Amnistía Internacional alertó sobre el debilitamiento sistemático de las políticas públicas de salud sexual y reproductiva en Argentina. La interrupción del suministro de insumos, la desinformación y la falta de respuesta estatal profundizan las desigualdades en el acceso al aborto legal.
Por Florencia Belén Mogno.
El derecho al aborto legal en Argentina, consagrado por ley desde fines de 2020, representó una conquista histórica para los movimientos feministas y una ampliación sustancial del acceso a la salud pública.
Sin embargo, a casi cinco años de su sanción, ese derecho enfrenta nuevos obstáculos que comprometen su cumplimiento efectivo y de esa manera exponen desigualdades estructurales en todo el país.
Durante los últimos meses, se intensificaron las denuncias por barreras en el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo. Estas dificultades no solo evidenciaron una falta de respuestas institucionales, sino también una creciente desconexión entre la normativa vigente y su aplicación concreta en hospitales, centros de salud y dispositivos estatales.
En este marco, Diario NCO accedió al informe presentado por Amnistía Internacional Argentina titulado “También es por vos: Defender el acceso al aborto ante el retroceso de políticas públicas”, en el que advirtió sobre una regresión alarmante en el acceso al aborto legal en el país y alertó sobre el impacto de las políticas estatales en curso, que desfinancian áreas claves bajo el argumento de una supuesta “eficiencia” en el gasto.
Especificaciones de la investigación
Entre los datos más graves que se desprendieron del relevamiento, se registró un aumento del 275 por ciento en las consultas, denuncias y solicitudes de acompañamiento por dificultades en el acceso al aborto. La cifra fue relevada a través del formulario de atención y denuncias habilitado por Amnistía Internacional.
En este contexto, desde la organización señalaron que la situación no se trata solamente de un ajuste presupuestario, sino de una erosión interna del rol del Estado como garante de derechos.
“Lo que estamos viendo es un retroceso deliberado en políticas públicas que costaron años de lucha. No se trata solo de recortes: se está erosionando al Estado desde adentro, debilitando su capacidad para garantizar derechos, especialmente en salud sexual y reproductiva”, afirmó el informe.
A su vez, este reporte advirtió que esta regresión no es un fenómeno aislado, sino parte de una tendencia global que busca reinstalar “modelos regresivos en relación con la autonomía de las mujeres”.
Implicancias del estudio
Desde Amnistía Internacional indicaron que una de las manifestaciones más directas de este retroceso es la interrupción total de la compra y distribución nacional de insumos esenciales como misoprostol, métodos anticonceptivos y test de embarazo.
Según datos oficiales, “la entrega de estos materiales cayó un 81 por ciento respecto al año anterior. Esta situación repercutió de manera inmediata en las provincias y afectó directamente el funcionamiento de los centros de salud públicos, en especial en zonas con menor infraestructura o población rural”.
El organismo remarcó que la provisión nacional de estos insumos no es opcional, sino una obligación legal e indelegable del Estado argentino. A pesar de que las provincias deben garantizar la atención, el Estado nacional tiene la responsabilidad de establecer un piso mínimo de equidad para asegurar el ejercicio efectivo del derecho a la salud sexual y reproductiva en todo el territorio.
Otro de los datos que reveló el informe fue la falta de acceso a información clara y actualizada y así, un 33,67 por ciento de las personas que se contactaron con la organización manifestaron no saber cómo ni dónde acceder al aborto legal.
Además, un 80 por ciento declaró no haber utilizado o no haber recibido respuesta de la línea nacional 0800 del Ministerio de Salud. Este canal, creado para garantizar el acceso a información sobre derechos sexuales y reproductivos, es en muchas provincias la única vía oficial disponible, lo cual agrava la situación de quienes viven en contextos de mayor aislamiento o precariedad.
Análisis de situación
Pese al contexto adverso, el informe también destacó que la reacción de las redes de acompañamiento y del activismo feminista resulta clave para sostener el acceso al aborto en situaciones críticas.
La solidaridad entre personas gestantes, profesionales de la salud, militantes y referentes territoriales permitió evitar consecuencias aún más graves, como demoras peligrosas en los procedimientos o abortos inseguros.
A modo de balance, el documento recordó que entre 2021 y octubre de 2023, más de 245 mil personas accedieron a abortos seguros en el sistema público de salud, lo que impactó de forma positiva en la reducción de muertes por aborto clandestino. Sin embargo, alertó que los retrocesos actuales pueden poner en riesgo ese logro colectivo.
Por ello, Amnistía Internacional exhortó al Estado argentino a garantizar presupuesto suficiente y sostenido para la provisión y distribución equitativa de insumos esenciales, así como a implementar campañas públicas de información y reforzar el funcionamiento de la línea nacional de salud sexual.
En ese sentido y para concluir, el organismo también instó al gobierno a capacitar de forma continua al personal sanitario, erradicar prácticas coercitivas y rendir cuentas con datos actualizados sobre la aplicación efectiva de la Ley 27.610.
Fuente fotografías: Amnistía Internacional.
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