“La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza reclama el gobernador bonaerense Daniel Scioli cumpla con los compromisos que asumió para esclarecer el caso de la desaparición forzada de Luciano Arruga. Considera indispensable que la Justicia y diversos organismos gubernamentales asuman una actitud activa en otras causas de violencia policial, negligencia de privados e intimidación, como también en el respeto a los derechos de los pueblos originarios.
Casos Arruga, Blanco y Plaul
El próximo 31 de enero se cumplirán cuatro años de la última vez que se vio con vida al joven Luciano Arruga, cuando los policías del destacamento de Lomas del Mirador lo hicieron desaparecer. El juez de Garantías Gustavo Banco declinó su competencia en la causa que cursaba como “averiguación de paradero”, por lo tanto la investigación será por “desaparición forzada” y estará ahora a cargo de la Justicia Federal. El magistrado lo hizo después de disponer la detención del policía Julio Diego Torales de la comisaría 2º de Gregorio de Laferrere, en una causa paralela, sospechado de haber golpeado a Arruga cuando estuvo detenido ilegalmente antes de su desaparición.
El 16 de agosto de 2012 el titular del Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, se comprometió a exonerar a los ocho agentes involucrados. “Si quedan afuera de la fuerza puede ser que alguno se sienta injuriado porque no tiene nada que ver; así se podría romper el pacto de silencio que impide encontrar el cuerpo de Luciano Arruga, algo que dificulta la investigación”, expresó Pablo Pimentel, presidente de la APDH-La Matanza.
Pimentel agregó que otro punto tratado con Scioli fue “darle una utilidad a la casa donde funcionó el destacamento para que sea un bien público y resulte un centro de referencia para la memoria, pero el municipio entiende que debe ser una dependencia comunal sin acceso directo para los familiares”.
También se le solicitó “un pronunciamiento de condena por el accionar de la Bonaerense ya que parte de la policía a la que le pagamos todos los meses el sueldo utilizan a menores para robar a los ciudadanos que reclaman seguridad. Es un círculo hipócrita. Le pedimos a Scioli una declaración pública poniéndose al frente de uno de los casos más paradigmáticos, junto con Julio López, de los últimos años. En un país de desaparecidos, hay 197 desaparecidos en democracia”.
“Planteamos como militantes que si esto no se cumple antes del 31 de enero, cuando ya sean cuatro los años sin Luciano, vamos a tomar una actitud activa, pacífica y no violenta para exigir al gobernador el cumplimiento de todo esto”, expresó el titular de la filial La Matanza de la Asamblea.
El 26 de enero, desde las 13.00, habrá una Jornada Cultural en Defensa de los Derechos Humanos de los Pibes organizada por sus familiares y amigos junto a medios alternativos, comunitarios y populares y organizaciones sociales y políticas. En la intersección de las avenidas San Martín y Mosconi, Lomas del Mirador, se realizarán charlas, tocarán bandas, además de espectáculos culturales y artísticos.
La causa de Luciano Arruga tiene un hilo conductor con la muerte del joven Gabriel Blanco: ambos fueron presionados por efectivos policiales para robar en zonas liberadas. Ninguno aceptó. “Un día le dijeron a Gabriel ‘te vamos a detener y no vas a contar más el cuento, vas a aparecer en una zanja. Lo mismo le dijeron a Luciano’”, recuerda Pimentel. Blanco tenía 21 años, vivía en la barriada conocida como “La Borward”, de Isidro Casanova, tenía algunas caídas por robo pero la policía lo venía persiguiendo y hostigando para que robara para ellos. El 1º de marzo de 2007 lo detuvieron en la comisaría de San Carlos, su esposa lo escuchó gritar y se ofreció para calmarlo mostrándole a la hija de ambos. Le dijeron que se vaya tranquila porque ellos se iban a ocupar de tranquilizarlo. Gabriel fue detenido a las nueve de la noche y a las doce apareció colgado con un cable de luz en un calabozo oscuro.
Pablo Pimentel reseña el caso de la siguiente manera: “Cuando nos enteramos sugerimos a los familiares que fotografiaran el cadáver; ahí se dieron cuenta que tenía la mortaja pegada para que no se vea como estaba. La policía había hecho una autopsia y nosotros pedimos otra en la cual se comprobaron golpes y la falta de dientes. Por otra parte, la policía científica hizo pruebas con los cables que, según los policías, Gabriel habría utilizado para suicidarse: se cortaron con la presión de un peso de cincuenta kilos, cuando este muchacho tenía un metro ochenta de altura y más de 80 kilogramos. Era imposible que se ahorcara. Pedimos una reconstrucción del hecho y quedó claro que una persona alterada no podía pasar ese cable por donde supuestamente se ató para colgarse; el gendarme que lo hizo tardó media hora y estaba emocionalmente equilibrado y con luz.”
En consecuencia, se pidió la indagatoria para tres funcionarios de la comisaría La Matanza Oeste 2ª de San Carlos, acusados por detención ilegal y tortura seguida de muerte de Gabriel Blanco.
Una causa que acompaña la APDH-La Matanza es la investigación de la muerte por electrocución de Pablo Plaul, 17 años, alumno del Colegio Parroquial de San Justo y vecino de Ciudad Evita. Estaba en viaje de estudios y solidario junto a sus compañeros del segundo año del Polimodal en la ciudad de Puerto Iguazú, provincia de Misiones. El 19 de octubre de 2006 Pablo jugaba al vóley en el parque del hotel Raíces, resbaló, se tomó instintivamente de un caño que resultó ser una farola y recibió una descarga eléctrica mortal.
En la causa se determinó que las instalaciones del lugar que albergó a la delegación estaban sin terminar y habilitadas parcialmente, en tanto que la empresa Proterra, organizadora del viaje, incurrió en serias irregularidades. El fiscal misionero Alejandro Néstor Monzón procesó a una persona por homicidio culposo y luego, con la misma prueba, la desprocesó. “Muchos de los juzgados y fiscalías del interior actúan como feudos; este fiscal fue comprado e incluso fue a juicio político porque usufructuó de elementos que había incautado en otras causas”, afirmó Pimentel quien en 2012 viajó a Misiones junto a Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, y el abogado de la causa de Pablo Plaul, Alejandro Bois, para reclamar que la Justicia investigue y condene a los culpables.
Además, hay de por medio una cuestión de ética y honestidad porque existe una demanda por calumnias e injurias contra el obispo de San Justo, monseñor Baldomero Carlos Martini, quien trató a Héctor Plaul, padre del Pablo, como “vengador y estafador”, trámite que lleva adelante el Juzgado Correccional nº 4 del Departamento Judicial de La Matanza, a cargo del Juez doctor Hugo Martínez.
Si bien la Dirección General de Escuelas bonaerense sólo le quitó al instituto educativo religioso el subsidio durante tres meses, resultó “algo simbólico y muy importante porque reconoce una responsabilidad concreta”, explica Pimentel.
Pueblos originarios
La APDH-La Matanza es uno de los organismos que interviene como garante de la mesa de diálogo por los derechos de los pueblos originarios, concretamente de la comunidad Qom “La Primavera”, de la provincia de Formosa. Esta comisión, que además integran representantes del Poder Ejecutivo Nacional, las comunidades y la gobernación formoseña, se establecieron varios acuerdos de los cuales los fundamentales como la devolución de la tierra y la provisión de agua potable, no fueron cumplidos. “Vamos a lanzar una campaña internacional para decirle a los funcionarios que tienen que cumplir con las leyes”, anunció Pablo Pimentel.
Por otro lado, la entidad de La Matanza apoya el reclamo de un grupo de vecinos para salvaguardar un predio denominado “Punta Querandí”, en el municipio de Tigre, donde se encontró restos óseos de más de 800 años. Allí funcionó un humedal que la mano del hombre transformó y ahora la empresa EIDICO levanta un country. Integrantes del Movimiento de la Pacha, quienes defienden la zona del avance de este tipo de construcciones, denunciaron amenazas de muerte. “Se pidió hacer una reserva arqueológica y que, simbólicamente, se respete un área de 130 metros para levantar una plaza en honor a los pueblos originarios. Le pedimos a la jueza Delma Cabrera, del Departamento Judicial de San Isidro, que mantenga la medida cautelar que detiene las obras. Además, creemos que el intendente de Tigre, Sergio Massa, debería declarar de utilidad pública al espacio de ‘Punta Querandí’, señala Pablo Pimentel.
Cuestión de Género
Aylén y Marina Jara son dos hermanas de 21 y 19 años que están detenidas hace 1 año y 10 meses en el Penal nº8 de Los Hornos, La Plata, desde la noche fatídica en que fueron agredidas por un vecino que las venía acosando hacía meses. La madrugada del 19 de febrero las atacó con un arma de fuego cuando las chicas volvían de bailar, una de ellas se defendió con un cuchillo y así pudieron escapar. Según declaraciones de los vecinos, el hombre tiene vínculos con el narcotráfico y con la policía local. La madre de las hermanas Jara escuchó en la comisaría cuando un oficial le dijo a quien caratuló la causa: “a estas ponele homicidio en grado de tentativa y que se caguen”.
La APDH tomó conocimiento de este caso hace unas semanas atrás; acompaña una denuncia por una golpiza que recibió Aylén Jara (21) la noche del 27 de diciembre en Mercedes, cuando fueron a una audiencia donde se les negó la excarcelación, y como organismo ofreció ser garantes para que Aylén y Marina Jara salgan del penal, y lleguen en libertad al juicio, que será el 18 y 19 de marzo.
Comité contra la Tortura y asalto a la casa de la APDH
El pasado año se ejecutó un convenio con la Comisión Provincial por la Memoria de la provincia de Buenos Aires, con la apertura de una delegación del Comité contra la Tortura en la sede de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, Peribebuy 2383, La Tablada. Allí los doctores Juan Manuel Combi y Alejandro Bois reciben denuncias por abusos a la población carcelaria y se buscan soluciones ante las malas condiciones de detención en establecimientos del Servicio Penitenciario Bonaerense.
Por último, recordamos el asalto que sufrió la casa de la APDH el pasado 15 de julio de 2012. No hay dudas del objeto que tuvo esta invasión a un lugar de lucha popular: amedrentar la labor que se lleva a cabo a diario a favor de los derechos humanos y contra el abuso de cualquier tipo de poder estatal o privado. Como respuesta, el espacio juvenil de la entidad organizó una serie de festivales bajo la consigna “La Resistencia se organiza frente a la impunidad con la cultura y la alegría en las calles”, que culminó en diciembre pasado con un acto frente al ex Centro Clandestino de Detención “El Vesubio”, donde se levanta el monumento que recuerda a los detenidos-desaparecidos. La obra titulada “30 mil mundos”, que está en construcción a metros de la intersección de la autopista Ricchieri y el Camino de Cintura, fue levantada por la APDH mediante colectas, fiestas y la venta de un CD en el que participaron bandas locales y donde se incluyó el testimonio de dirigentes de la Asamblea y otros organismos de Derechos Humanos.”
