El pasado miércoles 26 de febrero la querella de Justicia Ya! La Plata, hizo su alegato en los Tribunales Federales de la capital de Buenos Aires.
La misma se llevó a cabo en el marco del juicio por los delitos cometidos en la Brigada de Investigaciones de San Justo, partido de La Matanza, durante la última dictadura cívico-militar-eclesiástica.
A más de dos años desde el inicio del juicio oral contra 18 genocidas de la Brigada de Investigaciones de San Justo, el miércoles pasado fue el turno del alegato de la querella colectiva de Justicia Ya! La Plata. La querella solicitó prisión perpetua para todos los imputados y la revocación de las detenciones domiciliarias.
Alegato colectivo
En los Tribunales Federales de La Plata, con la sala colmada de familiares, víctimas y referentes de derechos humanos fue expuesto el alegato del colectivo Justicia Ya! (Asociación de Ex – Detenidos Desaparecidos; Asociación Anahí; Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH); Asociación de Profesionales en Lucha (APEL).
También lo hicieron el Centro por los Derechos Humanos Hermanos Zaragoza; el Comité de Acción Jurídica (CAJ), HIJOS La Plata) por las abogadas Luz Santos Morón y Pía Garralda y el abogado Nicolás Tassara, todo estos en representación de los querellantes particulares Eduardo Corro, Adriana Chamorro y María Victoria Moyano Artigas.
Durante la audiencia ante el Tribunal Oral Federal N°1, pidieron que se condene a prisión perpetua a siete integrantes del Destacamento 101, nueve miembros de la policía bonaerense -entre ellos Etchecolatz- y dos funcionarios civiles responsables de secuestros, delitos sexuales, torturas, desapariciones forzadas y homicidios en la Brigada de Investigaciones de San Justo por considerarlos coautores del delito internacional de genocidio.
Denuncia de impunidad
Los abogados querellantes comenzaron exponiendo el entramado de impunidad que se fue tejiendo desde la dictadura cívico-militar-eclesiástica, que se perpetuó con las leyes de obediencia debida, el punto final y los indultos del menemismo. Pero, además, denunciaron la impunidad de hoy: recordaron a Jorge Julio López, el nombramiento de Cesar Milani a cargo de las FFAA.
Además fueron contra el negacionismo del gobierno macrista, los juicios a cuenta gotas y fragmentados, donde al día de la fecha solo han sido juzgados 1,5 represores por cada centro clandestino de detención que funcionó en nuestro país, además de no avanzar en el juzgamiento de los civiles responsables.
Luego recordaron a los compañeros y compañeras, como así también a familiares que fallecieron sin conocer la sentencia, y aquellos que tuvieron problemas de salud. También reafirmaron la importancia de cada testimonio y la continua exigencia de la apertura de los archivos para saber qué pasó con los 30.000.
Un poco de historia
La Brigada de Investigaciones de San Justo, partido de La Matanza, que funcionó como centro clandestino de detención quedó demostrado que fue uno de los 29 que integraron el conocido Circuito Camps, en él actuaban fuerzas conjuntas y por dicho circuito represivo pasaron cientos de compañeros y compañeras de la zona oeste del conurbano bonaerense.
A su vez, quedó evidenciado a partir de los testimonios brindados por la nieta restituida Victoria Moyano Artigas y las sobrevivientes Elba Balestri y Ema Lucero que ya para el año 1974 dicha Brigada funcionaba como CCD, siendo parte del engranaje del conocido Plan Cóndor, es decir de la coordinación represiva y de inteligencia contra opositores políticos que llevaban adelante los países del cono sur orquestado por el propio imperialismo norteamericano.
Sin embargo, este juicio abarca 84 casos durante el período determinado entre el 21 de marzo de 1976, fecha de ingreso de María Dolores Serbia a este CCD, y el mes de octubre de 1978. De esta manera, 8 casos corresponden a personas ingresadas a la Brigada de Investigaciones de San Justo en el año ’76, 48 en el año 77 y 28 en el año ’78.
En ese mismo sentido, en su exposición la querella también denunció que muchos casos quedaron por fuera de este debate, entre ellos la apropiación y sustracción de la identidad de niñas vinculada directamente con represores de San Justo.
Contexto de país
Por otra parte, explicaron cómo al calor de los acontecimientos políticos y sociales tanto a nivel internacional como nacional, desde la década del ’60 la zona oeste del conurbano bonaerense presentaba una importante actividad política, por la existencia de gran cantidad de establecimientos fabriles, con una presencia activa de juntas internas y de gremios de relevancia en la actividad sindical tanto de distintas industrias como de la actividad estatal.
En ese contexto explicaron que los trabajadores de la región en su conjunto se caracterizaron por un importante grado de organización, con coordinadoras interfabriles, donde se encauzaban tanto posturas reivindicativas tradicionales del sindicalismo industrial, como ideas políticas transformadoras y movimientos de impugnación de las conducciones gremiales burocráticas.
Asimismo se dio en la región el desarrollo de experiencias sociales de organización comunitaria transformadoras y de base, en lucha por la vivienda digna, por los servicios más elementales como cloacas, asfalto, luz o una sala sanitaria, experiencias de profundo raigambre popular que también sufrieron el ataque de la represión de Estado, como el caso del ya mencionado Complejo 17.
Además está probado que lo mismo sucedió con la militancia estudiantil en el nivel secundario. Y finalmente hubo un importante desarrollo de la militancia de organizaciones revolucionarias de izquierda, de diferentes vertientes. Y más adelante expresaron claramente: “como lo venimos haciendo en tantas otras oportunidades, vamos a demostrar en estos alegatos que los hechos aquí tratados no constituyen delitos aislados”.
Y agregaron: “Son parte de un plan sistemático de exterminio parcial del grupo nacional argentino, contra una generación militante, de activistas y luchadores, al que era necesario aniquilar para imponer un proyecto económico, político y social que tenía como objetivo cambiar regresivamente la estructura del país; disciplinar y aumentar la explotación de la clase obrera, a la vez que se redoblaban las ataduras con los países imperialistas”.
Justicia Ya! solicitó que se condene por los delitos sexuales cometidos durante el cautiverio entendiendo que deben ser considerados de manera autónoma de los tormentos y constitutivos del plan sistemático implementado durante la última dictadura, y por ende imprescriptibles.
Análisis de la región
Para finalizar, recordaron que “mientras estamos juzgando a los represores en este debate, en América Latina y en todo el mundo, diferentes estados de la mano del imperialismo están cometiendo graves violaciones a los DDHH y a las libertades democráticas, con muchas de las modalidades que hemos escuchado en esta sala, lo que no es casual ni coincidencia.
El golpe cívico-militar-religioso en Bolivia, legitimado por el imperialismo, como así también la represión y persecución al pueblo chileno que enfrenta en las calles la herencia de la dictadura pinochetista, son ejemplos concretos actuales donde la respuesta estatal frente a la organización y movilización social es la represión, la tortura, los delitos sexuales, los asesinatos, las desapariciones, las detenciones ilegales y presos políticos.
En nuestro país, desde el discurso oficial se vuelve a hablar de “inconductas de algunos” cuando ha quedado cabalmente demostrado que fue un plan genocida, un plan sistemático de exterminio implementado desde el aparato del estado y se llama a “dar vuelta la página” mientras la impunidad se perpetúa como hemos desarrollado a lo largo de este alegato.
Frente a esta gravísima situación actual, contamos con la experiencia acumulada de los compañeros y compañeras que enfrentaron la represión dictatorial y la lucha contra la impunidad de manera organizada, poniendo el cuerpo en las calles.”
Ejemplos y emoción
Como ejemplo de la lucha contra la impunidad y la represión del genocidio pero también contra la represión estatal en la actualidad, fueron recordados compañeros de la AEDD como Adriana Calvo, Cachito Fukman y Nilda Eloy, como así Cristina Gioglio de la Unión por los DDHH recientemente fallecida.
Asimismo, trajeron a la memoria lucha inconmensurable de la querida Chicha Chorobik de Mariani, quien es también parte indisoluble de la construcción de estos juicios y reafirmaron el compromiso de seguir luchando por encontrar a Clara Anahí Mariani Teruggi, al igual que a los casi 400 jóvenes, que fueron apropiados durante la dictadura y aún desconocen su identidad.
Ya con la voz tomada por la emoción, la abogada del CeProDH dijo: “Este es nuestro primer alegato sin la presencia física de nuestra compañera Nilda Eloy, quien fue un baluarte para la lucha por los derechos humanos, independiente del Estado y de sus gobiernos. Como ella siempre decía, si tenemos que exigirle al Estado, no podemos nunca ser parte de él.
Fuente: La Izquierda Diario
Fotos: Joaquín Díaz Reck e Hijos La Plata
