La presidenta de la Comisión de Seguridad, Gimena Villafruela (VxM), y la vocal de la misma, Claudia Neira (UP) hablaron sobre lo ocurrido en el último mes y coincidieron en la importancia de que Nación traspase presos al sistema federal. Además, la oficialista dio detalles acerca del trabajo legislativo en torno a la Ley de Reiterancia.
Después de que en el último mes se escaparan once presos de distintas comisarías de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presidenta de la Comisión de Seguridad y diputada de Vamos por Más (VxM), Gimena Villafruela, y la vicepresidenta del bloque de Unión por la Patria (UP) y vocal de esa misma comisión, Claudia Neira, dialogaron acerca de lo sucedido.
En ese contexto, ambas legisladoras fueron consultadas acerca de las causas que llevaron a que se pudieran fugar de cuatro comisarias del distrito capitalino. En ese sentido, Villafruela explicó que “la Ciudad no tiene Servicio Penitenciario ni cárceles propias. Así como la Policía de la Ciudad no está formada para cuidar a los presos, las Comisarías y Alcaidías no son lugares preparados para alojar delincuentes”, comenzó diciendo en diálogo con Parlamentario.
“Tanto la Nación como la Ciudad, heredan una situación provocada durante la gestión de Alberto Fernández que fue generar un crecimiento exponencial de los detenidos en la Ciudad producto de prohibir el ingreso de presos al Servicio Penitenciario Federal durante la pandemia. En 2021, en la Ciudad había 60 presos, hoy tenemos más de dos mil. Hay una superpoblación en las Alcaidías y Comisarías, hay lugar para alojar mil y hoy tienen más de dos mil. Por todo esto es que los ministerios de Seguridad de la Nación y de la Ciudad están trabajando de manera conjunta para ir regularizando esta situación”, continuó.
Al mismo tiempo que remarcó que “el orden y la seguridad son ejes centrales en la Ciudad y eso se ve reflejado en los números: en el primer trimestre de gestión aumentaron las detenciones un 14%, sólo en el último mes aumentaron un 22%. Se detiene, en promedio, más de 80 personas por día. Estamos trabajando para cuidar al vecino y darle la tranquilidad que merece”.
Por su parte Neira, además de coincidir con Villafruela acerca de la sobrepoblación de las comisarías, explicó que “el ritmo de detenciones se encuentra en aumento. Desde el comienzo de esta gestión fueron detenidas más de seis mil personas, un promedio mucho mayor al de 2022, por ejemplo, donde en todo el año fueron detenidas poco más de 17 mil”.
TE PUEDE INTERESAR:
https://www.instagram.com/diarioncomatanza
https://youtube.com/@diarionco2150
https://facebook.com/diarionco
“Todo esto genera una saturación del sistema que se traduce en este tipo de hechos, y pone en evidencia la necesidad de crear un Sistema Penitenciario propio de la Ciudad”, aseguró. En cuanto al pedido del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, para que Nación traspase presos al sistema federal, la diputada oficialista señaló que “hay canales de diálogo abiertos permanentemente entre el Gobierno de la Ciudad y el Ministerio de Seguridad de la Nación para descomprimir la situación y llegar a un acuerdo favorable que garantice la seguridad para los vecinos”.
Mientras que la peronista remarcó que “es fundamental que el Gobierno porteño avance en soluciones de corto y largo plazo en la materia: resulta tan necesaria la búsqueda de soluciones a través del Sistema Penitenciario Federal para descomprimir la sobrepoblación, como la asunción de la responsabilidad de crear un Sistema Penitenciario propio para resolver definitivamente el conflicto existente y, a la vez, anticiparse a transferencias penales futuras”.
“Por otra parte, ante el aumento de las competencias penales y teniendo en cuenta que continuará el proceso de nuevas transferencias de competencias a la Justicia de la Ciudad, presentamos una propuesta para ampliar de tres a cuatro la cantidad de juzgados de Ejecución penal estableciendo que, hasta tanto se pueda garantizar su puesta en funcionamiento, podamos contar con 4 secretarías de ejecución por zonas, para asegurar que se respeten todas las garantías constitucionales durante el cumplimiento de las penas, y colaborar en el desarrollo de un tratamiento post-penitenciario para la reinserción social de las personas liberadas”, completó.