Marisa Mariani y María Clara Aleman, integrantes de la Comisión Directiva de la Fundación Prisma, conversaron a través del ciclo de entrevista de Radio Hexa sobre el contexto que está atravesando la discapacidad.
Por Maia Anahid Laino Lombardi
“La problemática que estamos viviendo en este momento es que los valores que paga el nomenclador quedaron muy atrasados con respecto a lo que fue aumentando la vida. El nomenclador no aumenta desde diciembre del año pasado y ya venía con un retraso del 2024 y del 2023, ósea, llegamos a una circunstancia donde lo que se paga por nomenclador no alcanza para la operatividad de, por ejemplo, nuestra fundación”, manifestaron las consultadas sobre la crisis de este sector.
“Nosotros somos un centro educativo terapéutico, lo cual significa que es un centro donde los chicos van, ya sea media jornada o jornada entera, y en el mismo horario que hacen su jornada en el centro reciben las terapias, por eso se llama centro educativo terapéutico”, explicó Marisa sobre la problemática.
El nomenclador como obstáculo
“Entonces, el valor que el Estado reconoce como pago para que los chicos concurran, que los chicos lo cobran a través de la presentación de sus papeles vía obras sociales o prepagas, en este momento es muy inferior a lo que necesitaríamos que fuera. Te diría que estamos debajo de un 73 por ciento, lo cual hace que a nosotros la operatoria se nos haga inviable”, manifestó Mariani.
Además, agregó: “En este momento nosotros ponemos plata de nuestro bolsillo todos los meses para que funcione, pero imagínense que nosotros somos cinco familias que fundamos la Fundación Prisma para que los jóvenes con patologías puedan tener un espacio donde concurrir. Mayores de 21 años y con un diagnóstico de parálisis cerebral”.
“Entonces, la verdad que no tenemos fondos para seguir bancándola desde ningún lado porque cuando nosotros proyectamos esto, nosotros abrimos en el 2024, los números nos daban si teníamos 30 concurrentes. Hoy en día tenemos 29 concurrentes si los contamos de jornada simple y estamos lejísimos de que nos alcance el dinero por este atraso que sufrió el nomenclador”, sumó la entrevistada a sus declaraciones.
Un problema que afecta a muchas instituciones
Marisa destacó que es una situación que están atravesando todos los espacios y aclaró: “Yo hablo de nosotros, estoy poniendo como ejemplo nuestra circunstancia porque es lo que manejo más. A todos los lugares donde trabajan con discapacidad y dependen de una u otra manera del valor del nomenclador, les está pasando lo mismo. No solo los lugares, sino también a los profesionales. Si un kinesiólogo atiende y tiene un valor de nomenclador super atrasado, tendría que tener infinita cantidad de pacientes para poder llegar a tener un salario justo y mínimo”.
El conductor del programa mencionó lo sucedido en la marcha del día miércoles cuando un menor expresó que quiere que el Gobierno le pague a su terapeuta, sino iba a tener que dejar de verlo a él y a sus amigos de terapia. Sobre esto, la entrevistada se explayó y declaró que “el problema es que van a pasar muchas cosas de no haber un cambio desde lo económico. Los terapeutas van a dejar de atender a través del sistema, los centros van a dejar de funcionar”.
“Hace doce años que trabajamos en el proyecto de Fundación Prisma, recién lo pudimos poner en marcha el año pasado porque nos costó mucho llegar a poder armar el centro, el espacio, las condiciones y llegamos. Cuando empezamos a funcionar, hoy en día nos encontramos que estamos muy lejos de poder bancarlo económicamente. En este momento, gracias al aporte de personas que nos están donando plata, estamos bancando, pero tenemos muy corto el tiempo que nos queda”, agregó a sus dichos.
Ausencia del diálogo por parte de ANDIS
“La Agencia Nacional de Discapacidad es quien regula el nomenclador que rige para todo el país. Con la Agencia no tenemos posibilidad de diálogo. Yo he escrito infinita cantidad de veces, pero no obtengo respuestas. Lo que si tenemos más diálogo es con la gente del Gobierno de la Ciudad que hace muy poquito tiempo, justo antes de las elecciones, anunciaron que iban a dar una ayuda a los centros educativos terapéuticos, a los centros de día, a las escuelas de educación especial y la ayuda consiste en un 24 por ciento de la facturación que tenes mensual, en dos cuotas”, señaló Marisa.
Además, manifestó que “está muy bien, agradecemos la ayuda, pero no nos alcanza. Cuando te dan el doce del segundo mes se junta con que tenes que pagar los aguinaldos, nos ayuda, pero no nos soluciona el problema. El problema es mucho más de fondo, lo que hay que cambiar es el nomenclador porque estos son como un parche que quiere tapar una pinchadura y que siempre queda un lugar por donde se escapa el aire. Nuestro lugar por donde se escapa el aire es una grieta”.
¿Qué contempla la emergencia aprobada en el Congreso?
“Lo que se aprobó, que es muy importante, es el pedido del ajuste del nomenclador con el retroactivo. Como acomodarlo con el atraso que tiene del 2023 y que ahora se actualice con el IPC. A partir que logre equipararse y acomodarse, la actualización con el IPC. Tenemos otra variable que no estamos contando mucho y que no es menor, es que nosotros le facturamos a las obras sociales, pero nos pagan a los tres meses”, explicó sobre lo sucedido en el Congreso.
Otra circunstancia que se suma, es que, en muchos casos, las obras sociales también están en crisis. Sobre esto, la entrevistada narró: “Tenemos concurrentes que son de PAMI. Conseguir que la obra social te tramite para pagarte el nomenclador es una tarea titánica que para las familias y para los espacios conseguir y bancar que la obra social tarde 90 días para pagarte, es un montonazo. No hay operatoria que lo soporte. Imagínate que a la gente que trabaja en la Fundación le pagamos el sueldo todos los meses. Tiene que ver con un atraso del giro que hace la Agencia Nacional de Discapacidad al nomenclador. Todas esas cosas se buscan regularizar con la ley, que ahora va al Senado”.
Transporte que no está en condiciones
La semana pasada, en el programa No Te Duermas, se planteó el rumor de que el Gobierno estaba analizando quitarles el viático gratuito a las personas con discapacidad. En relación a esto, Marisa comentó: “Los concurrentes necesitan un traslado especial porque todos tienen sillas de ruedas, ósea que ahí el viatico no es de permiso para el colectivo y que no te lo cobren, tienen que ir con un transporte que tampoco tienen actualizado lo que le pagan por kilómetro. Entonces, dejan de funcionar los transportes para los chicos. Es una rueda diferente a lo que viene a ser el del permiso de subir al colectivo sin costo”.
“Esto viene a raíz de algo que sucedió en una conversación con una persona con discapacidad con el director de la Agencia Nacional de Discapacidad, que cuestionó algunas cuestiones que él leía como de privilegio. Definíamos privilegio, que una persona que se la pasa yendo de una terapia a otra pueda viajar sin pagar boleto de colectivo, es casi el mismo privilegio que tiene un pibe que va al secundario que tiene el boleto estudiantil. ¿Vamos a discutir también el boleto estudiantil?”, analizó Mariani.
Por último, Marisa explayó que “el pase libre en los medios de transporte para las personas discapacitadas tampoco tiene discusión. Nosotros somos cinco familias que hicimos la Fundación porque cada una tiene un hijo en estas condiciones, lo estoy hablando porque lo padezco. Mi hijo no se puede tomar un colectivo, no puedo subir la silla de ruedas porque no en todos lados es tan fácil como en el Metrobús, por ejemplo. Mi hijo tiene que tener cubierta la camioneta, porque sino cómo llega al lugar que tiene que ir. Precisamos que el transporte también esté cubierto”.
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