Lo escuchaste en No Te Duermas
Así lo afirmó Sebastián Bravo, trabajador de La Casa de la Moneda y delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), en referencia al vaciamiento del sector y la situación de vulnerabilidad de los trabajadores.
Por Soledad Martínez
martinezgsoledad@gmail.com
La Casa de la Moneda, institución histórica y símbolo de la soberanía económica argentina, atraviesa una de las crisis más profundas de su historia. En diálogo con No Te Duermas Sergio Bravo, delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y empleado de la entidad, describió el difícil panorama que enfrentan más de 1.300 trabajadores, marcado por la intervención, la falta de licitaciones y condiciones laborales.
Desde noviembre, la Casa de la Moneda se encuentra intervenida por un período de 180 días, durante el cual las operaciones han sido restringidas. Según Bravo, aunque no se ha decretado un cierre definitivo, las licitaciones para la producción de pasaportes, cédulas y billetes siguen sin retomarse.
Las pocas actividades en curso incluyen la producción de chapas patentadas, estampillas de cigarrillos y remanentes de pasaportes. Sin embargo, estas tareas solo garantizan empleo hasta marzo de 2024, aumentando la incertidumbre.
Para Bravo, la situación en la Casa de la Moneda refleja un proceso preocupante de flexibilización laboral en el sector público. Los empleados denuncian que se están vulnerando derechos básicos como la estabilidad laboral, el cobro puntual de salarios completos y la posibilidad de decidir cuándo tomar vacaciones.
Según el trabajador, la implementación de como el pago de sueldos en cuotas y la obligación de aceptar vacaciones anticipadas o pendientes está generando una asfixia económica entre los trabajadores.
Estas condiciones llevan a los empleados a aceptar arreglos voluntarios por miedo a quedarse “sin nada” ante una posible declaración de quiebra. Mecanismo que se traduce en despidos encubiertos. “En vez de avanzar en los derechos, avanzamos en la flexibilización”, afirmó Bravo.
Además, los empleados han visto degradadas sus funciones calificadas, ya que trabajadores con años de experiencia en tareas especializadas ahora se ven obligados a realizar labores que no corresponden a sus competencias.
“Vamos retrocediendo también en nuestras funciones por ejemplo cualquier compañero acá maquinista que portaba una experiencia hoy está abriendo puertas, sin desmerecer lo que es abrir una puerta, pero estamos perdiendo nuestra función calificada al agarrar lo que sea para cuidar la fuente de trabajo”, detalló el gremialista.
La Casa de la Moneda, es una institución clave en la producción de billetes y documentos oficiales, pero el gobierno parece decidido a entregar la soberanía monetaria al sector privado, según advirtió Bravo.
La preocupación por el destino de los empleados de la entidad, crece día a día. “Hay gente que acá tiene más de 25 años de carrera y si queda en la calle prácticamente no va a conseguir otro trabajo, porque la calificación o lo que sabe hacer su oficio no lo va a poder realizar en otro lado”.
Rechazo a los exámenes de idoneidad
En el sector estatal, miles de trabajadores enfrentarán la obligación de rendir exámenes de idoneidad para mantener sus puestos. Esta medida ha generado un fuerte rechazo entre los gremios y organizaciones de empleados públicos, que consideran esta exigencia un acto discriminatorio e inconstitucional.
“Nosotros no portamos ese examen porque pertenecemos al 214, un convenio colectivo. Pero en las próximas semanas se va a aplicar a 40.000 empleados estatales que tampoco tienen estabilidad, porque son contratados. Siempre hablamos de que el principal negrero es el Estado, porque cada tres meses ellos tienen que renovar contrato, incluso gente que tiene más de 25 años de carrera”, explicó el delegado de ATE.
La oposición a las solicitudes de idoneidad se ha transformado en un eje central de las movilizaciones de los trabajadores estatales. Según Bravo, ATE, junto a las CTA y otros gremios, planea realizar un “ruidazo” la próxima semana para visibilizar su rechazo. Asimismo, ya se ha presentado una medida cautelar ante la justicia para frenar la implementación de estas pruebas, argumentando que son “totalmente inconstitucionales” y constituyen “un despido encubierto”.
“Lo vamos a seguir transmitiendo seguramente. Vamos a agotar todas las instancias que tengamos para no naturalizar esto, porque no se les garantiza la estabilidad a los empleados. Es totalmente reprochable que en situaciones de calle y precariedad se les exija un examen para seguir trabajando”, denunció.
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