Hoy se movilizan distintos contingentes de pueblos originarios del país hacia el Congreso Nacional para reclamar la prórroga de la Ley 26.160 y presupuesto para su aplicación integral. Una vez allí serán recibidos por un grupo de diputados y senadores a quienes le plantearán la problemática.
Esta ley declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país con personería jurídica inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, en organismo provincial competente o las preexistentes. Esta ley fue sancionada en 2006 con un plazo de vigencia por cuatro años y fue prorrogada en tres oportunidades en 2009, 2013, 2017 y vence el 25 de noviembre del presente año. Según estimaciones durante estos quince años de vigencia de la misma se ha relevado alrededor del 30% de los territorios de las comunidades originarias. Terminar el relevamiento de esos territorios permitirá discutir la necesidad de los títulos patrimoniales de esas comunidades para lo cual hay un proyecto de ley de Propiedad Comunitaria, presentado en el Congreso Nacional.
La Convocatoria de los pueblos originarios.
“El miércoles 6 de octubre a partir de las 8 las naciones y pueblos originarios que habitamos este país nos concentraremos en 9 de Julio y Av. de Mayo para luego movilizamos hacia el Congreso Nacional donde nos recibirán diputados y diputadas con quienes tendremos una reunión para hacerles conocer nuestras necesidades.
Vendrán contingentes de Neuquén, Rio negro, La Pampa, Tucumán, Salta, Jujuy, Chaco, Misiones Santa Fe, Pica. de Buenos Aires.
Hermanas y hermanos, Coyas, Guaraní, Ava Guaraní, Bya Guaraní, Wichi, Pilaga, Qom, Mocoví, Diaguitas, Quilmes, Ranculche, Mapuches, Quechuas, Aimaras y Lules estamos unidos para obtener la prórroga y el presupuesto necesarios para que se puede aplicar y hacer efectiva la ley 26160. Esta ley declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que habitamos las comunidades, suspendiendo todo proceso de desalojo y ordena la realización de un relevamiento técnico, jurídico y catastral de las tierras, en noviembre de este año vence el tiempo de aplicación de esta ley, pero como el problema aún no está resuelto, necesitamos que siga vigente la prohibición al desalojo de nuestros pueblos y que se resuelve definitivamente el relevamiento pendiente para poder encontrar una solución que sea justa para quienes habitamos estas tierras.
También plantearemos en el congreso que se trate y se apruebe el proyecto de ley de propiedad comunitaria indígena, que permita obtener los títulos de propiedad de los territorios relevados”.
Estamos comprometidos a hablar en todas las provincias con diputados y senadores de la nación. Y a la vez lograr que todas las legislaturas provinciales adhieran a la ley 26160”.
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