Fue por la denuncia de varios diputados del Frente para la Victoria. También están imputados en esa causa los exministros de Energía Javier Iguacel y Juan José Aranguren.
Por irregularidades en licitaciones
En medio de la polémica por los aumentos en las tarifas y debido a una denuncia impulsada por los diputados del Frente para la Victoria, la Justicia federal abrió una investigación contra el presidente Mauricio Macri y los exministros de Energía Juan José Aranguren y Javier Iguacel, por el intento de privatizar a precio vil las centrales termoeléctricas Ensenada de Barragán y Brigadier López.
La decisión había sido comunicada por el decreto 882/2017, publicado el 1 de noviembre de 2017 en el Boletín Oficial y llevaba la firma del propio presidente Macri. Situación por la cual los diputados nacionales Rodolfo Tailhade, María Emilia Soria, María Fernanda Vallejos y Adrián Grana decidieron presentar la denuncia.
La causa cayó en manos del juez Daniel Rafecas e investiga el fiscal Gerardo Pollicita, quienes además están investigando al presidente de Ieasa -la ex Enarsa-, Mario Dell Aqua; el director ejecutivo y gerente de termoeléctricas de Ieasa, Alberto Raúl Brusco; el gerente de control de proyectos de Ieasa, Adolfo Marcelo Piccinini; el ex presidente de Enarsa, Hugo Balboa; y el empresario Ángelo Calcaterra, dueño de Iecsa, histórica empresa del Grupo Macri.
Además, esta semana se conoció la información de que las empresas que preclasificaron en las licitaciones: Central Puerto, fue la única sociedad admitida para la usina Brigadier López; mientras que por Ensenada de Barragán hicieron lo propio YPF y la misma Central Puerto.
Cabe señalar que la central Barragán fue tasada por el Estado en más de 305 millones de dólares y un monto mínimo de oferta en efectivo de 229 millones de dólares; mientras que para Brigadier López, la valuación oficial fue de 207 millones de dólares con un mínimo de oferta en efectivo de 155 millones de dólares. Es decir que, en total, serían casi 400 millones de dólares menos que el valor real de las usinas.
Ante esta situación, los denunciantes se preguntaron en su escrito sobre “¿cómo puede admitirse que el Estado Argentino enajene activos públicos estratégicos por casi 267 –Barragán- y 110 –Brigadier López- millones de dólares menos de lo que valían en 2012?”.
Asimismo, afirmaron que “los propios resultados operativos financieros publicados por ENARSA relativos a las dos usinas muestran que el Estado está enajenando dos centrales rentables a precio vil para que Caputo continúe haciendo millonarios negocios: el resultado EBITDA (sin deducir impuestos) de Barragán para 2017 registró una ganancia de 121,4 millones de dólares, y de 62 millones de dólares para Brigadier López”.
“En el proceso licitatorio ocurrieron numerosas irregularidades, como que Iecsa -que junto a Isolux había ganado la licitación para la construcción de las centrales- dejó sin terminar las obras y fue indemnizada con 1.600 millones de pesos por el Estado durante la actual presidencia del primo de Calcaterra, Mauricio Macri”, aseveraron.
También advirtieron que dos de los imputados, Brusco y Piccinini, “trabajaron durante más de una década para Calcaterra y el grupo Macri, y a fines de 2017 desembarcaron en Enarsa de la mano de Aranguren y Balboa, con lo cual estuvieron en los dos lados del mostrador en la negociación que le reportó una indemnización de 1.600 millones de pesos a Calcaterra”.
Por último y según los denunciantes, “resulta evidente que los antiguos empleados de la familia Macri han sido allí designados para direccionar y/o influir sobre el procedimiento de privatización de las centrales térmicas y favorecer económicamente a distintas personas cercanas al Presidente”.
