Esta rama de la industria nacional confirmó que importará estos crustáceos desde Ecuador para sostener las exportaciones comprometidas, en medio de un conflicto con los gremios y un derrumbe de la rentabilidad.
Por Florencia Belén Mogno.
En un contexto de caída de la rentabilidad, tensiones salariales y baja en los precios internacionales, el complejo pesquero argentino atraviesa uno de los momentos más críticos de los últimos años.
La raíz del conflicto está vinculada a un esquema de costos en aumento, regulaciones salariales desactualizadas y una fuerte presión sobre las exportaciones, que siguen siendo el principal sustento del sector.
La combinación de estos factores genera un escenario de incertidumbre para más de 20 mil trabajadores vinculados directa e indirectamente a la actividad pesquera. Desde el sector advierten que, de no resolverse la situación, la importación de productos desde el exterior se convertirá en la única vía posible para evitar el colapso productivo y cumplir con los contratos internacionales.
En ese marco y de acuerdo a la información a la que tuvo la oportunidad de acceder Diario NCO, la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (FULASP) anunció que, junto a las principales cámaras y empresas del sector, se resolvió avanzar en un acuerdo con Ecuador para importar cerca de 80 mil toneladas de langostino vannamei.
La noticia se oficializó tras una reunión en la que también se confirmó un inminente encuentro entre los representantes de la industria nacional y la Embajadora de Ecuador en Argentina, Diana Salazar Méndez.
Especificaciones de la medida
En sintonía con lo planteado, el informe consultado señaló que el objetivo de este acuerdo tiene que ver con “garantizar la entrega de los productos comprometidos hacia destinos clave como España, China, Francia, Portugal e Italia”.
Según el reporte facilitado a este medio, la cifra acordada “cuadruplica el total de las importaciones anuales que Argentina registró con ese país durante todo 2024, año en el que ingresaron apenas 20.887 toneladas de productos pesqueros desde Ecuador, según datos oficiales de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca de la Nación”.
Por otra parte, el estudio expuso que “la raíz del conflicto con los gremios se encuentra en la solicitud empresarial de reducir un 30 por ciento el ítem salarial vinculado a la producción, argumentando que el convenio colectivo vigente data de 2005”.
“En aquel entonces, el bono por productividad se calculaba sobre un precio internacional de U$S12 por kilo de langostino, muy superior al valor actual, que ronda los U$S5.50”, informó el documento difundido.
Al respecto, las cámaras advirtieron que, “mientras la productividad se mantiene anclada a valores del pasado, los ingresos por exportación se derrumbaron, generando una pérdida de aproximadamente un dólar por cada kilo vendido”.
Estado de situación
Según los cálculos presentados durante la reunión con FULASP, el informe publicado indicó que la pesca extractiva en Argentina “insume costos de hasta USD 6,50 por kilo, mientras que el precio de exportación es de USD 5,50”.
En contraste el reporte señaló que “el langostino vannamei ecuatoriano puede adquirirse por USD 4,00, permitiendo así revertir el saldo negativo y generar rentabilidad. Las empresas subrayaron que esta diferencia explica la necesidad de importar como única vía para sostener la actividad y evitar incumplimientos contractuales en el exterior”.
Además, remarcaron que los costos internos no dejaron de subir y que, sin una resolución con los sindicatos, las operaciones locales corren serio riesgo. “La falta de acuerdo pone en jaque la continuidad de las tareas pesqueras argentinas y fuerza a las compañías a depender de proveedores extranjeros para cumplir con sus clientes”, advirtieron los representantes de las cámaras.
A modo deresumen Raúl Cereseto, presidente de FULASP, manifestó su inquietud por las consecuencias de esta medida. “La situación es muy grave para la cadena productiva de la pesca argentina, sobre todo en el rubro de los pescadores”.
Finalmente, Cereseto hizo referencia en el informe al hecho de que “las grandes compañías sostienen esta modalidad de importación, el golpe a la actividad extractiva nacional será letal”, afirmó. Y concluyó: “Podríamos estar ante una crisis estructural que deje a más de veinte mil trabajadores sin sustento”.
Fuente fotografías: FULASP.
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