente también advirtió sobre los riesgos para la salud asociados con la falta de acceso a información, cuidados y atención sanitaria, así como sobre las presiones sociales que imponen determinados modelos corporales.
Frente a este escenario, insistió en la necesidad de políticas públicas que garanticen derechos y condiciones de vida dignas, y convocó a involucrar a las familias y a las instituciones educativas en la construcción de una sociedad que reconozca a las personas travestis y trans en todos los ámbitos.
La décima Marcha del Orgullo de La Matanza, prevista para el 31 de octubre, será el marco para volver a visibilizar estos reclamos y exigir respuestas frente a las desigualdades que atraviesa la comunidad en el territorio.
