Estuvimos en la “escuela amarilla” en Laferrere, sede de la CCC de La Matanza donde nos recibió el dirigente de esa organización con quien charlamos sobre la ley de Emergencia Social a la luz de los datos que aportó el informe sobre la pobreza del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina.
Por Emilio González Larrea
Se dio a conocer por el Observatorio Social de la UCA que el 33% de la población es pobre y que durante este gobierno hay un millón y medio más de pobres. Al mismo tiempo han pasado 3 meses y el gobierno no implementa la ley de Emergencia social que como revelan estos datos es realmente urgente. ¿Cuál es tu opinión ya que ustedes fueron protagonistas para que la misma se aprobara?
Si fue a través de la lucha de las organizaciones sociales que logramos que este gobierno aprobara el año pasado la ley de Emergencia Social. Estos datos contundentes de la UCA muestran lo que las organizaciones sociales veníamos diciendo, hay un crecimiento feroz de la pobreza, por las suspensiones, los despidos, el freno de la economía que hace que los compañeros que changueaban ya no lo puedan hacer. Todo esto negaba el gobierno, pero nuestra lucha les hizo aflojar, y ahora tratan de ganar tiempo y no implementar la ley que ya tendría que estar en plena ejecución.
Si bien esta ley es importante, es solo un parche ya que no cubre con su alcance a todos los desocupados y pobres de la Argentina. Ante esta demora del gobierno en implementar la ley nosotros, con las otras organizaciones sociales como CTEP y Barrios de Pie, habíamos programado una jornada de lucha para el lunes 13 en Plaza de Mayo, pero decidimos suspenderla debido a que el gobierno se ha comprometido a que a partir del 16 comienza a ejecutar la implementación de la ley. En cambio las 3 organizaciones hemos decidido una Jornada Nacional de Lucha con otra metodología un día antes, el miércoles 15, para que el gobierno cumpla ese compromiso y no se dilate más la implementación de la ley de Emergencia Social. La modalidad es realizar medidas por lugar, en nuestro caso nos movilizaremos en La Matanza.
¿Tienen propuestas de cómo debe comenzar a implementarse la ley?
Vamos a exigir 14 puntos de reclamos en el marco de la implementación de la ley y que se pongan plazos para la concreción de los diferentes pasos, porque ya la durmieron 3 meses. Ya está aprobado en el presupuesto 10.000 millones de pesos por año para la emergencia que cubriría 400.000 planes sociales. Se da el caso del Ministerio de Trabajo que no quiere avanzar con los planes de empleo para los desocupados, pues Triaca defiende a los empresarios pero no a los trabajadores informales ni formales. Este Ministerio nunca tuvo programas sociales, sí ha tenido programas para ayudar a las empresas que estaban en quiebra, pero no para atender la desocupación, por lo tanto le hemos pedido que cambien la normativa para los programas, de acuerdo con esta realidad de desocupación y que el Estado se encargue de los gastos que exige, por ejemplo, darle legalidad a las cooperativas de trabajo que nos exigen que tengamos los desocupados para realizar pequeñas obras públicas.
¿Cuántos planes realmente han caído desde diciembre? El gobierno dice 7000 y las organizaciones sociales hablan de 20.000
Las organizaciones sociales hemos demostrado fehacientemente que esos números del gobierno son mentirosos. Del mismo modo que nos hacían responsable a las organizaciones sociales, en particular a la CCC, de la caída de algunos proyectos que no cobraban los compañeros, acusación falsa que pudimos rebatir ya que tenemos los expedientes, firma y sellos de los funcionarios que los aprobaron y se ejecutaron porque los compañeros voluntariamente los llevaron adelante, juntando monedas para sobrevivir ya que no cobraban. Además cuando aprobaron esos proyectos nos exigieron facturar vía electrónica y tuvimos que pagar el IVA por dinero que nunca recibió nuestra organización. Y este gobierno sigue todos los meses haciendo lo mismo; hay una parte de beneficiarios que no cobra, otros cobran la mitad, se pierden expedientes, etc. lo cual nos exige estar movilizándonos para que cobren en tiempo y forma.
Una vez aprobado el proyecto ¿cómo se lleva a cabo? pues no es solo mano de obra, hay costos para su ejecución.
La contra prestación de los planes que se aprueban tiene que garantizarlo el gobierno ya sea nacional, provincial o municipal, pues las organizaciones no tenemos forma de bancar la realización de los proyectos, debido a que los mismos van acompañados de pequeñas obras o inversión de material. En algunos municipios se realizan obras con estos planes nacionales que le conviene a esos municipios, por lo tanto, tienen que contribuir a la ejecución de las mismas. En el caso de refacción o pintura de escuelas que hacemos en algunas provincias, el plus salarial a los planes tiene que hacerlo el Ministerio de Educación de la provincia en cuestión.
En la ley está contemplada la creación del Consejo de la Economía Popular. ¿Han avanzado en la constitución y las funciones de ese organismo?
Hubo reuniones informales, donde hemos tratado la reglamentación del mismo y en cómo sería el registro de los posibles beneficiarios de la economía popular, el perfil de los mismos, qué condiciones tienen que reunir, pero en realidad no avanzamos en la concreción. Esperamos hacerlo en esta reunión del 16, donde el presidente va firmar la implementación de la ley. Y este Consejo Económico-social es el que tiene que discutir la ejecución de la Ley.
Una de las organizaciones sociales, la CTEP, ha pedido ingresar a la CGT, a partir de que se cree una Secretaria de Organizaciones sociales. ¿Cuál es la posición de la CCC?
Nosotros no acordamos con esto. Incluso la propia CGT le contestó a la organización que hizo esa solicitud que no era posible, que hay que hacer un proceso previo porque no hay una forma organizativa sindical de los trabajadores desocupados. También le hemos planteado a los compañeros de esta organización que pide una obra social propia, que nuestra organización entiende que debe ser el Estado el que se haga cargo de darle a los desocupados la prestación de salud. Si las organizaciones sociales debieran participar en un Consejo, que se encargue de regular y ejecutar esa obra social para los trabajadores sociales o mono tributistas sociales.
¿Qué pensás de este reclamo que se manifestó el martes 7 en el acto de la CGT, de exigirle un paro general inmediato para frenar el avance de esta política económica?
La CGT conoce nuestra posición sobre eso, se lo hemos manifestado directamente. Y por medio de un comunicado el mismo 7 a la noche, las tres organizaciones (CCC, CTEP Y Barrios de Pie) hemos insistido en que es una necesidad imperiosa que las centrales obreras convoquen a un paro general para que nos unifique a todos los que estamos enfrentando la política de este “gobierno de ricos para ricos” .Es la única forma de pararle la mano a la política de Macri.
