Con deudas millonarias y salarios adeudados, la empresa seguirá operando parcialmente mientras se define la venta de sus activos.
Por Verónica Llonto
La industria láctea argentina quedó marcada por un hecho histórico tras conocerse que la Justicia de Santa Fe decretó formalmente la quiebra de SanCor Cooperativas Unidas Limitada. La medida fue tomada por la Justicia de Santa Fe, luego de que la propia conducción de la empresa solicitara la resolución ante la inviabilidad de renegociar su pasivo.
Fundada en 1938, SanCor llegó a ser una de las principales cooperativas lácteas de América Latina, con presencia en todo el país y un fuerte peso en las economías regionales. Su progresivo deterioro financiero en los últimos años incluyó la venta de activos, la reducción de su capacidad productiva y reiterados intentos fallidos de reestructuración.
La crisis financiera de la firma es profunda, con una deuda total que asciende a los 120 millones de dólares. Según fuentes judiciales, la situación incluye varios meses de sueldos adeudados a los trabajadores, además de compromisos impositivos y comerciales que superan los 30.000 millones de pesos. El magistrado a cargo del caso consideró que el concurso preventivo había fracasado y que la empresa ya no contaba con capacidad para generar ingresos genuinos.
A pesar del decreto de quiebra, la Justicia ordenó la continuidad operativa transitoria de los establecimientos que actualmente mantienen actividad productiva. El juez afirmó que "el objetivo es preservar el valor de la empresa mientras se avanza hacia un proceso de licitación para la venta de sus activos”. La sindicatura tendrá un plazo de cinco días para definir qué unidades productivas seguirán en funcionamiento.
El impacto en la región y el empleo
La caída de SanCor representa un golpe histórico para la cuenca lechera y el sector cooperativo de la Nación. Los representantes gremiales indicaron: "Los trabajadores no perciben sus haberes desde hace meses y la incertidumbre es total". Sin embargo, el fallo judicial estableció que los salarios que se generen a partir de esta nueva etapa tendrán prioridad de pago por sobre otras deudas anteriores.
Desde el Gobierno provincial y las carteras de producción siguen de cerca el proceso de liquidación, ya que la meta es que las plantas puedan ser adquiridas por nuevos operadores que garanticen las fuentes de trabajo. El magistrado señaló que “la liquidación se realizará mediante una licitación pública que podría incluir la venta de la empresa en su conjunto o por unidades separadas”.
Con casi 90 años de historia, la cooperativa que supo ser el motor de cientos de pueblos rurales enfrenta ahora su etapa final. La resolución judicial marca el inicio de un proceso de desguace controlado bajo control estatal, con la esperanza de que la infraestructura productiva pueda reactivarse bajo una nueva administración en el corto plazo.
Fuente: infobae.com
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