La Comisión Provincial por la Memoria, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y la Asociación de Profesionales en Lucha (APEL), se presentaron en la causa judicial que tramita ante el Juzgado Federal N° 1 de La Plata en la que se investiga la gravísima acusación realizada por el gobierno municipal contra manteros senegaleses de la ciudad y contra un integrante del Colectivo de abogados populares “La Ciega”.
El gobierno encabezado por Julio Garro los acusa de integrar una supuesta asociación ilícita y una red criminal dedicada al tráfico y trata de personas con fines de explotación laboral, entre otros graves delitos.
Dicha denuncia había sido presentada por las autoridades locales el 31 de agosto del año pasado y, según dice el comunicado del colectivo de abogados, fue “como represalia a la acción de amparo colectivo promovido por la comunidad senegalesa y por el Colectivo “La Ciega” contra la Municipalidad de La Plata y el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires”.
“Se reclamaba el cese inmediato de la sistemática violencia discriminatoria y xenófoba ejercida por Control Urbano y la Policía Bonaerense contra manteros senegaleses en el marco de operativos municipales contra la venta ambulante”, explicaron.
Por la denuncia del municipio, “La Ciega” comentó que “el Fiscal Guillermo Ferrara dio curso favorable a la denuncia desplegando una batería de medidas investigativas y persecutorias, entre las que se encuentran reiterados pedidos a la División de Inteligencia Criminal de la Prefectura Naval Argentina para que desarrolle tareas de vigilancia encubierta sobre referentes de la comunidad senegalesa de la ciudad y sobre el mencionado integrante del Colectivo ´La Ciega´ indicado por el gobierno municipal como el abogado de la ´mafia criminal´”.
Pero el informe agregado a la causa penal en los últimos días, confeccionado por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, la Subsecretaría de Derechos Humanos provincial, entre otros, indicaron que el resultado de un censo realizado a la comunidad senegalesa no arrojó ningún dato que avale las “delirantes” afirmaciones expresadas por el gobierno municipal.
“Una vez más volvemos a exigir el cierre de la causa y el cese de la persecución y hostigamiento de la intendencia a la comunidad senegalesa y a quienes hemos asumido el compromiso de defender los derechos humanos”, concluyó el comunicado.
Fuente imagen: Instagram Colectivo de abogados “La Ciega”.
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