El poder de compra del haber básico acumula una caída del 40,8 por ciento bajo la actual gestión nacional y opera como un factor de profunda tensión social.
Por Florencia Belén Mogno
El deterioro de los ingresos en la economía argentina profundiza su caída y marca registros preocupantes para los sectores de menores recursos. La pérdida del poder adquisitivo acumula cifras alarmantes en el mediano plazo y expone una brecha cada vez más amplia frente al costo de vida y los servicios públicos.
La situación económica general atraviesa un período de fuerte tensión debido al impacto de la inflación sobre los ingresos formales de base. Diversos sectores de trabajadores advierten sobre la licuación constante de sus percepciones mensuales, mientras las referencias salariales obligatorias pierden peso como herramientas de contención social.
Las proyecciones y mediciones recientes reflejan un escenario crítico para la subsistencia de los hogares que dependen de estos estipendios. Cada actualización nominal resulta insuficiente frente a la escalada constante de precios en bienes esenciales y servicios regulados.
Un desplome frente a la gestión actual
De acuerdo con el material al que accedió Diario NCO, el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) registró una destrucción real del 40,8 por ciento de su poder adquisitivo durante el Gobierno Nacional actual, al comparar septiembre de 2026 con noviembre de 2023.
Los datos se desprenden de un informe difundido por equipos de investigación económica, el cual detalla que para alcanzar el nivel promedio que regía en 2023 se necesitaría un incremento del 70,7 por ciento equivalente a unos $271.315 adicionales a valores actuales.
La pérdida acumulada se amplió al contrastar con períodos presidenciales previos. Para equiparar el poder de compra que ostentaba en noviembre de 2019, la suba pendiente debería ser de $389.185, lo que representa un 101,4 por ciento de aumento. La distancia se volvió más extrema al remontarse a noviembre de 2015, donde la recomposición requerida treparía a $624.136, es decir, un salto del 163,6 por ciento para rescatar aquellos parámetros de ingresos.
Comparaciones con los años noventa y el pico de 2011
En ese sentido, el análisis histórico demostró que el valor vigente del salario mínimo se encuentra un 12,3 por ciento por debajo del promedio registrado a lo largo de toda la década de 1990. Esta ubicación sitúo al indicador actual en una línea real muy similar a la de abril de 2002, considerado uno de los momentos de mayor colapso en el poder adquisitivo de las últimas décadas argentinas.
Según el estudio, la brecha resultó más profunda al tomarse como referencia el máximo histórico alcanzado en septiembre de 2011. La recuperación de aquel pico requeriría que el SMVM trepe hasta los $1.158.888 a valores de septiembre de 2026, evidenciando que el nivel actual permanece un 66,9% por debajo de aquella marca de referencia.
Mientras los ingresos básicos mostraron un sendero de debilidad, el reporte al que pudo acceder este medio señaló que los costos de los servicios públicos y el transporte avanzaron por una vía distinta.
El informe detalló que, frente a un incremento marginal del SMVM del 158 por ciento, las tarifas del subte se dispararon un 2.005 por ciento, el colectivo aumentó un 1.510 por ciento, el tren trepó un 1.090 por ciento, la electricidad, el gas y los combustibles acumularon una suba del 856 por ciento, y la nafta súper escaló un 631 por ciento.
La postura oficial y el rol de la Secretaría de Trabajo
En este contexto, el informe apuntó que la política implementada por el Estado nacional en materia de ingresos mínimos fue y es objeto de críticas recurrentes por parte de los sectores gremiales. El documento subrayó que, desde el inicio de la administración actual, la Secretaría de Trabajo estableció de forma sistemática el SMVM en los montos solicitados por las cámaras empresarias.
Dichas resoluciones oficiales dejaron de lado los reclamos de recomposición planteados por las organizaciones de trabajadores. Este criterio se reprodujo de manera calcada en hitos consecutivos como junio de 2024, diciembre de 2024, abril de 2025, noviembre de 2025 y septiembre de 2026.
Mediante esta metodología de arbitraje, la cartera laboral consolidó de manera sostenida una política de desnaturalización del salario mínimo. De este modo, la herramienta concebida originalmente para garantizar alimentación adecuada, vivienda digna y educación queda reducida a una cifra nominal desvinculada de la realidad inflacionaria y tarifaria.
Fuente fotografías: redes sociales.
