La planta de personal registró una caída del 21 por ciento en el marco de una política de reducción oficial, con impactos en organismos descentralizados, empresas públicas y áreas científicas como el Conicet.
Por Florencia Belén Mogno
La gestión económica actual profundizó un sendero de contracción sobre las estructuras estatales, modificando de manera sustancial las capacidades operativas de distintas dependencias. Los datos oficiales reflejaron un volumen de cesantías que alteró el funcionamiento administrativo en múltiples jurisdicciones del país.
Diversos sectores sindicales y áreas de investigación advirtieron sobre las consecuencias operativas de esta merma de personal. Las reducciones afectaron tanto a la atención directa a la ciudadanía como a las tareas de control, fomento productivo y desarrollo tecnológico.
En ese sentido, Diario NCO tuvo la oportunidad de acceder a un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), acerca de la situación de crisis que atraviesa el sector público en cuanto al empleo.
Una caída del 21 por ciento en la planta estatal
La administración gubernamental implementó una política deliberada de ajuste y desmantelamiento del sector público nacional entre diciembre de 2023 y julio de 2026. Los datos surgieron de un informe que detalló la pérdida de 72.522 puestos de trabajo, cifra que representó una caída del 21 por ciento en la dotación total y un promedio cercano a las 70 personas despedidas por día.
En términos absolutos, la administración descentralizada concentró el mayor volumen de bajas, seguida por las empresas y sociedades estatales, además de los organismos centralizados. No obstante, en términos proporcionales, el recorte castigó con mayor intensidad a la administración centralizada, evidenciando un vaciamiento directo de las funciones troncales del Poder Ejecutivo.
El análisis de las empresas públicas ubicó al Correo Argentino al frente de los casos más significativos con 5.618 despidos. Detrás se posicionaron la Operadora Ferroviaria con 4.305 cesantías, el Banco Nación con 2.381 y Aerolíneas Argentinas con 1.923 trabajadores menos.
Los recortes en medios y organismos de control
Por otra parte, el estudio señaló que la dimensión proporcional de la poda expuso situaciones extremas en el sector empresario del Estado, donde la ex agencia de noticias Télam encabezó la lista tras prescindir del 79 por ciento de su plantilla. Detrás se ubicaron ENARSA Patagonia, Educar S.A., Contenidos Públicos S.E. y la Casa de la Moneda, las cuales mostraron reducciones drásticas en su dotación operativa.
En el ámbito de la Administración Pública Nacional, que comprendió a organismos desconcentrados y descentralizados, el impacto absoluto más fuerte recayó sobre la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) con 3.463 puestos eliminados. La ANSES registró 3.004 bajas y el CONICET sufrió la supresión de 2.121 vínculos laborales.
En el plano porcentual dentro de la misma órbita, el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales lideró la tabla con una merma del 63 por ciento de su personal. La Junta de Seguridad en el Transporte (JST) secundó esta tendencia con una reducción del 53 por ciento, mientras que el INAES completó el podio al recortar el 46 por ciento de su dotación original.
Impacto estructural y futuro de las prestaciones estatales
La magnitud de la reestructuración plantea interrogantes profundos sobre la capacidad del Estado para regular y fiscalizar áreas estratégicas de la economía y la sociedad. Especialistas en administración pública señalaron que la pérdida masiva de trabajadores con alta calificación técnica compromete la continuidad de políticas públicas esenciales y debilita los mecanismos de control institucional.
Las consecuencias de este repliegue estatal repercutieron tanto en las provincias como en los grandes centros urbanos, donde la merma de recursos humanos ralentizó la tramitación de prestaciones básicas.
Mientras el oficialismo defendió la medida como un paso indispensable hacia el equilibrio fiscal, los gremios estatales alertaron sobre un proceso de desguace irreparable que deterioró las prestaciones destinadas a los sectores más vulnerables de la población.
Fuente fotografías: redes sociales.
