La jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez, y el intendente local, Fernando Espinoza, participaron de la entrega en la que 21 vecinos y vecinas del municipio de La Matanza recibieron partidas del programa “Mi Identidad Mi Derecho”, y pudieron iniciar en el momento el trámite de confección del DNI.
Por Maira Palavecino
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La jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el jefe comunal local, Fernando Espinoza, y la directora del Registro Provincial de las Personas, Silvina Ojeda, participaron de la entrega de las partidas del programa “Mi Identidad Mi Derecho”
“Una persona que no tiene documento no puede recibir su título secundario, no puede acceder a un trabajo formal o a una jubilación, a la AUH. No puede casarse, ni siquiera ponerle su apellido a su hijo. Por eso el gobernador Axel Kicillof nos pidió trabajar con cada municipio para que todos los bonaerenses ejerzan su derecho a la identidad”, explicó Álvarez Rodríguez.
Por su parte, Espinoza señaló: “Venimos trabajando juntos para darle la posibilidad a la gente de que tenga su identidad. Vecinas y vecinos, que por distintas circunstancias no pudieron tener su partida de nacimiento, ahora pueden acceder a través de estos operativos que hacemos acercando las oficinas del Municipio a los barrios”.
En ese sentido, la identidad constituye uno de los derechos humanos fundamentales y es indispensable para el pleno ejercicio de la ciudadanía. Sin un documento oficial que acredite la identidad, muchas personas enfrentan un sinnúmero de obstáculos para acceder a derechos esenciales como la educación, la salud, el empleo formal, la seguridad social y la participación política.
En Argentina, y particularmente en la provincia de Buenos Aires, existen sectores de la población que por diversas razones no fueron inscriptos al momento de nacer. Esto implica una exclusión prolongada que afecta su integración social y su reconocimiento legal.
El programa “Mi Identidad Mi Derecho” surge precisamente para dar respuesta a esta problemática, facilitando la inscripción tardía y la obtención de documentos a quienes no los tienen. Su implementación ha significado un avance significativo en materia de derechos civiles y sociales.
Un programa que busca la inclusión real y efectiva
Desde 2020, el programa permitió que más de 7.300 bonaerenses accedan a sus partidas de nacimiento de manera rápida, gratuita y sin límite de edad. Esto marca un cambio importante en la gestión pública, que apunta a reducir las barreras burocráticas y sociales que impiden a muchas personas formalizar su identidad.
La iniciativa contempla la realización de operativos barriales intensivos y el trabajo conjunto con los municipios para acercar los servicios a los barrios, un aspecto fundamental para alcanzar a las poblaciones más vulnerables.
La entrega de partidas en La Matanza representa un ejemplo concreto de esta política pública, con la particularidad de que el trámite de confección del DNI puede iniciarse inmediatamente, agilizando el proceso y asegurando la continuidad en el acceso a la documentación.
El vínculo estrecho entre el Gobierno de la provincia de Buenos Aires y los municipios es un factor clave para que el programa funcione con eficacia. En el caso de La Matanza, el intendente Fernando Espinoza colaboró activamente para llevar adelante estos operativos que acercan la documentación a los vecinos.
Esto no solo implica un avance administrativo, sino también un acto de justicia social que busca reparar la exclusión que han sufrido personas a lo largo de años o incluso décadas.
La descentralización de los trámites, a través de 34 delegaciones locales y múltiples operativos barriales durante 2025, con más de 65.000 trámites realizados, demuestra el compromiso estatal con la ampliación del acceso a la identidad.
El impacto de la falta de documentación
La ausencia de documentos dificulta el acceso a servicios básicos y a derechos que muchas veces son considerados universales, ya que, por ejemplo, sin DNI no se puede gestionar la inscripción escolar, obtener un empleo formal, cobrar beneficios sociales o realizar trámites legales básicos como el matrimonio o la inscripción de hijos.
Esta situación afecta principalmente a sectores en condiciones de vulnerabilidad social, que enfrentan además otras problemáticas como la pobreza, la falta de acceso a la salud y la educación.
Por lo tanto, garantizar el acceso a la identidad es, entonces, un paso imprescindible para mejorar la calidad de vida de estas personas, dándoles herramientas para su inclusión y desarrollo.
A pesar de los avances, el trabajo para garantizar el derecho a la identidad aún enfrenta desafíos. La demanda por estos trámites sigue siendo elevada, lo que exige mantener y fortalecer las políticas públicas vigentes.
La continuidad de programas como “Mi Identidad Mi Derecho” es fundamental para atender a quienes aún no han podido acceder a su documentación. Además, el Estado debe seguir facilitando los trámites con sistemas ágiles y cercanos a la comunidad.
Fuente: Gobierno de la provincia de Buenos Aires
Foto: Gobierno de la provincia de Buenos Aires
