El distrito registró 15 femicidios en 2025, lo que representó el 19,2 por ciento del total provincial, la cifra más alta desde la creación del movimiento Ni Una Menos.
Por Florencia Belén Mogno
En la provincia de Buenos Aires, la violencia por motivos de género continuó mostrando una distribución desigual entre los distintos municipios, con algunos distritos que concentraron una proporción significativa de los casos. En ese escenario, La Matanza volvió a ubicarse en el centro de la estadística, evidenciando una problemática sostenida en el tiempo que combina factores sociales, institucionales y territoriales.
El análisis de los registros también permitió observar que la violencia femicida no se presenta de manera aislada, sino en un entramado donde inciden variables como el acceso a la justicia, la disponibilidad de recursos de asistencia y la presencia de dispositivos de prevención. En muchos casos, las trayectorias de las víctimas estuvieron atravesadas por situaciones previas de vulnerabilidad que no lograron ser abordadas a tiempo.
A su vez, los datos acumulados en la última década muestran que la problemática mantiene una continuidad que excede los períodos de gestión y se inscribe como un desafío estructural para las políticas públicas de género en la provincia, especialmente en los distritos con mayor densidad poblacional.
Un distrito que concentra la mayor cantidad de casos
Según el relevamiento provincial, de los 78 femicidios registrados en Buenos Aires durante 2025, 15 ocurrieron en La Matanza, lo que representó el 19,2% del total. El distrito encabezó así la lista de municipios con mayor cantidad de casos, seguido por Lomas de Zamora, Morón y San Martín, entre otros.
En el mismo informe se indicó que, desde la primera movilización del movimiento Ni Una Menos hasta la actualidad, se registraron 95 femicidios en La Matanza, lo que equivale al 9,4% del total provincial acumulado en ese período.
Otro dato relevante del análisis señaló que entre 2015 y 2024 el 89% de las víctimas del distrito conocía a su agresor, mientras que solo el 7% había realizado una denuncia penal previa, lo que expone las dificultades de acceso temprano a mecanismos de protección.
Recursos limitados y baja ejecución presupuestaria
En paralelo a las cifras de violencia, el informe también puso en discusión la disponibilidad de recursos institucionales destinados a la prevención y atención de casos. En La Matanza funcionan apenas seis comisarías de la mujer para una población de más de 953 mil mujeres, lo que equivale a 0,63 dependencias cada 100 mil habitantes femeninas.
A este panorama se sumó la información vinculada a la ejecución presupuestaria en políticas de género durante 2025. Según los datos analizados, el municipio ejecutó el 17,9% del presupuesto asignado al área, lo que implicó una utilización significativamente inferior a lo previsto originalmente.
Dentro de ese presupuesto, uno de los puntos más críticos fue el correspondiente al Refugio para Mujeres en Situación de Violencia por Razones de Género, que habría recibido una ejecución mínima respecto de los fondos asignados inicialmente, según surge de los registros oficiales.
La urgencia por la toma de medidas
El conjunto de indicadores volvió a evidenciar la necesidad de fortalecer las políticas de prevención, ampliar la capacidad de respuesta institucional y mejorar el acceso a dispositivos de asistencia en situaciones de violencia de género, en un contexto donde los datos siguen mostrando una alta concentración de casos en el distrito.
En ese marco, la concentración de femicidios en La Matanza no puede leerse únicamente como una estadística aislada, sino como la expresión de una trama más amplia de desigualdades territoriales, sociales y de género.
Al mismo tiempo, los datos sobre denuncias previas y conocimiento del agresor refuerzan un problema estructural que atraviesa a todo el sistema de abordaje de la violencia de género: la dificultad para detectar a tiempo las situaciones de riesgo y sostener redes de acompañamiento efectivas.
En ese contexto, la disponibilidad de recursos, la ejecución presupuestaria y la presencia territorial de políticas específicas aparecen como factores decisivos para revertir una tendencia que, por ahora, sigue mostrando indicadores críticos.
Fuente fotografías: redes sociales.
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