El juez federal Norberto Oyarbide quedó en la mira luego de admitir en un sumario interno que frenó un operativo en una financiera por un pedido de Carlos Liuzzi, segundo de Carlos Zannini en la Secretaría Legal y Técnica. El propio magistrado ratificó sus dichos en una entrevista con Infobae realizada el martes.
“Esto amerita que se inicie una investigación”, declaró al respecto el senado nacional Mario Cimadevilla (Chubut) en diálogo con nuestro medio, momentos antes del arribo del jefe de gabinete al senado nacional. El legislador de la UCR es integrante del Consejo de la Magistratura, órgano clave en la designación y remoción de los jueces de la Nación. Asimismo adelantó que “hoy mantendrá una reunión con el Consejo de la Magistratura” y confirmó que presentará una denuncia: “pienso, sí, llevar una denuncia, porque, de sus propias declaraciones ¿que surge? Que él estaba en una reunión con gente agradable que lo llaman diciendo que desde un allanamiento ordenado por el había policías pidiendo plata, entonces suspende el allanamiento, esto es un comportamiento impropio de un juez. Si le están diciendo que se está cometiendo un delito, lo que tiene que hacer es constituirse en el lugar incluso los podía haber agarrado in fraganti delito. Directamente suspende el procedimiento, lo cual es una cuestión totalmente irregular.
En esa misma línea consideró que “Oyarbide es un juez que demostró que responde a los caprichos de quien gobierna. No se puede parar un procedimiento porque lo propone un funcionario de otro poder del Estado, a lo sumo se tienen que tomar decisiones por lo que transmitan los hombres del propio juzgado”, analizó Cimadevilla.
El caso
El 19 de diciembre pasado, personal de la División Investigación Federal de Organizaciones Criminales de la Policía Federal (DIFOC), allanó las oficinas de la Asociación Mutual Propyme, una financiera muy reconocida en el mercado de dinero. Los policías llevaban una orden de allanamiento firmada por el juez Oyarbide y por su secretario Carlos Leiva. Según denunciaron el dueño de la financiera Guillermo Greppi y su abogado Fernando Torres, los policías se comportaron de forma violenta, y pidieron una coima para evitar el allanamiento. Hubo gritos, discusiones, reuniones en privado entre los policías y los que mandan en la financiera. Finalmente el juez Oyarbide, que no estaba en el lugar, llamó y paró el operativo.
A partir de esa situación, la Cámara Federal porteña, tribunal superior de Oyarbide, inició un sumario interno. En ese sumario, según informaron fuentes judiciales a Infobae, Oyarbide admitió que paró el allanamiento luego de haber recibido un llamado de Carlos Liuzzi, hombre de extrema confianza del secretario Legal y técnico de la Presidencia de la Nación Carlos Zannini. Lo hizo por escrito ante un pedido realizado por el presidente de la Cámara Federal Martín Irurzun, quien conduce el sumario administrativo que se realizó para determinar cómo fue lo sucedido.
