Un informe del Instituto Argentina Grande señaló que la población que depende exclusivamente del sistema público de salud aumentó 18,49 por ciento durante la gestión del Gobierno actual.
Por Florencia Belén Mogno
La situación del empleo registrado también tuvo consecuencias sobre el acceso a la cobertura sanitaria. Desde noviembre de 2023, las obras sociales nacionales perdieron 1.028.412 beneficiarios, mientras que en el Gran Buenos Aires la población que depende exclusivamente de la salud pública creció 18,49 por ciento durante la gestión de Javier Milei.
Los datos surgieron de un informe elaborado por el Instituto Argentina Grande (IAG) a partir de registros de la Superintendencia de Servicios de Salud, el SIPA y el INDEC. El estudio vinculó la pérdida de cobertura con las transformaciones registradas en el mercado laboral y señaló que alrededor de 1,25 millones de personas dejaron de contar con obra social o medicina prepaga desde el cambio de gobierno.
El informe también estimó la destrucción de 329.600 puestos de trabajo públicos y privados. En paralelo, el monotributo registró un crecimiento que, de acuerdo con el IAG, no alcanzó para compensar la pérdida del empleo formal. De esta manera, la modificación de las condiciones laborales también repercutió sobre uno de los beneficios asociados al trabajo registrado: la cobertura de salud.
El retroceso de las obras sociales
La pérdida de afiliados no se concentró en una única actividad. Entre las entidades que registraron bajas aparecieron OSECAC, vinculada a los empleados de comercio; OSPRERA, correspondiente a trabajadores rurales; OSPCN, del personal civil estatal; OSPECON, relacionada con la construcción, y OSPE, del sector petrolero.
En contraste, OSDEPYM, orientada a empresarios, profesionales y monotributistas, incrementó la cantidad de beneficiarios. La evolución mostró una diferencia entre las coberturas asociadas al empleo asalariado tradicional y aquella vinculada con modalidades laborales que experimentaron una expansión.
El fenómeno también tuvo una dimensión territorial. El Nordeste presentó la mayor proporción de población sin obra social, con 46,3 por ciento. En el caso del Gran Buenos Aires, el impacto adquirió especial relevancia debido a la cantidad de trabajadores económicamente activos y a la dimensión de su estructura laboral, comercial e industrial.
Cuando una persona pierde un empleo registrado, la modificación no se limita al vínculo laboral. La situación también puede implicar cambios en los aportes previsionales, la estabilidad, las condiciones laborales y el acceso a una obra social.
La presión sobre el sistema público
El crecimiento de la población que depende exclusivamente de la salud pública planteó un desafío para los hospitales provinciales, los centros municipales de salud y los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).
El estudio señaló que la pérdida de cobertura no significó necesariamente que todas las personas que dejaron una obra social pasaran de manera inmediata al sistema público. Sin embargo, la reducción de las coberturas laborales pudo incrementar la demanda sobre los servicios estatales cuando los trabajadores encontraron dificultades para acceder a prestaciones mediante otros mecanismos.
En ese escenario, los municipios del Conurbano quedaron expuestos a una parte de las consecuencias de una transformación que excedió sus capacidades de decisión. Los gobiernos locales no definieron las políticas macroeconómicas ni regularon el mercado laboral nacional, pero debieron afrontar las demandas sanitarias que llegaron a hospitales, salas barriales y CAPS.
El comportamiento reciente del empleo registrado mantuvo esa preocupación. Según el SIPA, el empleo privado registrado volvió a caer 0,1 por ciento en mayo, mientras que el monotributo aumentó otro 0,1 por ciento.
La diferencia entre ambas variaciones pudo parecer reducida, aunque el IAG señaló que el proceso reflejó una transformación más amplia del mercado laboral. De acuerdo con el instituto, el crecimiento de la actividad económica no implicó necesariamente una recuperación del empleo asalariado registrado.
El impacto de la precarización laboral
Mientras tanto, la relación entre empleo y cobertura sanitaria permitió observar una dimensión adicional de la precarización laboral. El trabajo formal no representó solamente una fuente de ingresos, sino que también estuvo acompañado por aportes previsionales, vacaciones, indemnización y cobertura médica.
Cuando una relación laboral registrada fue reemplazada por modalidades más precarias, parte de ese esquema de protección también quedó afectado. En ese sentido, la reducción de beneficiarios de las obras sociales nacionales representó uno de los indicadores utilizados para observar los cambios producidos en el mercado laboral.
El Conurbano bonaerense quedó entre los territorios donde esa transformación adquirió una dimensión significativa. El aumento de 18,49 por ciento de la población que dependió exclusivamente de la salud pública durante la gestión de Javier Milei expuso el vínculo entre las condiciones de empleo y el acceso a la atención sanitaria.
Así, la pérdida de más de un millón de beneficiarios de las obras sociales nacionales no quedó limitada a una modificación en los registros de afiliación. El proceso también planteó interrogantes sobre la capacidad del sistema público para absorber una demanda creciente y sobre las consecuencias que la pérdida del empleo formal tuvo en las condiciones de protección de los trabajadores y sus familias.
Fuente fotografías: redes sociales.
