Matías Oberlin, integrante del Observatorio de Tierras, cuestionó el proyecto impulsado por el Gobierno nacional para modificar la legislación vigente sobre la propiedad rural. Aseguró que la iniciativa elimina los límites a la adquisición de tierras por parte de capitales extranjeros y la vinculó con un modelo económico orientado a la entrega de recursos estratégicos y al debilitamiento del Estado.
La posible derogación de los principales artículos de la Ley de Tierras volvió a instalar el debate sobre la soberanía territorial. En ese contexto, el historiador, becario del CONICET e integrante del Observatorio de Tierras, Matías Oberlin, dialogó con No Te Duermas, por Pulenta Stream, y advirtió que el proyecto impulsado por el Gobierno nacional representa un cambio de paradigma respecto del control sobre el territorio argentino.
Según explicó, la iniciativa oficial presentada bajo el nombre de "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada", busca eliminar los límites establecidos por la Ley 26.737, sancionada en 2011, para regular la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.
Oberlin aclaró que el debate no pasa por la inmigración ni por la llegada de ciudadanos extranjeros al país. La extranjerización no tiene que ver con personas que vienen a vivir a la Argentina. Hablamos de grandes corporaciones, fondos de inversión y grupos transnacionales que adquieren enormes extensiones de territorio y las controlan desde el exterior, sostuvo.
El investigador recordó que este proceso comenzó a profundizarse durante la década de 1990 y que, frente a ese escenario, el Congreso aprobó una ley que fijó un límite máximo del 15% de tierras rurales en manos extranjeras a nivel nacional, provincial y departamental.
Además, restringió la adquisición de zonas ribereñas y cuerpos de agua estratégicos, limitó la cantidad de hectáreas que puede adquirir un mismo titular según cada región del país y evitó que una sola nacionalidad pudiera concentrar la totalidad del porcentaje permitido.
Para Oberlin, el punto central del proyecto oficial es precisamente la derogación de esos artículos. "Llama la atención que aparezca resumido en un solo renglón dentro de una ley mucho más amplia, pero que ese renglón nunca haya sido modificado en las distintas versiones del proyecto. Eso demuestra que constituye el verdadero corazón de la iniciativa, afirmó.
El Observatorio de Tierras elaboró un mapa interactivo a partir de información oficial suministrada por el Registro Nacional de Tierras Rurales. Los datos muestran que actualmente existen más de 13 millones de hectáreas en manos extranjeras, una superficie equivalente a la provincia de Santa Fe o al territorio de Inglaterra.
No obstante, Oberlin aclaró que esa cifra representa alrededor del 5% del territorio nacional, muy por debajo del límite del 15% previsto por la legislación vigente. Con la ley actual todavía podrían extranjerizarse aproximadamente 26 millones de hectáreas más. Entonces la pregunta es por qué existe tanto interés en eliminar una norma que todavía deja semejante margen, planteó.
El relevamiento también detectó que existen 36 departamentos que ya superan el límite previsto por la ley. Según explicó, todos ellos se ubican en zonas consideradas estratégicas: regiones de frontera, áreas con importantes reservas de agua, minerales críticos, hidrocarburos o ubicadas sobre la principal cuenca fluvial del país.
Lo que está en juego es la soberanía. La presión territorial se concentra precisamente sobre aquellos lugares donde existen recursos estratégicos para el desarrollo nacional, remarcó.
Un modelo económico que excede la Ley de Tierras
Durante la entrevista, Oberlin también rechazó uno de los principales argumentos utilizados por el Gobierno para justificar la reforma. Aclaró que el Observatorio no cuestiona la inversión extranjera en sí misma, sino la transferencia del control territorial y de recursos estratégicos.
Una cosa es que existan inversiones; otra muy distinta es que grandes capitales extranjeros pasen a controlar porciones significativas del territorio argentino", explicó.
Asimismo, sostuvo que el argumento de la generación de empleo tampoco se corresponde con la realidad. Según indicó, las actividades extractivas son, justamente, las que menos puestos de trabajo generan en relación con el volumen de inversiones que reciben.
Para el investigador, la modificación de la Ley de Tierras forma parte de un programa mucho más amplio. En ese sentido, sostuvo que el Gobierno impulsa un modelo basado en cuatro ejes complementarios.
El primero, dijo, consiste en el deterioro de las condiciones laborales y del aparato productivo mediante la flexibilización laboral y el cierre de industrias. El segundo apunta al debilitamiento de organismos públicos estratégicos como el CONICET, el INTA, Vialidad Nacional, el Servicio Meteorológico Nacional y otras instituciones encargadas de producir información y ejercer controles sobre el territorio.
Como tercer componente ubicó las modificaciones impulsadas sobre distintas normativas vinculadas a los recursos naturales, entre ellas la Ley de Glaciares, la Ley de Manejo del Fuego, la propia Ley de Tierras y la derogación de la Ley de Relevamiento Territorial Indígena, medidas que, según su interpretación, incrementan la presión sobre territorios de alto valor estratégico.
Finalmente, señaló que el cuarto pilar está constituido por los beneficios impositivos y regulatorios otorgados a grandes empresas extractivas, junto con las concesiones sobre infraestructura clave, como la hidrovía y las centrales hidroeléctricas.
Todo esto forma parte de un mismo proyecto. No estamos discutiendo solamente la propiedad de la tierra, sino el modelo de país y el grado de soberanía que la Argentina conservará sobre sus recursos naturales y su territorio, concluyó Oberlin.
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