La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó al gobierno de Panamá a “garantizar la integridad física y la seguridad” de los indígenas de la etnia Ngöbe-Buglé que llevan más de una semana protestando contra concesiones mineras en sus territorios.
El organismo informó en un comunicado divulgado esta tarde que ayer lunes dirigió al gobierno panameño una “solicitud de información” sobre los reportes de los enfrentamientos entre policías e indígenas que el domingo causaron la muerte de un dirigente de la protesta y heridas a una cantidad no precisada de manifestantes y efectivos.
“La CIDH recuerda al Estado su obligación de esclarecer judicialmente estos hechos de violencia y reparar sus consecuencias”, dice el comunicado reseñado por la agencia de noticias DPA.
La Comisión llamó al gobierno del presidente Ricardo Martinelli a “adoptar las medidas necesarias para garantizar el acceso a servicios de salud a todos los heridos”, así como a “respetar el derecho a la integridad personal y a las garantías judiciales” de los detenidos por las protestas.
A la par, la CIDH “recordó” a Panamá que “es necesario adoptar mecanismos para evitar el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes públicos en marchas y manifestaciones de protesta” y le hizo un “llamado urgente” a adoptar “todas las medidas necesarias para la debida protección de los manifestantes dentro del marco de respeto de los estándares interamericanos de derechos humanos”.
El domingo, el dirigente indígena Jerónimo Montezuma murió baleado cuando efectivos de la Policía Nacional desalojaron por la fuerza la ruta Interamericana, en la provincia Chiriquí -limítrofe con Costa Rica-, bloqueada desde el lunes anterior por aborígenes Ngöbe-Buglé.
Por el bloqueo de esa ruta habían quedado varados durante varios días cientos de turistas extranjeros, principalmente argentinos, canadienses, costarricenses y nicaragüenses, lo que había generado el reclamo de varios gobiernos.
El director de la Policía Nacional, Gustavo Pérez, negó responsabilidad de sus efectivos en la muerte de Montezuma y la atribuyó a la acción de “sicarios”.
En tanto, el ministro de Seguridad, José Mulino, justificó la represión porque “la obligación del gobierno es mantener el orden público” y “gobernar es decidir”, y añadió que “esta pobre gente”, por los indígenas, “son víctimas de una manipulación tremenda”.
Ante las diversas expresiones de reacción contra la actitud del gobierno y la multiplicación de manifestaciones de solidaridad con los Ngöbe-Buglé de parte de otras comunidades aborígenes y de organizaciones sindicales, el gobierno llamó ayer al diálogo para “avenir a las partes”.
