El movimiento de los indignados vuelve a tomar hoy la calle en Madrid para rechazar la reforma constitucional para limitar el déficit acordada por el gobierno y el principal partido opositor y exigir un referendo, en una jornada en la que también se movilizan los sindicatos en distintas ciudades de España.
Las manifestaciones tienen lugar en la víspera de la votación de la reforma en el Congreso de Diputados español, donde saldrá adelante, salvo sorpresas, con el apoyo de los dos grandes partidos españoles, el gobernante socialismo y el derechista Partido Popular (PP).
“No a esta reforma de la Constitución. Abajo el orden de los mercados y el capital”, es el lema que llevarán los seguidores del también denominado 15-M en la manifestación que partirá a última hora de esta tarde desde Atocha hasta el Congreso de Diputados, donde mañana se votará la polémica reforma constitucional.
Unos 200 indignados marcharon anoche desde la sede del gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en la calle Ferráz de Madrid hasta la sede del PP, con la misma intención: rechazar el pacto bipartidista que modifica la Carta Magna con la única intención de poner un techo al déficit público.
Los indignados, que exigen un referendo sobre esta reforma, denuncian que los partidos mayoritarios siguen al servicio de los mercados y actúan a espaldas de la ciudadanía.
Más de un centenar de personas se manifestaron también hoy frente a la delegación del gobierno central en Santander, convocados por los dos grandes sindicatos de España, Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT). Habrá concentraciones de indignados y de los sindicatos en otras ciudades como Sevilla, Granada, Málaga, Almería, Pamplona, Logroño y Toledo.
Los sindicatos y organizaciones sociales preparan una gran marcha para el 6 de septiembre en Madrid y Barcelona.
En este marco, los socialistas negocian con los nacionalistas catalanes de Convergencia i Unió (CiU) para que se sumen al acuerdo alcanzado con el PP, según reveló el propio presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
Sin embargo, el portavoz de la formación catalana, Josep Antoni Duran i Lleida, dijo hoy que no cree posible un acuerdo ya que CiU lo condiciona a que las comunidades autónomas “puedan fijar su propio límite de déficit”, algo que no contempla la reforma constitucional.
Los nacionalistas catalanes tampoco quieren que una ley orgánica fije el techo de déficit, como establece el proyecto de reforma del Artículo 135 de la Carta Magna, que introduce el principio de “estabilidad presupuestaria”.
Por su parte, los partidos independentistas catalanes y vascos, ERC (Esquerra Republicana de Cataluña) y PNV (Partido Nacionalista Vasco) presentaron enmiendas separadas al proyecto para añadir una disposición transitoria que reconozca el derecho a la “autodeterminación” del País Vasco y Cataluña.
ERC junto con Izquierda Unida (IU) y el resto de partidos de izquierda tienen previsto expresar su rechazo a la reforma mañana abandonando el pleno del Congreso antes de la votación, reveló el portavoz de los independentistas catalanes, Joan Ridao, en conferencia de prensa.
Ante la nueva jornada de movilizaciones contra la reforma y en exigencia de un referendo, el portavoz del gobierno socialista y Ministro de Fomento, José Blanco, reconoció que al Ejecutivo le “hubiese gustado compartir con los ciudadanos la decisión” respecto a la reforma de la Carta Magna pero “la gravedad de la situación exigía respuestas rápidas”, según declaró a la radio Cadena Ser.
