Edición N° 9165
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Pymes reclamaron una ley de emergencia para frenar cierres, despidos y caída del consumo

Pymes reclamaron una ley de emergencia.

 El proyecto impulsado por Industriales Pymes Argentinos propuso beneficios tarifarios, fiscales y productivos para las MiPyMES, junto con medidas destinadas a sostener el empleo y recuperar el mercado interno.

Por Florencia Belén Mogno

La profundización de la crisis económica continuó generando señales de alarma en distintos sectores productivos del país. En los últimos meses, el deterioro del consumo interno, el incremento de los costos operativos y las dificultades para sostener la actividad comenzaron a impactar con fuerza sobre pequeñas y medianas empresas de diferentes rubros, especialmente aquellas vinculadas a la producción y al mercado local.

En paralelo, cámaras empresariales y entidades industriales advirtieron sobre el crecimiento de cierres de establecimientos, suspensiones y reducción de puestos de trabajo en distintos puntos del país. La combinación entre caída de ventas, presión tributaria, aumento de tarifas y apertura de importaciones configuró un escenario complejo para las MiPyMES, que denunciaron dificultades crecientes para mantener la rentabilidad y sostener sus estructuras.

En ese contexto, desde distintos espacios vinculados a la producción comenzaron a reclamar medidas urgentes orientadas a proteger el entramado industrial y comercial. Entre los principales pedidos aparecieron iniciativas vinculadas con alivios fiscales, acceso al crédito, reducción de costos energéticos y mecanismos destinados a fortalecer el consumo interno como motor de recuperación económica.

En ese marco y según el material al que accedió Diario NCO, Industriales Pymes Argentinos (IPA) impulsó un proyecto de Ley de Salvataje Nacional destinado a declarar la emergencia para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.

Emergencia para las MiPyMES

La iniciativa contó con el apoyo del presidente de la entidad, Daniel Rosato, quien sostuvo que la propuesta buscó transformarse en una herramienta para evitar cierres de empresas y preservar fuentes laborales.

El proyecto se estructuró sobre cuatro ejes principales: tarifario, impositivo, productivo y laboral y de acuerdo a lo que se detalló, la iniciativa contempló una reducción del 50 por ciento en las tarifas de energía eléctrica, gas y agua utilizadas por las MiPyMES, además de una disminución equivalente en el IVA aplicado a esos servicios cuando estuvieran destinados a procesos productivos.

Asimismo, la propuesta incluyó la creación de un Régimen Excepcional de Regularización de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de la Seguridad Social. Para las microempresas, el esquema previó la condonación de multas e intereses, planes de pago extendidos y exenciones vinculadas al impuesto sobre débitos y créditos bancarios.

Incentivos al consumo y protección del empleo

Otro de los puntos centrales del proyecto estuvo relacionado con la recuperación del mercado interno. En ese sentido, la iniciativa propuso un reintegro para consumidores equivalente al 25 por ciento del IVA en compras realizadas en PyMEs sobre productos de primera necesidad, junto con líneas de créditos blandos orientadas tanto a empresas como a trabajadores.

A su vez, el texto incorporó medidas vinculadas con la relación entre proveedores PyME y el Estado. Entre ellas, estableció un régimen de pago acelerado para empresas proveedoras estatales, con plazos máximos de cancelación fijados en treinta días corridos.

La propuesta también buscó fortalecer la presencia de producción nacional en cadenas comerciales. Para eso, contempló que supermercados e hipermercados destinaran al menos un 30 por ciento del espacio en góndolas y exhibidores a productos elaborados por MiPyMES argentinas.

Condiciones para acceder a los beneficios

El proyecto estableció además una cláusula laboral vinculada al acceso a los beneficios contemplados por la ley. Según se indicó, las empresas alcanzadas por el régimen debían preservar los puestos de trabajo durante el período de emergencia. En caso de despidos sin causa justificada, perderían automáticamente los beneficios previstos.

Desde IPA remarcaron que la iniciativa surgió como respuesta al agravamiento de la situación económica y social que atravesaban miles de empresas en todo el país. En esa línea, advirtieron que una intervención rápida permitiría evitar una profundización de los conflictos derivados de cierres y pérdida de empleo.

Por último, desde la entidad empresaria sostuvieron que el proyecto partió de una premisa central vinculada al rol estratégico de las pequeñas y medianas empresas dentro de la economía argentina. Según señalaron, el fortalecimiento de las MiPyMES resultaba indispensable para sostener la producción, el empleo y la recuperación del mercado interno.

Fuente fotografías: redes sociales.

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