El Observatorio de Servicios Públicos de la Universidad Nacional de La Plata presentó una investigación acerca de la cuestión mencionada.
En los últimos años, la sociedad argentina tuvo y tiene que hacer crisis económica que golpea de manera contundente al bolsillo de los ciudadanos y ciudadanas, visibilizada a través de múltiples factores.
En relación a la mencionada crisis, las principales cuestiones que la caracterizan tienen que ver con la pérdida y falta de empleos, la inflación y el incremento de las tarifas de los servicios, entre otros.
En ese sentido y de acuerdo a la información a la que tuvo la oportunidad de acceder Diario NCO, el Observatorio de Servicios Públicos de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) presentó un informe sobre el aumento de los servicios de gas y energía eléctrica en el período 2015-2020.
Precisiones del análisis
En lo que respecta a la investigación elaborada, el OSP explicó: “El documento compila un análisis de la evolución de las tarifas de los servicios públicos de gas natural y electricidad frente al comportamiento del ingreso ciudadano”.
Asimismo el estudio llevado a cabo por el organismo de la UNLP junto a otras asociaciones civiles y unidades académicas especificó que “el enfoque se centra en el Área Metropolitana de Buenos Aires y Gran La Plata, Gran Mar del Plata y Gran Bahía Blanca”.
“También, examina el desempeño de las principales variables de la economía del lapso temporal analizado y luego elabora un pormenorizado detalle de la coyuntura económica actual”, precisaron desde la entidad.
Evolución de las tarifas
En lo que refiere al análisis elaborado, la investigación consultada indicó: “En diciembre de 2015 las entonces autoridades nacionales decidieron cambiar rotundamente el sentido de la política de tarifas que se venía implementando en nuestro país”.
“Los argumentos esgrimidos fueron que las tarifas de los servicios públicos que pagaban los consumidores hasta ese momento estaban subvaluadas y, al mismo tiempo, que ello era posible en virtud de un alto nivel de subsidios que afrontaba el Estado Nacional”, citaron y recordaron desde la institución.
Asimismo el OSP, planteó en el escrito que “en relación a la política de subsidios en materia tarifaria implementada durante el período 2003-2015, encontraba sus fundamentos en la finalidad de bajar el peso de los servicios públicos en el ingreso familiar, lo que permitía destinar el ingreso no gastado en tarifas a otros consumos que fortalecían el mercado interno”.
En sintonía con lo expuesto, el informe señaló: “Al mismo tiempo, se sostenía que las empresas del sector comercial e industrial, en particular el sector PyMe, hallaban en esa política un escenario que favorecía la competitividad y la inversión. Ya que la energía resulta un componente importante en sus costos”.
Comparación de casos
“La concepción que entiende a los subsidios energéticos como un componente central en el abaratamiento de los precios de la energía y permite dinamizar el desarrollo productivo y mejorar la calidad de vida de la población, es sostenida por otras naciones más desarrolladas del globo”, destacó el análisis.
En línea con lo planteado anteriormente, el material mencionó como ejemplo: “El FMI en 2015 informaba que EE.UU. pagaba 700 mil millones de dólares al año en subsidios a los combustibles fósiles; Australia, otorgaba 1.260 dólares per cápita para subsidios energéticos; y el Reino Unido destinaba 41 mil millones millones de dólares”.
En ese sentido y ligado al caso local, el estudio apuntó que “en la Argentina esa política de subsidios se sostenía orientando la política tributaria hacia la obtención de mayor recaudación en sectores que contaban con una mayor rentabilidad, como es el caso de las retenciones a las exportaciones de productos agropecuarios”.
Consecuencias económicas
Por otra parte, en cuanto a la política económica del período analizado en torno a los servicios de gas y electricidad, la investigación planteó: “El esquema planteado por la entonces nueva administración (2015-2019), denominado sinceramiento tarifario, implicó dos fenómenos concurrentes”.
“Una drástica reducción de los subsidios, en especial a los consumidores. Y la deno-
minada “dolarización” del precio de la energía/gas”, señaló y puntualizó el estudio consultado por Diario NCO.
En lo que respecta a las consecuencias de las políticas económicas apuntadas en el párrafo precedente, el escrito indicó que “este conjunto de medidas derivó en aumentos extraordinarios en las tarifas, y la consiguiente extracción de recursos a los consumidores que se transfirieron directamente a las empresas del sector”.
Especificaciones concretas
En sintonía, el informe precisó: “En efecto: para una usuaria/o tipo3 con un consumo mensual de 350 KWh, en el período 2015-2019 en la jurisdicción de la provincia de Bs.As regulada por el OCEBA las facturas finales sufrieron aumentos aproximados al 2.278,3 por ciento, promediando las cuatro áreas de concesión (EDELAP, EDEA, EDEN y EDES)”.
“En la jurisdicción nacional regulada por el ENRE, en promedio ese mismo usuario/a tipo abonó facturas finales con aumentos del orden del 4.396,4 por ciento”, agregó el estudio publicado por el Observatorio de Servicios Públicos.
Asimismo, dicho organismo también expuso en el análisis que “similar ecuación resultó para las y los usuarios electrointensivos4, cuyo promedio de aumentos en la PBA, en el mismo período, ascendió a 1.900,7 por ciento, mientras en la jurisdicción nacional en promedio ascendió a 4.266,1 por ciento”.
En ese contexto, la investigación planteó: “El nuevo esquema derivó para las empresas PYME en una presión homóloga: 1.967,7 por ciento y 2.945,5 por ciento de incrementos, respectivamente”.
“En el mismo período 2015-2019 el índice de remuneración imponible promedio
de los trabajadores estables (RIPTE) registró una variación del 214 por ciento; la jubilación mínima un 227 por ciento; el Salario Mínimo, Vital y Móvil un 202 por ciento y la AUH un 228”, informaron en el documento expuesto
En ese sentido y vinculado a lo mencionado anteriormente, el estudio señaló y subrayó que “todos esos parámetros de los ingresos ciudadanos enumerados estuvieron por debajo del 250 por ciento de inflación, registrada en el mismo período (2015-2019)”.
Contexto actual y medidas a tomar
Por otro lado, en cuanto a la situación actual, el material difundido manifestó: “La pandemia de COVID 19 afectó las economías de todo el mundo. En Argentina, la pandemia constituyó un factor catalizador para el cuadro de situación crítica de la economía”.
“En ese contexto, la nueva administración gubernamental en 2020 ordenó no
incrementar las tarifas de servicios públicos. Estableció un período de transi-
ción tarifaria hasta que se determinen definitivamente los nuevos cuadros que
regirán los valores de la energía eléctrica y el gas por redes”, apuntó el escrito.
En lo que refiere al tema de los servicios de gas y electricidad, el análisis planteó que “Argentina atraviesa un momento crucial para la evolución de su economía en el corto y mediano plazo. No obstante, deberán tomarse decisiones respecto a los cuadros tarifarios”.
En ese sentido, desde el organismo que encabezó la investigación señalaron: “Este informe preliminar evidencia que las modificaciones drásticas de los cuadros
tarifarios, como las definidas por la administración gubernamental entre 2016 y
2019, tienen un efecto inmediato y vital sobre el conjunto de la población”.
En sintonía, el escrito hizo hincapié en el caso de “los sectores ubicados en los deciles de menores ingresos, cuyo derecho a la vivienda digna, dotada de servicios públicos que posibilitan la vida, fue vulnerado con esas medidas”.
Por último, desde la institución involucrada en el informe subrayaron: “Las
decisiones gubernamentales en torno a las tarifas de los servicios públicos de
energía eléctrica y gas deben asegurar de manera efectiva los derechos sociales fundamentales con rango constitucional del conjunto de la ciudadanía”
“De modo concomitante, deben contemplar una visión estratégica para el desarrollo
de los sectores productivos fundamentales, el sostenimiento de la independencia y soberanía nacionales y la promoción de la justicia a partir del crecimiento económico y generación de empleo genuina”, concluyó el Observatorio de Servicios Públicos.
Fuentes fotografías: laverdadonline.com y lasrosasdigital.com.ar
