Jessica Gentile, activista socioambiental y referente de la Red Ecosocialista y del Movimiento de Trabajadores Socialistas dentro del FIT-U analizó el reciente fallo judicial y sostuvo que el Gobierno busca generar condiciones favorables para el capital extractivo y transnacional. También cuestionó la decisión de la Corte Suprema respecto de la legitimidad de una organización de veteranos de guerra para presentar el reclamo.
Jessica Gentile, activista socioambiental y referente de la Red Ecosocialista y del Movimiento de Trabajadores Socialistas dentro del Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad, cuestionó el reciente fallo judicial que habilitó la venta de tierras y vinculó la decisión con el conjunto de políticas impulsadas por el Gobierno nacional para atraer inversiones extranjeras.
En diálogo con No Te Duermas, Gentile recordó la movilización realizada contra las modificaciones impulsadas por el Ejecutivo y sostuvo que, para las organizaciones socioambientales, aquella jornada había significado un triunfo.
“Fuimos parte, junto con la Coordinadora Plurinacional Vía Campesina y Falsas Soluciones, de la organización de la marcha del 6. Lo vivimos como un triunfo porque se movilizó un montón el polo de los que luchamos”, señaló.
Según planteó, el Gobierno habría intentado avanzar inicialmente mediante un decreto y posteriormente a través de un proyecto con modificaciones. Ante las dificultades para concretar esos cambios por la vía legislativa, Gentile interpretó el nuevo escenario judicial como un intento de avanzar por otra vía.
“Lo que no pudieron hacer por decreto ni por el Congreso, están intentando hacerlo por la última vía que tenían: la vía judicial”, afirmó. En ese marco, relacionó la situación con las políticas económicas impulsadas por la administración de Javier Milei y con la búsqueda de inversiones extranjeras. Mencionó específicamente el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), las modificaciones vinculadas a la Ley de Glaciares y otras medidas que, desde su perspectiva, generan condiciones favorables para empresas vinculadas a actividades extractivas.
“Con el RIGI, con el Súper RIGI, con la modificación de la Ley de Glaciares, el Gobierno fue pavimentando el camino para que el gran capital pueda venir a llevarse lo que son nuestros bienes comunes”, sostuvo.
Para Gentile, el acceso a recursos como el agua, la tierra y los minerales adquiere además una importancia estratégica dentro de la disputa geopolítica internacional. En ese sentido, vinculó las políticas nacionales con la intención oficial de atraer capital extranjero y con el viaje presidencial a París para participar del denominado Argentina Week.
La legitimidad de los reclamos
Otro de los puntos cuestionados por la dirigente fue el argumento utilizado en el fallo respecto de la legitimidad de una organización de veteranos de guerra para accionar judicialmente.
Gentile destacó que los integrantes del Centro de Veteranos de Guerra participaron en la defensa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y cuestionó que se les negara legitimidad para presentar el reclamo. “Si no tiene la legitimidad esta gente, ¿quién la tiene?”, planteó.
La activista también hizo referencia al artículo 43 de la Constitución Nacional, que establece herramientas para la presentación de acciones judiciales destinadas a proteger determinados derechos e intereses colectivos.
En ese contexto, cuestionó que la Corte Suprema no se expida, según su interpretación, sobre el fondo de la cuestión y sobre la constitucionalidad de las medidas cuestionadas.
Durante la entrevista, Gentile también cuestionó la independencia del Poder Judicial y sostuvo que, a su entender, determinadas decisiones judiciales terminan acompañando las políticas impulsadas por el Gobierno nacional.
“Estamos hablando de que la Corte Suprema y los jueces en este país son instrumentos políticos, justamente al servicio de garantizar ganancias y este tipo de políticas antipopulares”, afirmó.
Finalmente, sostuvo que el Gobierno necesita apoyarse en distintas instituciones del Estado para avanzar con su programa económico y cuestionó también el respaldo legislativo que, según su lectura, recibió en distintas iniciativas.
“Se apoya en todas las instituciones del Estado al servicio de pavimentar el camino para seguir llevando adelante este plan de ataque contra la ciudadanía”, concluyó.
