Edición N° 9194
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ATE denunció 3.000 despidos en Desarrollo Social y advirtió sobre el desmantelamiento del Estado

Ingrid Manfred cuestionó la gestión de Sandra Pettovello.
Ingrid Manfred cuestionó la gestión de Sandra Pettovello.

Ingrid Manfred, secretaria general del gremio en el área de Desarrollo Social, cuestionó la gestión de Sandra Pettovello y sostuvo que el Ministerio de Capital Humano funciona como un “laboratorio” de las políticas de ajuste del Gobierno. También denunció la pérdida de estabilidad laboral y anticipó que avanzan con acciones judiciales para reclamar por los trabajadores despedidos.

La secretaria general de ATE en el área de Desarrollo Social, Ingrid Manfred, cuestionó el impacto de las políticas implementadas por el Gobierno nacional y denunció que el ex Ministerio de Desarrollo Social registra alrededor de 3.000 despidos desde el inicio de la gestión de Javier Milei. En ese marco, apuntó contra la conducción de Sandra Pettovello y advirtió sobre el proceso de vaciamiento de las políticas sociales y el deterioro de las condiciones laborales en el sector público.

“Para nosotras, el Ministerio de Capital Humano es una especie de laboratorio donde este Gobierno viene llevando adelante sus políticas”, sostuvo Manfred, quien señaló que allí se ponen a prueba medidas que luego podrían extenderse a otras áreas del Estado. En esa línea, vinculó el diseño de esas iniciativas con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

La dirigente gremial describió un escenario de despidos, precarización y desmantelamiento de las estructuras estatales. Según precisó, los 3.000 puestos de trabajo perdidos corresponden al ámbito del ex Ministerio de Desarrollo Social e incluyen tanto trabajadores monotributistas como empleados de planta transitoria y permanente.

Uno de los puntos más graves de su denuncia está relacionado con la situación de 800 trabajadores de planta permanente que fueron puestos en disponibilidad y posteriormente despedidos. Manfred explicó que ese procedimiento debía contemplar instancias de capacitación y una eventual reubicación laboral, pero aseguró que ninguna de esas alternativas se concretó.

“Las capacitaciones nunca existieron y tampoco fueron reubicados los compañeros. Cumplido el plazo, fueron despedidos”, afirmó. Además, denunció que tampoco se reconoció la antigüedad real de los trabajadores afectados, por lo que ATE inició acciones judiciales para reclamar ese reconocimiento.

Manfred también cuestionó las consecuencias de la Ley Bases sobre la estabilidad del empleo público. Al respecto, sostuvo que las modificaciones introducidas habilitaron mecanismos que debilitan las garantías laborales de los trabajadores estatales y representan una transformación estructural de sus condiciones de contratación.

En respuesta a esta situación, la organización sindical presentó una medida cautelar y promovió un proyecto de ley en el Congreso de la Nación para modificar el artículo de la Ley Bases que habilita el régimen de disponibilidad.

Finalmente, la referente de ATE remarcó que el conflicto excede la pérdida de puestos de trabajo y compromete el funcionamiento de las políticas públicas. “Lo vemos, lo vivimos y lo sentimos en nuestros propios cuerpos”, expresó al describir el impacto del ajuste sobre los trabajadores y el funcionamiento del organismo.

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