Antonia Barragán, trabajadora del gobierno catalán, explicó cómo la articulación entre niveles estatales permite acompañar integralmente a los adultos mayores con programas gratuitos, contención social y acceso universal a la salud.
En España, el envejecimiento poblacional no es sólo una estadística, sino una realidad que se enfrenta con políticas públicas activas. Desde el ámbito de la salud hasta lo social, la prioridad por el bienestar de los adultos mayores se sostiene con programas concretos y una estructura estatal articulada. En diálogo con Diario NCO, Antonia Barragán, trabajadora del gobierno catalán y especialista en políticas sociales, explicó cómo funciona este entramado institucional.
Barragán relató: “Desde la salud, aplicamos algo que se llama receta social. Si una persona mayor va a su médico de cabecera y se encuentra en una mala temporada, con depresión o soledad, se le deriva a actividades recreativas o deportivas. Incluso a talleres de memoria”. Estas iniciativas no sólo buscan tratar lo físico, sino también promover el bienestar emocional y mental.
La entrevistada añadió que “existen sistemas de seguridad como la telealarma, un dispositivo colgado al cuello, conectado al teléfono, que permite a las personas mayores pedir ayuda médica ante una caída o emergencia. Es gratuito a partir de los 80 años”. Este enfoque integral es posible gracias a la coordinación entre distintos niveles de gobierno: la Generalitat de Catalunya (autoridad autonómica), la Diputación de Barcelona y los ayuntamientos municipales.
Barragán reveló: “En Barcelona trabajamos en red, desde lo sanitario hasta el edadtismo, la vivienda o el acceso a la medicación. Todo se discute en mesas comunes para tomar decisiones unánimes. Esta articulación permite que más del 90 por ciento de los programas para personas mayores sean gratuitos, desde gimnasia hasta alfabetización, pasando por teatro, poesía y baile”.
Un sistema previsional sostenido por voluntad política y migración legal
En cuanto al sistema jubilatorio español, Barragán señaló que “el Estado garantiza su estabilidad mediante aportes fiscales directos. Las pensiones están garantizadas por la Constitución. El gobierno destina fondos para asegurar el futuro de los jubilados”. A pesar del envejecimiento de la población, el sistema no está colapsado.
“El equilibrio lo da la inmigración legal. Los inmigrantes que trabajan legalmente en España aportan al sistema y ayudan a sostenerlo, en un contexto de baja natalidad y envejecimiento. Hay menos nacimientos, pero también más personas que ingresan al sistema previsional por vías legales. Eso permite que las cuentas cierren”, detalló la funcionaria.
Barragán también destacó que el Estado impulsa medidas para enfrentar los desafíos que afectan el presente y futuro del sistema. La entrevistada sostuvo: “En Sant Boi, por ejemplo, se están construyendo 150 viviendas de alquiler para jóvenes. El objetivo es que puedan independizarse antes y formar familias”. De esta manera, el gobierno busca mejorar el acceso a la vivienda y promover la natalidad como parte de una política demográfica más amplia.
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