El Ministerio de Trabajo planea aplicar una sanción de hasta 700 millones de pesos al sindicato docente conducido por Roberto Baradel a raíz de no acatar la conciliación obligatoria. Por el mismo motivo, el gremio liderado por Hugo Moyano afrontará la suma de 810 millones.
El gobierno bonaerense piensa aplicar una multa a SUTEBA por haber realizado un paro sin cumplir con el dictado de conciliación, lo cual se considera una falta grave a la ley, que permite una sanción del 50 al 2000 por ciento del salario mínimo, vital y móvil de cada trabajador adherido al sindicato, luego se multiplica esa cifra por el número total de afiliados.
“Nos quieren amordazar, que no salgamos a reclamar, que no pongamos blanco sobre negro la situación de la Provincia, donde hay un fuerte abandono de la escuela pública y un ajuste que intenta bajarnos el salario”, aseguró Roberto Baradel y agregó: “Esto lo hacen las dictaduras y gobiernos autoritarios”.
Mientras tanto, el gremio aún no fue notificado de la multa pero ya planea apelar una sanción ante la Justicia. “Nosotros estamos llevando adelante en Buenos Aires una medida nacional por CTERA que no es violatoria de ninguna conciliación obligatoria porque no estuvo objetada ni intimidada o cuestionada por las autoridades”, justificó el líder de SUTEBA.
La medida de fuerza de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina que impide la reanudación de clases en Capital Federal, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chaco, Corrientes y Buenos Aires, tiene que ver con el rechazo a la decisión del Gobierno de “eliminar el incentivo docente”, según Baradel.
De las tizas a las ruedas
Por otra parte, el juez laboral José Ignacio Ramonet, luego del pedido realizado por el encargado del Ministerio de Trabajo, Jorge Triaca, determinó que se embargará a la Federación de Camioneros la suma de 809.790.710 pesos por haber incumplido con la conciliación obligatoria dictada el 26 de diciembre del año pasado.
“No es normal y es exorbitante el monto y la rapidez en cómo se resolvió. No tiene antecedentes ni en la Argentina ni en el mundo. Viola todas las normas de fondo y de procedimiento”, detalló Hugo Moyano hijo, que es el abogado a cargo de la defensa legal del sindicato y agregó: “Es un embargo preventivo, pero igualmente vamos a definir cómo vamos a seguir. Lo vamos a denunciar y a intentar revertir”.
No obstante, al monto de 810 millones de pesos se le sumarían unos intereses de $242.937.213, por lo que la multa superaría los mil millones de pesos y sería un record.
Además, Camioneros será convocado a una audiencia en las próximas semanas ya que puede enfrentar una segunda sanción por otra instancia de conciliación no acatada el pasado 14 de junio, que está pendiente de definición y por la que podría afrontar un embargo mayor.
El gremio, a modo de defensa, publicó una solicitada en la que denuncian: “El Gobierno adeuda a nuestras obras sociales más de 1.148 millones correspondientes a tres reclamos judiciales y administrativos, uno contra el Ministerio de Transporte por la falta de pago de certificados psicofísicos y otras dos contra la Superintendencia de Servicios de Salud”.
