Tras la confirmación de un procesamiento de primera instancia por una presunta evasión tributaria supuestamente cometida por la empresa Green Protein Argentina, cuya titularidad se le atribuye al nuevo vicepresidente del Mercado Central de Buenos Aires, Alberto Samid, el ex director de este mismo establecimiento entre los años 2002 y 2006, y actual diputado provincial, Ricardo Vago, en un contundente comunicado, apeló a que el empresario “presente su renuncia”
El Legislador del FAP consideró que el empresario Samid debió presentar inmediatamente su renuncia en forma indeclinable ante el revés judicial, pues “el Mercado Central es un ámbito complejo, donde confluyen múltiples intereses comerciales , y un director con un proceso judicial penal sobre su cabeza, quien ha sido sometido por parte de la justicia a cumplir ciertas medidas de caución personal y real, como la obligación de: no ausentarse de su hogar por más de 24 horas, de presentarse periódicamente ante el juzgado, y de haber recibido un embargo por 3 millones de pesos, lo convierten en un director disminuido ante sus pares y frente a la comunidad empresaria, laboral y social del Mercado Central de Buenos Aires. La importancia económica de este ámbito comercial y las características de los actores económicos y sociales del Mercado Central requieren que los directores no sean pasibles de ser cuestionados por su conducta empresarial en especial su comportamiento impositivo frente al fisco. Para de esta forma inspirar respeto y orientar las reglas de juego hacia la transparencia y el respeto de la Ley de las actividades comerciales del mercado más importante del país”.
Asímismo, el dirigente socialista Ricardo Vago relacionó este caso con la ausencia en la provincia de un marco legal apropiado que regule situaciones como las que hoy presenta el empresario en su responsabilidad como funcionario público “en los últimos 20 años se presentaron más de una docena de proyectos para dotar a la provincia de una Ley de Ética Pública, todos siguen cajoneados, la existencia de esta norma definiría la situación. Hoy lo que define es la política, Samid no es un funcionario de carrera, ocupa un cargo político y como tal, sabe que debe dar un paso al costado para no perjudicar al gobierno provincial” y que “Scioli no debe sostener a Samid, es un mal ejemplo, porque si mantiene en su cargo a funcionarios con procesamientos confirmados por la Justicia, el mensaje que se le muestra al resto de la administración pública es claro: acá no pasa nada, a los amigos los protegemos´. Esa actitud significaría propiciar la impunidad en la gestión de su gobierno.”
