Dr. Alejo Ramos Padilla: los partidos esperan, la democracia también

Las demoras en la tramitación de expedientes partidarios ante la Justicia Electoral no suelen ocupar titulares. No tienen la visibilidad de una proscripción ni el dramatismo de un conflicto institucional. Pero sus efectos pueden ser igual de concretos: una agrupación que no logra su reconocimiento a tiempo, una afiliación que no se valida, una presentación que queda sin respuesta mientras el calendario electoral avanza.

En los últimos tiempos, distintos espacios políticos, de orígenes e ideologías diversas, coincidieron en señalar dilaciones en el Juzgado Federal N°1 de La Plata, a cargo del Dr. Alejo Ramos Padilla, que tiene competencia electoral en toda la provincia de Buenos Aires. Que el reclamo provenga de sectores tan distintos le quita el carácter de queja aislada y lo convierte en un dato que merece atención.

Conviene, sin embargo, ser precisos. Una demora no es en sí misma un acto de discriminación política, y sería injusto atribuir intenciones sin pruebas. Los juzgados electorales trabajan con dotaciones limitadas, picos de demanda concentrados en años de elecciones y, con frecuencia, presentaciones partidarias incompletas o mal documentadas que obligan a intimaciones y nuevos plazos. Reconocer esa complejidad no es una concesión: es la condición para discutir el problema con seriedad.

Lo que sí puede afirmarse es que, en materia electoral, el tiempo no es neutral. Un trámite que se resuelve después de la fecha límite para presentar candidaturas equivale, en los hechos, a una respuesta negativa. Y ese costo no se distribuye de manera pareja: los partidos con estructura, abogados propios y trayectoria institucional absorben mejor la espera que las agrupaciones nuevas o pequeñas, que dependen del trabajo voluntario y no pueden sostener indefinidamente su organización mientras aguardan una resolución.

La independencia judicial no está en discusión. Pero independencia no significa opacidad. Un tribunal puede decidir con plena autonomía y, al mismo tiempo, informar cuántos expedientes tiene en trámite, cuánto demoran en promedio y qué recursos le faltan. Esa información no condiciona a los jueces; permite a la sociedad entender dónde está el problema. Sería una buena señal que el propio juzgado del Dr. Ramos Padilla, con la responsabilidad que implica administrar el distrito electoral más grande del país, tomara la iniciativa de hacerla pública.

Por eso, más que preguntas retóricas, el debate necesita propuestas. Algunas son de implementación relativamente sencilla:
Plazos máximos y conocidos para cada etapa del trámite de reconocimiento y de las presentaciones partidarias, con prioridad para los expedientes cuya resolución condiciona la participación en un proceso electoral en curso.
Publicación periódica de estadísticas de gestión: expedientes ingresados, resueltos y pendientes, y tiempos promedio de resolución.

Refuerzo de personal y digitalización en los períodos de mayor demanda, previsibles con años de anticipación.
Seguimiento por parte de la Cámara Nacional Electoral, que ya cuenta con atribuciones de superintendencia para detectar cuellos de botella y corregirlos.

Mayor responsabilidad de los propios partidos, con guías claras y asistencia técnica que reduzcan las presentaciones defectuosas, una causa frecuente de demoras que no siempre se reconoce.

Nada de esto requiere reformas constitucionales ni enfrentamientos entre poderes. Requiere voluntad de gestión y una convicción compartida: que los derechos políticos no se agotan en el acto de votar, sino que incluyen la posibilidad real de organizarse y competir.

Una democracia sana no se mide sólo por la ausencia de prohibiciones, sino por la rapidez y la previsibilidad con que sus instituciones responden a quienes quieren participar. La demora no tiene por qué ser un destino. Es, en buena medida, un problema administrativo, y como tal tiene soluciones.