Edición N° 9192
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Baja de la edad de imputabilidad: “Seis meses es un plazo irrisorio” para adecuar el sistema bonaerense

Luis Zerillo cuestionó el tratamiento legislativo de la norma.

El secretario de Responsabilidad Penal Juvenil de la provincia de Buenos Aires cuestionó los plazos de implementación de la nueva ley, advirtió sobre la falta de financiamiento nacional y señaló que, mientras disminuye la participación de menores de 18 años en el total de los delitos, aumenta la cantidad de adolescentes privados de su libertad.

La aprobación de la nueva ley que modifica el régimen de responsabilidad penal juvenil abrió un escenario de preocupación en el Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Luis Zerillo, secretario de Responsabilidad Penal Juvenil bonaerense, cuestionó el tratamiento legislativo de la norma, advirtió sobre la falta de recursos para su implementación y sostuvo que los plazos establecidos por el Gobierno nacional resultan insuficientes para adecuar la infraestructura y los dispositivos de atención.

En diálogo con el programa No Te Duermas, de Pulenta Stream, el funcionario señaló que la provincia no tuvo un ámbito adecuado para expresar su posición durante el debate legislativo. “La ley se votó durante las sesiones extraordinarias, en el verano, cuando no hay posibilidad de debate en comisiones. No hubo realmente un ámbito para poder expresar una posición ni el tiempo suficiente para discutirla”, afirmó.

Zerillo consideró que, después de casi 40 años sin modificaciones en la legislación, podría haberse desarrollado una discusión más amplia, con participación de las jurisdicciones involucradas. En particular, cuestionó que la nueva normativa establezca apenas seis meses para su implementación.

“El sistema estaba preparado para alojar, asistir y supervisar a jóvenes de 16 y 17 años y, en solo seis meses, tuvo que duplicar su capacidad de respuesta porque se duplicó la población objetivo”, explicó.

El reclamo por la falta de financiamiento

Uno de los principales cuestionamientos del funcionario estuvo dirigido a la distribución de los recursos previstos para poner en marcha la nueva legislación. Según explicó, el Gobierno nacional asignó 23.000 millones de pesos para su implementación, pero esos fondos están destinados a la estructura federal, mientras que los dispositivos de alojamiento y atención de jóvenes privados de su libertad dependen de las provincias.

“Les impuso a las provincias una condición y un aumento de la población a la que deben asistir, pero eso no vino acompañado de ningún financiamiento, de ningún presupuesto ni siquiera del tiempo necesario para adecuarse”, sostuvo.

En ese contexto, destacó la dimensión del sistema bonaerense: de acuerdo con los datos que presentó, la provincia concentraba en 2024 el 63% de los menores de 18 años privados de su libertad en el país. Según estimó, actualmente esa proporción supera el 70%.

Frente a este escenario, Zerillo detalló las medidas que lleva adelante la administración provincial para ampliar la capacidad de alojamiento. Entre ellas, mencionó la construcción de un complejo en Abasto, que contempla cinco módulos de alojamiento, enfermería, escuela y espacios deportivos multipropósito. El primero de esos módulos ya fue inaugurado por el gobernador Axel Kicillof.

También destacó las obras de ampliación y remodelación de estructuras existentes, entre ellas el dispositivo de Virrey del Pino, en el partido de La Matanza, donde se está duplicando la capacidad de alojamiento.

“Para el Estado, una obra implica planificación, diseño, licitación, adjudicación y aprobación de los organismos de control. Seis meses es un plazo irrisorio. Estamos corriendo contrarreloj”, advirtió.

El funcionario aclaró que la provincia no determina qué jóvenes deben permanecer privados de su libertad, sino que actúa como autoridad de aplicación y debe garantizar el cumplimiento de las decisiones del Poder Judicial.

Menos participación en los delitos, pero más adolescentes privados de libertad

Durante la entrevista, Zerillo también se refirió a la percepción social de que cada vez hay adolescentes más jóvenes involucrados en hechos delictivos, una preocupación que suele aparecer con fuerza en distritos como La Matanza.

En respuesta, presentó estadísticas de la Procuración General bonaerense que muestran una tendencia diferente. Según indicó, la participación de menores de 18 años en el total de los delitos registrados en la provincia pasó del 4,2% en 2015 al 2,1% en la actualidad.

“Se ha reducido a la mitad la participación de los menores de 18 años en el total de los delitos”, afirmó.
Sin embargo, señaló una contradicción que considera central para analizar la política criminal juvenil: mientras disminuye la participación de adolescentes en el conjunto de los delitos, aumenta la cantidad de jóvenes privados de su libertad.

“Hoy estamos en uno de los índices históricos más altos de jóvenes menores de 18 años privados de su libertad”, advirtió.

Al explicar este fenómeno, sostuvo que los niveles de prisionización responden a múltiples factores y que los hechos de mayor gravedad y sensibilidad social pueden incidir en las decisiones judiciales, en el cumplimiento de las medidas y en las posibilidades de acceder a salidas anticipadas o morigeraciones.

Finalmente, señaló que existen diferencias de criterios entre los distintos departamentos judiciales de la provincia y dentro del propio fuero de responsabilidad penal juvenil, otro de los factores que intervienen en la evolución del sistema.

 

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