Robos de caballos. La Asociación Contra el Maltrato Animal (ACMA) advirtió sobre una modalidad que, según la entidad, incluiría la identificación de campos vulnerables, la sustracción de varios animales y su posterior traslado.
Por Florencia Belén Mogno
La desaparición de animales en establecimientos rurales constituye una problemática que puede afectar tanto a productores como a espacios dedicados a distintas actividades vinculadas con el cuidado y la cría de ejemplares. Los episodios de sustracción generan además dificultades para localizar a los animales una vez que son retirados de los predios.
El robo de caballos presenta particularidades vinculadas con el traslado de los ejemplares, las condiciones de los establecimientos y la necesidad de contar con mecanismos que permitan identificar su procedencia. La presencia de documentación, registros y sistemas de identificación puede convertirse en un elemento relevante para reconstruir el recorrido de un animal.
A esta situación se suman las preocupaciones relacionadas con el destino que pueden tener los ejemplares sustraídos y con la posibilidad de que ingresen a circuitos comerciales por fuera de los controles correspondientes. La detección temprana de los hechos y la intervención de los organismos encargados de investigar resultan aspectos centrales para determinar qué ocurre después de una sustracción.
Según el informe y las denuncias difundidas por ACMA, durante el último mes se habrían comprobado entre 25 y 30 caballos faenados. La organización indicó que algunos animales pertenecían a establecimientos de polo ubicados en Ezeiza y Cañuelas y que posteriormente fueron encontrados reducidos a restos en barrios de La Matanza.
Una problemática que preocupa
De acuerdo con lo expuesto en el reporte al que tuvo la oportunidad de acceder Diario NCO, la entidad también incluyó entre los casos denunciados a animales utilizados en actividades de equinoterapia.
En ese contexto, el organismo sostuvo que los responsables de las sustracciones podrían actuar mediante una división de tareas que comenzaría con la observación previa de los establecimientos.
El referente de ACMA, Ariel Corse, señaló que esa dinámica contemplaría personas encargadas de detectar los puntos de ingreso, grupos que ingresarían durante la noche para sustraer varios caballos, lugares destinados a mantenerlos temporalmente y otros actores vinculados con la faena y la distribución posterior.
Elementos encontrados durante un procedimiento
Un procedimiento policial permitió detectar distintos elementos que, según ACMA, podrían estar vinculados con la preparación de este tipo de robos. Durante la inspección de un vehículo fueron encontrados bozales, avena, recipientes, una tijera para cortar alambrados y pasamontañas.
La organización consideró que esos objetos podrían ser compatibles con una modalidad destinada a facilitar el ingreso a establecimientos rurales, el manejo de los animales y su posterior traslado. No obstante, la presencia de estos elementos no permite por sí sola establecer la responsabilidad de una persona ni acreditar toda la cadena denunciada.
En Moreno y La Matanza, además, un allanamiento permitió localizar un caballo que contaba con documentación y microchip, pese a que había sido denunciado como robado meses antes. Para ACMA, este episodio plantea interrogantes sobre los mecanismos utilizados para acreditar la propiedad de determinados animales.
El reclamo por los controles y las investigaciones
Otro de los puntos señalados por la organización está relacionado con el posible destino de la carne obtenida mediante estas prácticas. ACMA sostuvo que parte de ella podría ingresar al circuito comercial y reclamó controles bromatológicos que permitan determinar su procedencia.
La entidad remarcó que se trata de una denuncia sobre un presunto circuito clandestino y que no constituye una acusación general contra las carnicerías del Gran Buenos Aires.
A las denuncias por los animales sustraídos se sumó un episodio ocurrido en el predio de ACMA ubicado en Brandsen. Según la organización, tres adultos acompañados por perros ingresaron durante la mañana por la parte trasera del establecimiento. El movimiento fue registrado por las cámaras y comunicado al Comando de Prevención Rural.
Dos días después fue encontrada una vaca faenada en un campo lindero. La proximidad temporal de ambos episodios fue señalada por ACMA, aunque esa circunstancia por sí sola no permite establecer que exista una relación entre los hechos.
El tiempo como factor central tras una denuncia
ACMA también cuestionó los tiempos que pueden demandar determinadas medidas judiciales luego de una denuncia por robo de animales. La organización sostuvo que existen propietarios que aportan información sobre los caballos sustraídos, domicilios donde podrían encontrarse y registros fotográficos, pero que las medidas necesarias para intervenir pueden demorarse.
La preocupación radica en que, ante una eventual sustracción con destino a faena, el paso de los días puede dificultar la localización del animal y reducir las posibilidades de reconstruir su recorrido.
Frente a este escenario, la entidad reclamó la creación de fiscalías especializadas en delitos rurales y maltrato animal. Según su planteo, una estructura dedicada a este tipo de investigaciones permitiría abordar los casos de manera integral y analizar los distintos puntos que podrían formar parte de una misma cadena.
Entre las medidas propuestas también aparece el uso de drones con visión nocturna para reforzar la vigilancia en corredores rurales y detectar movimientos durante horarios en los que el control territorial resulta más complejo.
Fuente fotografías: redes sociales.
