El economista Darío Banga explicó el mecanismo mediante el cual el Gobierno busca utilizar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para respaldar a los bancos que otorguen créditos hipotecarios. Además, advirtió que el esquema está atado a la evolución de la inflación y señaló los riesgos que podrían enfrentar los tomadores de préstamos ante una eventual suba de precios o una devaluación.
Por Giuliana Samonte Siciliano
Gmail: giulianasalmonteisiciliano@gmail.com
En primer lugar, analizó el funcionamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y su utilización como respaldo para el sistema financiero en el marco de los créditos hipotecarios UVA. Según explicó, el fondo comenzó a tomar mayor relevancia a partir de su creación en 2007 y posteriormente se amplió con el traspaso de los recursos de las AFJP al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), durante 2008. Desde entonces, sostuvo, ese capital continuó siendo invertido y generando intereses.
En ese sentido, Dario explicó que la estrategia impulsada por el Gobierno consiste en utilizar ese fondo para otorgar respaldo a las entidades financieras que buscan ampliar la oferta de créditos hipotecarios. “Lo que va a hacer Caputo es que va a tocar ese Fondo de Garantía de Sustentabilidad que ya tenía la premisa y se lo va a dar a los bancos”, señaló el economista, al referirse al mecanismo que se pretende implementar.
Según detalló, uno de los principales problemas que plantean los bancos para otorgar préstamos hipotecarios a largo plazo es el descalce entre los depósitos que reciben y el tiempo durante el cual deberían prestar ese dinero. En este caso, buena parte de los ahorros que ingresan al sistema financiero se encuentran colocados a plazos relativamente cortos, principalmente a través de plazos fijos, mientras que un crédito hipotecario puede extenderse durante décadas.
Frente a esa situación, el mecanismo planteado por el Gobierno buscaría otorgarles mayor previsibilidad mediante recursos provenientes del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
De acuerdo con lo planteado, la operación contempla que el Estado coloque cerca de dos billones de pesos en las entidades financieras a través de un plazo fijo. De esta manera, los bancos contarían con esos fondos como respaldo para comenzar a ofrecer créditos hipotecarios, mientras que el dinero del Fondo continuaría generando un rendimiento.
Dario Banga precisó que, bajo este esquema, al Fondo de Garantía de Sustentabilidad se le reconocería una tasa de interés del 2,5 por ciento si el plazo fuera de un año y del 4,5 en caso de extenderse durante cinco años. El objetivo, según explicó, sería generar las condiciones para que las entidades puedan ofrecer préstamos hipotecarios con una herramienta que les permita contar con fondos de mayor plazo.
En este proceso, los interesados deberán cumplir con los requisitos establecidos por cada banco, entre ellos la acreditación de los ingresos familiares. La idea, sostuvo el economista, es que el sistema financiero pueda ampliar el acceso a los créditos hipotecarios utilizando el respaldo generado por el Fondo de Garantía.
Uno de los principales riesgos del esquema es la actualización de los préstamos mediante la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA). Por lo que, el columnista advirtió que, al tratarse de créditos vinculados a la evolución de los precios, una aceleración de la inflación podría generar un fuerte incremento en el valor de las cuotas y en el capital adeudado.
Por otro lado, remarcó que, en el esquema mencionado, los créditos podrían tener una tasa de UVA más un porcentaje adicional. Según indicó, la tasa máxima que mencionó para estas operaciones sería de UVA más 7,5 por ciento. Es decir, el costo del crédito estaría determinado por la evolución de la inflación, a la que se agregaría ese porcentaje.
“Si la inflación es 30 vas a tener un 37,5 de tasa nominal anual”, ejemplificó Banga para explicar el impacto que podría tener una aceleración de los precios sobre el costo financiero de los préstamos.
Por último, el economista planteó que el principal interrogante no está solamente en la posibilidad de acceder a un crédito hipotecario, sino también en la capacidad de los hogares para sostenerlo a lo largo del tiempo. En ese sentido, señaló que una eventual devaluación o un incremento de la inflación podría provocar que los créditos se disparen y aumentar el riesgo para quienes hayan asumido una deuda de largo plazo.
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