Julieta Caggiano, socióloga e integrante del Observatorio de Tierras de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA cuestionó el proyecto que busca derogar la Ley de Tierras y advirtió sobre sus posibles consecuencias para la soberanía y el control de los recursos estratégicos. En diálogo con No Te Duermas, por Pulenta Stream, explicó además el mapa de extranjerización elaborado a partir de datos oficiales.
La posible derogación de la Ley de Tierras volvió a poner en debate el proceso de extranjerización del territorio argentino y el control de los recursos naturales. En ese marco, Florencia Caggiano, socióloga e integrante del Observatorio de Tierras de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, sostuvo que la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional representa “una entrega de soberanía” y alertó sobre
sus consecuencias.
En diálogo con No Te Duermas, programa de Pulenta Stream, Caggiano explicó que desde el grupo de investigadores dedicado al acceso a la tierra decidieron intervenir en el debate público a partir de información oficial. Como resultado, elaboraron un mapa de extranjerización de la tierra, con el objetivo de identificar las zonas donde se concentran los principales intereses sobre el territorio.
“Nos parece que verlo de esa manera quizás nos permite entrar en la discusión con otros argumentos que a veces faltan en el debate público”, señaló. Y agregó: “Consideramos que esta ley, si además la pensamos dentro del ecosistema de leyes que propone el Gobierno, significa una entrega de nuestros recursos y una entrega de soberanía sin pedir nada a
cambio”.
El corazón del proyecto: derogar la Ley de Tierras
Caggiano recordó que el intento de modificar la legislación sobre tierras comenzó prácticamente con el inicio de la gestión de Javier Milei. Según explicó, la derogación de la normativa había sido incluida en el DNU 70/2023, aunque esa parte de la iniciativa fue posteriormente frenada por la Justicia.
“Esta ley de tierras la quieren derogar desde el inicio del gobierno de Milei”, afirmó. En ese sentido, remarcó que el proyecto atravesó numerosas modificaciones durante su tratamiento legislativo, pero que existe un aspecto que permanece: “Lo que no cambia es el corazón de la ley, que es la derogación de la Ley de Tierras”.
La socióloga también cuestionó las modificaciones que se fueron planteando durante la discusión parlamentaria. Entre ellas, mencionó la posibilidad de elevar el límite de extranjerización del 15% al 25%, pero modificando la escala de aplicación: en lugar de establecer límites por departamento, hacerlo a nivel provincial.
Para Caggiano, esa modificación puede ocultar situaciones de fuerte concentración territorial. “Tenés una provincia y quizás los recursos estratégicos están concentrados en un departamento. Si hoy les sacás los topes a esos departamentos, podés tener una zona totalmente extranjerizada y dejar las zonas más desérticas o menos valiosas sin extranjerización. Y eso, en el promedio provincial, te da igual”, explicó.
“El fenómeno se comprende en la escala local”
Uno de los principales argumentos planteados por la investigadora apunta a observar la extranjerización más allá de los promedios provinciales o nacionales. Según explicó, es necesario analizar la situación a escala departamental y municipal para comprender dónde se concentra realmente la propiedad extranjera.
“Es en esa escala local donde este fenómeno se comprende”, sostuvo. Caggiano recordó que, de acuerdo con los relevamientos realizados, en 2015 había 49 departamentos que excedían los límites establecidos por la Ley de Tierras, mientras que actualmente serían 36.
Sin embargo, aclaró que esa reducción no significa que haya ocurrido un proceso de nacionalización de tierras.
En ese punto, señaló que el Decreto 820 de 2016 modificó la metodología utilizada para medir los niveles de extranjerización. “Claramente hay intereses detrás de esto que quieren hacerse con esa tierra más valiosa”, afirmó.
Entre las zonas que considera estratégicas mencionó aquellas ubicadas a la vera del río Paraná, en áreas de grandes acuíferos, sobre la cordillera, en zonas de frontera y con salida al mar. “La extranjerización no es solamente comprar un pedazo de tierra, sino también tener el control de esos recursos”, advirtió.
Patagonia, pero también el norte y la región pampeana La investigadora también cuestionó la idea de que el problema de la extranjerización se
concentre exclusivamente en la Patagonia. “Las provincias más extranjerizadas son Salta y Misiones, que están en el norte”, destacó.
Según explicó, la Patagonia adquiere una relevancia particular por la disponibilidad de agua y por el interés que despierta para determinadas actividades vinculadas con las nuevas economías digitales y tecnológicas. Sin embargo, remarcó que el proceso atraviesa todo el territorio argentino.
Caggiano puso como ejemplo la zona núcleo de la Pampa Húmeda, región a la que pertenece Junín, de donde es oriunda. Allí, explicó, los niveles de extranjerización pueden encontrarse por debajo del promedio nacional, pero se trata de un territorio estratégico debido a la calidad de sus suelos. “Estamos hablando de una de las tierras más fértiles del mundo”, señaló, y remarcó que se trata de “un recurso escaso y finito” que “no se puede fabricar a nivel global”.
Hacia el final de la entrevista, Caggiano vinculó la discusión sobre la propiedad de la tierra con el modelo productivo y el destino de los recursos generados en el país. La preocupación, según planteó, no se limita a quién es propietario de una determinada superficie, sino a qué sucede con la producción, los recursos naturales y los beneficios económicos derivados de ellos.
“¿Cuál es la ganancia para la Nación y para la gente que vivimos en Argentina?”, planteó.
En ese sentido, vinculó la discusión sobre la Ley de Tierras con otras iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional, como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), las modificaciones a la legislación societaria y la reforma laboral.
Para Caggiano, todas estas medidas deben analizarse como parte de un mismo plan de gobierno. “Es un esquema de saqueo integral”, concluyó.
Fuente fotografías: redes sociales.
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