El Consejo Directivo del CALM presentó un Informe de Gestión donde detalló las fallas estructurales que paralizan las notificaciones, y afectan el trabajo de los profesionales.
Por Florencia Belén Mogno
Las dilaciones en la tramitación de las diligencias y en el diligenciamiento de las cédulas constituyen uno de los puntos más críticos en el desarrollo de los procesos judiciales a nivel local. La acumulación de demoras en la entrega de la documentación requerida para avanzar en las causas genera una parálisis que afecta directamente el desarrollo de cada uno de los expedientes en curso.
Esta situación de parálisis operativa repercute de manera directa en el ejercicio cotidiano de los profesionales del derecho, quienes ven imposibilitada la prosecución regular de sus tareas y la resolución de las causas interpuestas. Asimismo, el frenado de los plazos atenta contra la garantía de la ciudadanía de obtener una respuesta oportuna frente a sus reclamos legales.
La falta de respuestas ante el deterioro progresivo de las dependencias encargadas de ejecutar estos actos obligó a realizar un relevamiento institucional sobre la continuidad de las fallas acumuladas. El análisis de las condiciones operativas se transformó en una prioridad ante la necesidad de transparentar el estado real de la tramitación de notificaciones.
Frente a este escenario, el Colegio de Abogados de La Matanza puso en conocimiento de la comunidad jurídica y de la sociedad la situación crítica que atraviesa la Oficina de Mandamientos y Notificaciones del Departamento Judicial La Matanza. La presentación se realizó a través de un Informe de Gestión impulsado por el Consejo Directivo de la institución.
Las deficiencias en el servicio y sus consecuencias procesales
El centro de la problemática radica en la existencia de deficiencias estructurales graves que impiden el normal funcionamiento del servicio de mandamientos y notificaciones. Estas fallas en la infraestructura y en la capacidad de respuesta de la oficina afectaron de manera directa la regularidad con la que deben expedirse los trámites procesales.
Las consecuencias de estas deficiencias se manifestaron en dos dimensiones clave del sistema legal. Por un lado, perjudicaron de forma directa el ejercicio profesional de los abogados matriculados en la jurisdicción. Por el otro, el deterioro del servicio vulneró el acceso efectivo a la justicia para la sociedad en su conjunto.
La persistencia de estos inconvenientes acumulados a lo largo del tiempo llevó a que la situación de la dependencia departamental adquiera un carácter crítico, requiriendo un abordaje institucional que dejara constancia del impacto sufrido por las partes intervinientes en los expedientes.
La respuesta institucional frente a la crisis
Ante la gravedad del panorama, el Consejo Directivo del Colegio de Abogados de La Matanza utilizó el Informe de Gestión para exponer detalladamente el conjunto de las fallas acumuladas en la dependencia judicial. El documento funcionó como un canal formal para visibilizar la magnitud de los problemas que afectan la labor diaria en los tribunales.
Además de detallar las falencias del servicio, el órgano de conducción del CALM dio a conocer el conjunto de las acciones institucionales que fueron impulsadas durante estos años para reclamar soluciones concretas a las autoridades correspondientes.
El reporte permitió consolidar el registro de las gestiones elevadas con el objetivo de exigir la normalización de la Oficina de Mandamientos y Notificaciones, marcando la postura de la representación gremial de los abogados ante el deterioro de las condiciones de trabajo y de atención al público.
El compromiso con el ejercicio profesional y la sociedad
Las acciones emprendidas y documentadas en el informe por la conducción del Colegio de Abogados de La Matanza ratificaron el compromiso permanente de la entidad con la defensa del ejercicio profesional de sus matriculados, buscando garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo de la labor jurídica.
De forma complementaria, el posicionamiento adoptado por la institución reafirmó la premisa de resguardar el acceso efectivo a la justicia para toda la comunidad de La Matanza. La entidad sostuvo que la parálisis de los servicios de notificación afecta los derechos fundamentales de los ciudadanos que acuden al sistema judicial.
El informe presentado por el Consejo Directivo del CALM resumió una etapa de reclamos y relevamientos orientados a revertir el estado crítico de la dependencia, manteniendo la exigencia de respuestas operativas que permitan restablecer el funcionamiento normal de las notificaciones en el departamento judicial.
Fuente fotografías: redes sociales.
