El nuevo director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se refirió al estado penoso con el que se encontró su organismo y la atención en general de la discapacidad en el país durante la gestión macrista.
Prestaciones impagas, más de 350 mil pensiones no contributivas dadas de baja de 2015 a 2019 y cierre de centros de atención para las personas con discapacidad a lo largo de todo el país son algunas de las cuestiones con las que se topó el director de una de las agencias que articula el trabajo a nivel nacional y que deberá repensar y rearmar las estrategias para cambiar la situación actual.
En comunicación con Radio Noba 102.9, Espósito comenzó su alocución refiriéndose sobre los datos acerca de la discapacidad en la Argentina. “Cinco millones de personas hay en la Argentina, es decir, el 12,5 por ciento de la población que vive en el país, de las cuales solo la mitad está dentro del sistema”, inició.
En la misma línea, afirmó que su intención es llegar a cubrir a todas las personas que portan discapacidades y ayudarlas para influir positivamente en su cotidianeidad: “A partir de ahí la construcción es, obviamente, ir a buscar a la gente con discapacidad que no está dentro del sistema y acompañar a las que sí para que tengan una mejor calidad de vida”.
“Estos números impactan y si a esto le sumamos la encuesta de la CELADE que también habla de pobreza que en los últimos años ha impactado en la calidad de vida de las personas y que si le sumamos esto el número ascendería al 18 por ciento”, reveló Espósito.
Políticas públicas, desidia y recomposición
En sintonía con los datos que suministró sobre la actualidad de su área en el país, el director de ANDIS remarcó que “para hacer políticas públicas es importante poner esto arriba de la mesa para saber cuál es el colectivo del que estamos hablando”.
“Nos encontramos con una desidia en estos cuatro años en políticas públicas sobre discapacidad, mucha inactividad. En la agencia tenemos en salud pensiones no contributivas, y el Servicio Nacional de Rehabilitación. Desde junio del 2019 el Gobierno dejó de pagar las prestaciones de Incluir Salud en todo el país”, reprochó Espósito.
Es preciso destacar que este organismo dependiente del Estado está conformado por seis áreas que trabajan articuladamente, desde el plano técnico y de asesoramiento hasta los consejos federales para abarcar todo el territorio nacional, pero que según las palabras del nuevo director todas estas estructuras se vieron deterioradas drásticamente.
Marcando el cambio de enfoque, ponderó las rápidas soluciones que se buscaron desde el ejecutivo: “A partir de la decisión del presidente Alberto Fernández se empezó a regularizar la deuda con las prestadoras, que en el caso de las personas con discapacidad también tiene una cuestión de recomposición moral porque si hay algo que el Gobierno anterior hizo fue dar de baja las pensiones no contributivas”.
Muchos cambios, trabajo y ganas para mejorar la situación
En la última parte de la entrevista, Espósito explicó los pasos que se están tomando para empezar a dar respuestas a los problemas planteados. “Ahora hay que reactivar el sistema y hemos cambiado dispositivos internos para la persona con discapacidad que tiene más necesidades, empezar por los de más abajo, nos hizo pensar una gestión donde la mirada es federal, donde la agencia se adapta a las necesidades de cada lugar”, refrendó.
Asimismo, agregó que “la línea de trabajo es sobre la base de la federalización y la descentralización, trabajando en pequeñas sucursales que van a estar ubicadas en cada provincia. Antes había 88 centros y solo quedaron 15 y muchas personas debían dejar de comer por un día para venir a Buenos Aires a hacer los trámites”.
Conjuntamente, continuó con sus fuertes críticas al macrismo y lapidó la forma en que se trató la discapacidad durante su Gobierno: “Durante cuatro años se tuvo en la agencia una ideología de desarticular el sistema, estaba encarado para que de a poco vayan cerrando algunas áreas y una grave ausencia de gestión. 69 mil personas murieron esperando una pensión no contributiva, el Estado pudo haberlas acompañado”.
Por último, se mostró esperanzado con los cambios que se están vislumbrando y concluyó que “hay ganas, hay mucho recurso humano, mucha gente que quiere trabajar y volver a brindar lo que tenían a las personas con discapacidad, es una contención moral”.
