La Comisión por la Memoria cuestionó políticas de seguridad sobre DDHH
La Comisión por la Memoria cuestionó políticas de seguridad sobre DDHH
La Comisión Provincial por la Memoria denunció que en 2016 se “profundizaron las políticas criminales regresivas desde la perspectiva de los derechos humanos” y consideró que la desaparición de Santiago Maldonado “es la expresión más dramática de la orientación de la política criminal y de seguridad que se ha definido a nivel nacional”.
La denuncia forma parte del VI Informe Anual que dio a conocer el organismo durante un acto en el Anexo de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, en La Plata y que fue presidido por el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y en el que estuvo presente el Procurador de la Suprema Corte provincial, Julio Comte Grand.
El informe hace alusión a una serie de leyes que se reformaron en materia penal y que a criterio de la Comisión “modificaron el paradigma central del cumplimiento de la pena -la resocialización de la persona- para imponer el paradigma de la seguridad ciudadana, que supone que el fin único del encierro es la protección de la sociedad, y por lo tanto a mayor tiempo de encierro menos riesgo para los ciudadanos”.
Pérez Esquivel aseguró que “no sólo es necesario trabajar sobre lo edilicio en las cárceles, sino también sobre la formación del personal penitenciario y policial que se transforman en fuerzas de represión y no de seguridad social”.
El informe consignó que en la provincia de Buenos Aires la población encarcelada “es la más alta de los últimos 20 años y el sobre-encarcelamiento también alcanzó su máxima expresión en las comisarías”.
“Ese colapso del sistema de encierro ha llegado a un punto crítico en el que predomina el hacinamiento, y la falta de acceso a derechos básicos como la alimentación y la salud”, añadió el informe, que indicó además que la “falta de medidas estructurales tuvo su máxima expresión en la Masacre de Pergamino del 2 de marzo de 2017 con la muerte de siete jóvenes alojados en la comisaría primera”.
Precisó también que “el dato más cruel de la violencia policial en el territorio se expresa en el uso letal de la fuerza con arma de fuego donde el 20% de los muertos eran niños o adolescentes”. Y expresó preocupación por “el incremento de las detenciones ilegales en sede policial de niños, niñas y adolescentes” y aseguró que la policía “es la encargada de captar personas al sistema”.