Al cumplirse el viernes 31 de enero cinco años de la desaparición del joven Luciano Arruga, la Secretaría de Derechos Humanos de La Nación emitió un comunicado en donde calificó de “lamentable” el hecho y se puso a disposición de los familiares en la búsqueda de la verdad.
Por: Susana Jara
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Martín Fresneda, quien preside la Secretaría expresó que “mientras no aparezca Luciano Arruga hay una causa y una deuda moral pendiente” por lo tanto, “es fundamental que el Estado nacional, el provincial y el municipal reafirmen esa responsabilidad desde sus tres niveles ejecutivo, legislativo y judicial”, ya que el caso es “paradigmático” y aseguró que “encierra prácticas reiteradas de abuso policial sobre un sector de la población”.
En este sentido, a nivel local anunció que desde la Secretaría de Derechos Humanos, desde la cual se han recibido las demandas de familiares y amigos de Luciano Arruga, se han mantenido reuniones con las autoridades del área de derechos humanos del municipio de La Matanza y de la Provincia de Buenos Aires, a fin de resolver dichos pedidos.
“No se hallaron pruebas”
Recientemente el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) comenzó con el trabajo de excavación en los terrenos del destacamento a fin de hallar pruebas que verifiquen las denuncias de los familiares. Las mismas fueron observadas por la Secretaría de Derechos Humanos. El resultado de estas acciones “ya han finalizado” y en consecuencia “se han encontrado rastros del joven” indicó Fresneda.
En relación a la demanda sobre el avance de la causa judicial, Fresneda denunció que “evidentemente ha existido la connivencia de algún nivel de funcionario público en este episodio” ya que la “justicia federal arrogó la competencia para investigar este tipo de delito” y resaltó que “durante cuatro años mantuvo la carátula de la causa como averiguación de paradero y no como desaparición forzada de persona”.
El pedido de los familiares
Es de resaltar, que el comunicado se realizó en medio del pedido de atención por parte de Vanesa Orieta, hermana de Luciano, quien en declaraciones anteriores a este medio esgrimió que “hace cinco años que venimos denunciando la impunidad, la falta de investigación.”
Asimismo, denunció que el gobierno provincial “tardó 3 años y 8 meses en recibirnos para no volver a verlo más ni ver el cumplimiento de ninguno de los puntos a los que se comprometió.”
Por otro lado, es de recordar que el pasado sábado, los familiares realizaron una jornada cultural en la localidad de Lomas del Mirador, con motivo de cumplirse los cinco años de su desaparición y el pedido de justicia y esclarecimiento de la causa ante de las autoridades
El destacamento
En referencia al destacamento policial sito en la localidad de Lomas del Mirador, donde el adolescente fue visto por última vez, manifestó que el lugar tiene por objetivo “constituirse en un espacio que marque cuáles son los deberes que no podemos olvidar nunca y las obligaciones que tenemos para prevenir estos casos” y que será “gestionado por organismos de derechos humanos de la zona, familiares y amigos del joven”.
Es de recordar, que dicho lugar se convirtió en un espacio de memoria a partir de la cesión en comodato por parte del Municipio de La Matanza a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), luego de dos meses de acampe en las inmediaciones por parte de los familiares de Luciano. Sí bien, los familiares obtuvieron el comodato del lugar realizarán acciones en la legislatura provincial para que el mismo sea expropiado.
“El logro que alcanzamos con la vigilia es inédito, no existen Espacios para la Memoria en ex Destacamentos por desapariciones en Democracia, tampoco existen sitios para la Memoria que sean independientes del gobierno” declararon desde la organización de familiares y amigos.
Con respecto a ello, los familiares exigieron que “ahora que la Justicia reconoce que hay un delito detrás de este caso, le exigimos que enjuicie y castigue a todos los responsables (políticos, materiales, intelectuales, cómplices y encubridores).
Para concluir, desde la Secretaría de Derechos Humanos se comprometieron a “seguir trabajando para que estas prácticas sean erradicadas definitivamente”, además proyectó “generar ámbitos de formación de policías con una perspectiva democrática” para de esta forma “continuar acompañando”.
Por otro lado, Fresneda puso a disposición de la familia “los recursos del Estado nacional que sean útiles y necesarios para que el caso se esclarezca”.
El caso
Luciano Arruga tenía 16 años cuando desapareció de su casa el 31 de enero de 2009. Según sus familiares “fue secuestrado y desaparecido por la Policía Bonaerense después de pasar meses de tormentos, detenciones sistemáticas e ilegales y torturas en distintas comisarías”.
La causa
Hay nueve policías que se encuentran separados de sus cargos, pero aún siguen cobrando sus sueldos y no están imputados, ni procesados, según informaron los familiares.
