La Comisión Provincial por la Memoria presentó un informe que alerta sobre un incremento dramático en la represión a la protesta social durante 2025. El relevamiento detalló que hubo más personas heridas y detenidas que en todo el año pasado.
Por Florencia Belén Mogno
El uso de las fuerzas de seguridad como herramienta de control político y disciplinamiento social se consolidó en el primer semestre de 2025 como uno de los pilares de la gestión nacional.
Lejos de ser hechos aislados, los operativos represivos se desplegaron de forma sistemática ante manifestaciones pacíficas, con el objetivo de desalentar la participación ciudadana y sembrar el miedo entre los sectores populares.
Esta tendencia preocupante no solo expone la fragilidad de las garantías democráticas, sino que también vulnera de forma directa los derechos de quienes protestan contra políticas de ajuste.
En ese contexto y de acuerdo con la información a la que tuvo la oportunidad de acceder Diario NCO, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó su informe semestral sobre la Represión a la Protesta Social en la Sede Nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).
Detalles del estudio
Uno de los puntos más contundentes lo señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional: “En la Argentina quieren privatizar todo pero estatizaron el miedo. Si algo hizo el Gobierno Nacional desde que asumió es reprimirnos a los trabajadores y a los jubilados. El informe es elocuente. Podemos dar fe porque los trabajadores y los sectores populares lo estamos sintiendo en carne propia”.
Asimismo, también formaron parte Sandra Raggio, directora general de áreas; y Juan Irrazábal, presidente del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Todas estas figuras destacaron la necesidad de frenar la escalada represiva y recuperar la vigencia de los derechos constitucionales.
Durante la presentación también se señaló la necesidad de seguir con la visibilización de estos hechos para fortalecer la lucha social: “Es muy importante la difusión pública de este informe y nos tiene que servir para reafirmar nuestra lucha y a un Gobierno que utiliza a las fuerzas de seguridad para intentar acallar a quienes se deciden enfrentar las políticas de ajuste y saqueo, le tenemos que responder con institucionalidad”.
Compromiso por los derechos
No obstante, cabe mencionar que en el acto de presentación del informe participaron también Adolfo Pérez Esquivel, presidente de la CPM; Víctor De Gennaro, vicepresidente del organismo; Roberto Cipriano García, secretario ejecutivo.
Asimismo, también formaron parte Sandra Raggio, directora general de áreas; y Juan Irrazábal, presidente del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Todas estas figuras destacaron la necesidad de frenar la escalada represiva y recuperar la vigencia de los derechos constitucionales.
El informe presentado por la CPM arrojó cifras alarmantes 6 advirtió que “más de la mitad de las protestas relevadas en lo que va de 2025 (21 de 39) fueron reprimidas. Además, en apenas seis meses se registraron 1.251 personas heridas y 130 detenciones, lo que superó ampliamente las cifras de todo 2024”.
En consonancia con lo expuesto previamente, el reporte advirtió que “esta violencia institucional no fue azarosa: el documento denunció que su finalidad principal no fue evitar cortes, sino ejercer un control autoritario del espacio público e infundir temor entre quienes se manifiestan”.
Advertencias y reclamo
En línea con lo planteado, el reporte expuso que, entre los datos más preocupantes se destacó que en “varios operativos las fuerzas de seguridad superaron ampliamente en número a los manifestantes, actuando hasta cinco cuerpos distintos de forma simultánea”.
En ese marco, el documento facilitado a este medio agregó y remarcó que “se produjeron incidentes que incluyeron el ataque a 179 periodistas, 132 adultos mayores, tres niñas y un adolescente de 16 años”.
Uno de los casos más graves fue el del fotorreportero Pablo Grillo, quien permaneció 83 días internado en terapia intensiva luego de recibir un proyectil policial en la cabeza. Su situación se convirtió en símbolo del costo humano que implica hoy el ejercicio del derecho a informar y a participar de manifestaciones sociales en la Argentina.
El informe concluyó que la represión estatal no responde a criterios de legalidad ni proporcionalidad, y que el accionar policial lejos está de resguardar la paz social. Por el contrario, busca disciplinar a los sectores que se resisten a las políticas de ajuste. Frente a este escenario, la Comisión Provincial por la Memoria llamó a continuar denunciando, organizando y ejerciendo todos los derechos consagrados por la Constitución.
Fuente fotografías: CPM.
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