Tras largas jornadas de movilizaciones, el Estado revisará la situación particular de cada beneficiario de programas sociales, incluso los que son gestionados por municipios.
Por Leandro Bravo
La auditoría debió comenzar el 15 de agosto,pero recién el miércoles pasado comenzó la capacitación de los futuros encuestadores quedeberían estar acompañados de funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social y dirigentes sociales.La tarea finalizaría durante las próximas PASO que definirán a los candidatos para la elección presidencial.
Hay que recordar que el 20 de junio, en un plenario de la CTA Autónoma, la vicepresidenta de la Nación exigió una “auditoría” por parte del Estado sobre los planes que el gobierno nacional había “tercerizado en favor de organizaciones sociales como el Movimiento Evita”.
El 3 de julio, junto al anuncio de cambios en el gabinete tras la salida de Martín Guzmán del Palacio de Hacienda, Alberto Fernández, en línea con lo solicitado por la ex mandataria, anunció una auditoría sobre el programa Potenciar Trabajo.
El 3 de agosto, a minutos de jurar como ministro de Economía, Sergio Massa continuo en esa línea: Juan Zabaleta, el ministro de Desarrollo Social, quien ejecuta la gestión del “Potenciar Trabajo”, firmó convenios con las Universidades Nacionales para que los estudiantes realicen la tarea a partir del 15 de agosto.
La controversia y la desconfianza que generó el anuncio y la forma en que se resolvió (después de la demanda de Fernández de Kirchner) generó que se postergue la fecha. Los gremios universitarios, además, repudiaron la participación de las universidades para “auditar a beneficiarios de planes sociales” y se ofrecieron para auditar los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional.
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