ATE Capital denunció una grave crisis en el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, con equipos incompletos, “violencia laboral”, falta de insumos y una política de vaciamiento institucional.
Por Florencia Belén Mogno
Las políticas públicas destinadas a proteger los derechos de la niñez y la adolescencia atraviesan una situación crítica en la Ciudad de Buenos Aires. En ese aspecto, en los territorios se consolida un escenario de vaciamiento, precarización y abandono y las Defensorías Zonales, creadas como herramientas clave para garantizar derechos desde una lógica descentralizada, denunciaron estar “al borde del colapso operativo e institucional”.
El contexto general está atravesado por múltiples dimensiones del deterioro. Al respecto cuestionaron la falta de presupuesto y recursos materiales impide el normal funcionamiento de los dispositivos de atención.
Por otro, la desjerarquización del rol profesional de los equipos técnicos, sometidos a destrato, persecuciones y aprietes, ha generado una ola de renuncias que debilita aún más la capacidad de respuesta ante situaciones urgentes. En este marco, la sobrecarga de tareas, los bajos salarios y la ausencia de protocolos institucionales impactan directamente sobre la calidad de las intervenciones y sobre el bienestar del propio personal.
En este contexto y de acuerdoa la información a la que pudo acceder Diario NCO, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Capital presentó un informe donde se documenta el grave proceso de desfinanciamiento que atraviesan las Defensorías Zonales del Consejo.
Estado de situación
El documento hizo especial énfasis en el vaciamiento institucional que afecta a uno de los pilares fundamentales del sistema de protección integral. La denuncia incluyó no sólo la falta de recursos humanos y materiales, sino también la existencia de un clima de “violencia laboral, aprietes y pérdida de autonomía profesional, que ha derivado en alrededor de cuarenta renuncias durante el último año”.
La situación adquiere una dimensión especialmente alarmante si se considera que estos espacios atienden diariamente entre 500 y 700 casos en condiciones que no garantizan la protección integral de derechos.
“La ausencia de insumos básicos, la precarización laboral y la presión sobre los equipos técnicos configuran un escenario que impide el desarrollo de estrategias territoriales. En lugar de promover la prevención y la promoción de derechos, las defensorías se ven obligadas a priorizar los casos más graves o urgentes, relegando tareas fundamentales de articulación comunitaria”, afirmaron desde ATE.
En esa linea, la entidad sostuvo en el informe que “la consecuencia directa es un debilitamiento general del sistema, que se ve aún más profundizado en las zonas sur de la Ciudad, históricamente postergadas en términos de inversión pública”.
Detalles de la problemática
No obstante, ATE advirtió además sobre “un patrón preocupante de intervención por parte de las autoridades del Consejo, quienes habrían desautorizado y revertido estrategias construidas por los equipos técnicos interdisciplinarios, imponiendo lógicas centralizadas que desconocen la especificidad de cada territorio”.
En muchos casos, la organización planteó que “cuando las decisiones de las defensorías no coinciden con las expectativas del Poder Judicial o de las autoridades centrales, los casos son retirados de sus equipos y manejados “a nivel central”, en contravención directa con el principio de descentralización”.
“Esta injerencia constituye un avasallamiento de la autonomía profesional, así como una regresión hacia viejas prácticas asistencialistas y punitivas, propias del extinto sistema del Patronato de Menores”, denunció el relevamiento publicado.
Frente a ello, las trabajadoras y trabajadores del Consejo reclamaron el cumplimiento efectivo de las funciones establecidas por ley para las Defensorías Zonales, así como la urgente implementación de políticas públicas con enfoque de derechos y perspectiva territorial.
Ante este escenario, desde ATE Capital exigieron una serie de medidas urgentes para revertir la emergencia: aumento presupuestario, pase a planta permanente del personal precarizado, recomposición salarial y la creación de una carrera profesional específica para el sector de niñez.
Por último, desde la Asociación de Trabajadores del Estado también llamaron a organismos como la Defensoría del Pueblo, al Poder Judicial, legisladores y organizaciones sociales a visibilizar la crisis y sumarse al reclamo por una Ciudad que priorice de forma real y efectiva los derechos de las infancias y adolescencias.
Fuente fotografías: ATE Capital.
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